El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está sondeando a las comunidades autónomas para conocer su disposición a acoger menores migrantes no acompañados y aliviar así el esfuerzo que está realizando Canarias, que tutela ya un 50 % más de niños y adolescentes que en la crisis de los cayucos de 2006. Este dato da una idea de la presión migratoria que están sufriendo las islas, especialmente Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

De acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario, la comunidad amparaba a 2.380 menores extranjeros no acompañados a fecha de 10 de diciembre. Esta cifra duplica la que se registraba a mediados del pasado mes de octubre (1.202) y es más de cuatro veces superior a la existente a principios de este año (540).

A la luz de los datos, unos 2.000 de los 19.566 migrantes que habían logrado arribar a las costas canarias hasta el pasado 30 de noviembre son menores no acompañados o menas, a los que el Ejecutivo autonómico tendrá que ofrecer escolarización y protección hasta que cumplan 18 años si antes no se solicita el reagrupamiento familiar.

Las fuentes aseguran que fueron 1.600 los niños extranjeros tutelados por Canarias en 2006, el de la crisis de los cayucos. Entonces llegaron a las islas un total de 31.678 inmigrantes, un 63 % más de lo que se contabiliza durante los once primeros meses de 2020.

Esta avalancha ha obligado al Gobierno regional a ampliar los centros de emergencia para poder atender a estos menores, estando operativos en la actualidad ya un total de 22 recursos: 12 en Gran Canaria, siete en Tenerife, dos en Fuerteventura y uno en La Gomera. Se trata de albergues cedidos por ayuntamientos, casas alquiladas y complejos de apartamentos, entre otros tipos de inmuebles.

El Ministerio de Iglesias sondea a las comunidades para conocer su disposición a acoger a niños y adolescentes no acompañados

Para aliviar esta situación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 acordó el pasado 1 de diciembre conceder una subvención directa de diez millones de euros al Gobierno de Canarias para contribuir a la mejora de los servicios de atención, acogida, información, asistencia social y protección de los niños y adolescentes migrantes no acompañados. La previsión del Gobierno es que el número de menores sin acompañantes que ha llegado ya "se afiance o se incremente", según se detalla en el real decreto que regula la concesión de tal ayuda.

En paralelo, el Ministerio que dirige Pablo Iglesias está sondeando la disposición que tienen las comunidades para acoger y prestar protección a estos migrantes y, en caso de aceptar, a cuántas personas tutelarían. La Secretaría de Estados de Derechos Sociales y Agenda 2030 trabaja con la idea de convocar una reunión del consejo interterritorial a finales de esta semana o la siguiente para perfilar detalles del posible reparto, lo que permitiría repartir el esfuerzo que realiza ahora Canarias en solitario.

Existe un precedente. El 18 de septiembre de 2006, el Consejo Superior de Política de Inmigración -órgano colegiado encargado de coordinar las actuaciones de las administraciones públicas con competencias en la política de integración de los migrantes- salió en auxilio de Canarias ante la situación excepcional que vivía por la avalancha de cayucos y coordinó la colaboración de otras comunidades para el traslado y guarda de unos 500 menas desde las islas, cuyos recursos de protección se vieron desbordados al superarse las previsiones de llegadas.

Canarias pide al menos 500 traslados

El pasado 26 de noviembre, el Ejecutivo canario aprobó un informe sobre la situación de los menores migrantes no acompañados y, entre las medidas de actuación que se solicitaban, se incluía el llamamiento a la solidaridad de otras comunidades autónomas para la derivación de al menos 500 niños y adolescentes. Entonces la población tutelada era de 1.962 personas, 418 menos de los que se contabilizaban ya el pasado 10 de diciembre. Extraoficialmente, tanto el País Vasco como Cataluña ya han expresado su disposición a acoger a menores, lo que alimenta la posibilidad de que se pueda firmar próximamente un nuevo convenio.

En dicho documento se defendía la necesidad de contar "con urgencia con recursos tanto por parte del Estado como de la Unión Europea que permitan sufragar los costes que debe afrontar Canarias para hacer frente a esta crisis, ya que actualmente no existen fondos ni programas a nivel europeo que ayuden a las regiones en el apoyo con estos menores".

El Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres también pide al Gobierno de la nación iniciar las gestiones que propicien una línea específica destinada a los menores no acompañados dentro del próximo programa financiero (2021-2027) y en el futuro Pacto de Migración y Asilo, en negociación con el Consejo y el Parlamento europeo.