La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha declarado esta mañana como investigada ante los agentes de la Policía Nacional que indagan una presunta trama de desvío de subvenciones públicas al Consell Esportiu de la población. Marín también es presidenta de la Comisión Ejecutiva del PSC, con Miquel Iceta como primer secretario.

Según han informado fuentes cercanas al caso, Marín había sido citada a declarar esta mañana en la comisaría de La Verneda de Barcelona, donde ha sido interrogada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y ha quedado posteriormente en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando se le requiera.

La declaración de la alcaldesa socialista se enmarca en la causa que dirige el titular del juzgado de instrucción número 2 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, contra una trama de supuesto desvío de subvenciones públicas.

En esta causa, han sido detenidas en los últimos meses trece personas, entre ellas dos concejales de L'Hospitalet y el secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, a las que también se atribuye el delito de pertenencia a organización criminal.

En el caso de Figueras, al frente de la Secretaría General del Deportes de la Generalitat desde febrero de 2016, la UDEF investiga si ignoró la supuesta doble realidad contable del Consell Esportiu de L'Hospitalet y concedió subvenciones sin el control administrativo exigido por la ley, en connivencia con el teniente de alcalde del ayuntamiento y presidente de esta entidad deportiva, el socialista Cristóbal Plaza.

Los investigadores tratan de aclarar si el Consell Esportiu de L'Hospitalet -entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar que preside el concejal de Deportes de este municipio, Cristóbal Plaza- destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona, y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación mendaz.

Según las fuentes, los miembros de la trama supuestamente ocultaron 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu -donde el ayuntamiento tiene a cinco representantes- en sus cuentas de 2019, al presentar una presunta doble realidad contable con 900.000 euros.

Al validar supuestamente sin control la realidad contable de estos 900.000 euros en la asamblea, la UDEF sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L'Hospitalet.

En el marco de esta investigación, la UDEF ha requerido documentación en las últimas semanas a organismos públicos como la Diputación de Barcelona, según las fuentes.