Una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo han suscrito un manifiesto en el que reclaman a los poderes públicos que "velen para que nadie pueda blanquear, negar o distorsionar" la experiencia "traumática" que el terrorismo les obligó a padecer y que sufrió el conjunto del país. En el documento se apela a las instituciones a que defiendan "la memoria" de las víctimas y en especial ante quienes "todavía hoy justifican, relativizan o callan ante décadas de padecimiento terrorista".

El documento, hecho público con motivo de la conmemoración hoy del Día de los Derechos Humanos, insta a que se destine por parte de la Administración del Estado "todos los recursos y medios necesarios" para el esclarecimiento de todos aquellos actos terroristas que continúan sin tener responsables determinados, "persiguiendo el reconocimiento de la culpa y la no prescripción de las acciones penales". Estas asociaciones de víctimas piden además que se les traslade tranquilidad "asegurando el cumplimiento de las condenas en curso, sin atisbo de atajos o puertas de atrás".

También se reclama que se ponga fin a los actos de bienvenida a los presos de ETA a su salida de prisión. Se señala que los poderes públicos deberían evitar la "anomalía democrática y la humillación" que representa para las víctimas "la celebración continuada de homenajes a los presos terroristas" y la exaltación de su "pasado delictivo". Consideran que este tipo de 'ongi etorri' trasladan a los jóvenes "la idea de que matar, herir o perseguir a nuestros familiares estuvo bien y fue necesario". Por ello, urgen a trabajar por el triunfo de la "democracia constitucional española, evitando el olvido y la falta de conocimiento de las nuevas generaciones".

Por "interés partidista"

Entre las 23 asociaciones que han suscrito el manifiesto figuran la AVT, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M y diversas asociaciones autonómicas. Entre ellas no se encuentran otras entidades relevantes como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE). Las organizaciones reclaman, desde "nuestras legítimas diferencias" una petición conjunta de defensa de una "memoria ligada al derecho a la Justicia, no sólo penal, también social y política". Una memoria que consideran que es un pilar básico que no debe ser "minusvalorado, olvidado o tergiversado por intereses partidistas ni cortoplacistas".

Las reclamaciones de estas asociaciones de víctimas llegan después de que muchas de ellas hubieran manifestado un profundo malestar por la actitud del Gobierno. Asociaciones como la AVT han sido muy críticas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su política penitenciaria con los presos de ETA. El acercamiento de los reclusos a cárceles próximas al País Vasco, en muchos casos de presos que cumplen condena por delito de sangre, ha suscitado un hondo malestar en muchas víctimas. Algunas de ellas no descartan incluso movilizarse en señal de protesta.

Diferencias con el Gobierno que también se han manifestado por su relación con la izquierda abertzale. El apoyo de la coalición EH Bildu en leyes relevantes como la de presupuestos intensificó las acusaciones de blanqueamiento por parte de muchas entidades de víctimas que consideran una humillación la colaboración con la coalición que lidera Arnaldo Otegi sin que se haya producido una condena de ETA.