El montaje de campamentos provisionales en varias ciudades canarias para acoger a los migrantes llegados en pateras en los últimos meses y la instalación de módulos prefabricados en otros espacios de las islas para acoger a personas en situación vulnerable tendrán un coste inicial de 9,5 millones de euros, según la documentación con la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha tramitado la ejecución de estos trabajos.

El Consejo de Ministros tomará razón en su reunión del próximo martes de la declaración de emergencia -fechada el pasado 3 de diciembre- de las actuaciones para habilitar siete emplazamientos con capacidad para 6.900 personas como solución temporal a la avalancha de migrantes que han llegado a Gran Canaria -y a Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura en menor medida- desde el pasado verano tras el cierre de la ruta del Mediterráneo. La falta de espacios provocó el hacinamiento en el muelle de Arguineguín y su reubicación en alojamientos turísticos, que deberán desalojarse antes del 1 de enero.

El departamento que dirige José Luis Escrivá calcula que la construcción y montaje de los campamentos provisionales tendrá un coste de 4,5 millones de euros. Es el dinero que se necesitará para la instalación de carpas; las literas, colchones, almohadas y ropa de cama; las mesas, sillas y el equipamiento necesario para los módulos de comedor y cocina; las duchas y el suministro de luz y agua y climatización, entre otros conceptos.

Según detalló el titular de Migraciones durante su visita a Las Palmas de Gran Canaria el pasado 20 de noviembre, la capital grancanaria dispondría de 1.950 plazas repartidas en cuatro espacios: el Colegio León (300), las antiguas instalaciones del Regimiento ‘Canarias 50’ (650), una nave ofrecida por Bankia (500) y Barranco Seco (500), polvorín sin uso al que se derivaron varios cientos de migrantes a mediados del pasado mes de noviembre. De cumplirse las previsiones del Ministerio, todas estas instalaciones estarán operativas antes de finales de año.

Tenerife, por su parte, contará con 3.250 plazas, capacidad que suman Las Canteras (1.800) y el acuartelamiento de Las Raíces (1.450). En el primer caso, se trata de diez edificios propiedad del Ministerio de Inclusión de los que se podrá disponer "progresivamente a lo largo de 2021". El despliegue inmediato se completará con las 700 plazas que ofrecerán las carpas que se levantarán en el recinto militar de El Matorral (Puerto del Rosario, Fuerteventura).

La partida incluye el futuro desmontaje de los espacios provisionales de acogida cuando se disponga de una red más estable

En paralelo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha encomendado a la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) y a la Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA (Tragsatec) -ambas de capital íntegramente público y que forman parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- la ejecución de las actuaciones necesarias para contar con espacios de acogida más estables para dar una "solución habitacional" a los migrantes. Esta red, cuya puesta en marcha se financiará con cargo al presupuesto de 2021, ofrecerá 6.450 plazas repartidas por Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura.

En concreto, estos trabajos se han presupuestado en cinco millones de euros e incluyen el desmontaje de las instalaciones provisionales antes citadas. También el acondicionamiento previo del terreno en el que se levantarán; el vallado perimetral; la instalación de módulos prefabricados destinados a uso residencial, comedor, oficinas y servicio de vigilancia de accesos; el suministro de literas, colchones, almohadas y ropa de cama, y los servicios de luz, agua y climatización.

El cierre de la ruta del Mediterráneo y el deterioro de las condiciones económicas y sociales en los países de origen han provocado la llegada de un aluvión de pateras a Canarias, que vive la mayor presión migratoria desde la conocida como crisis de los cayucos en 2006. De acuerdo con los datos recopilados por el Ministerio del Interior, el número de migrantes que llegó por mar a estas islas hasta el pasado 30 de noviembre ascendía a 19.566 personas, cifra que representa un 881,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

"Tarde y mal"

A juicio de la Confederación Española de Policía (CEP), la partida de 9,5 millones que destinará el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dotar a Canarias de campamentos de acogida llega "tarde y mal", puesto que el presupuesto de este año incluye el desmontaje de las instalaciones provisionales cuando estén listos los alojamientos más estables. "Es un gasto sin utilidad en el futuro. Supone el equivalente a la construcción de dos comisarías nuevas de Policía Nacional o a la compra de casi 127.000 test PCR para que los compañeros no tengan que estar pendientes de los protocolos lentos e ineficaces que se siguen ahora", critica el secretario general de la CEP, Víctor M. Vigil.

El sindicalista exige al Ministerio del Interior que tenga la "misma agilidad" que el departamento que dirige José Luis Escrivá a la hora de buscar recursos y se dote de una partida para "recompensar" a los agentes que han estado prestando en Canarias, abriendo una convocatoria de ingreso en la Orden al Mérito Policial en los casos "más merecedores de ello" y concediendo una felicitación pública tipo A a todos los funcionarios del Cuerpo que han participado en el dispositivo.

Vigil recuerda que han sido meses "muy duros" y con "escasez de personal" en los que los policías han estado expuestos al contagio por coronavirus, por cuanto "no había acceso a pruebas PCR con inmediatez y porque los propios inmigrantes se mezclaban en el puerto de Arguineguín sin respetar el aislamiento sanitario". Ese riesgo, añade, ha estado también patente en las conducciones y custodias de los migrantes.