La Cámara Baja ha dado este martes luz verde a la tramitación de la reforma para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras esté en funciones, una iniciativa impulsada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos con la oposición frontal de PP, Vox y Ciudadanos. La maniobra de los dos partidos que conforman la coalición gubernamental tiene como objetivo último forzar al PP a renovar cuanto antes el órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de dos años en funciones. La proposición de ley ha superado el primer trámite en el Congreso con una amplia mayoría de 188 votos a favor, 152 en contra y 7 abstenciones.

La nueva iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) viene a sustituir al primer amago que hicieron socialistas y morados para presionar al principal partido de la oposición, y que pasaba por utilizar un resquicio legal para reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ que designa el Congreso, rebajando la mayoría de tres quintos que ahora mismo se requiere. Sin embargo, y pese a ser una reiterada exigencia del PP para sentarse a negociar, los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos mantienen congelada dicha reforma y se niegan, al menos de momento, a retirarla por completo.

La reforma que implica, entre otras cuestiones, que el CGPJ no pueda llevar a cabo nombramientos de altos cargos judiciales como los presidentes de la Audiencia Nacional o los magistrados del Tribunal Supremo, se entiende como un paso intermedio entre la proposición inicial y la opción de dejar al órgano en funciones sine die por el "bloqueo" que "de manera tozuda" ejerce el PP, en palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Sin embargo, ha levantado un polvorín de críticas no sólo de parte de la oposición, sino también de asociaciones de jueces y, de nuevo, de Bruselas. En concreto, la Comisión Europea recordó hace unos días al Gobierno español que cualquier reforma del CGPJ debe ser consultada con la oposición sin que en ningún caso quede comprometida la independencia del Poder Judicial.

En el Pleno de este martes, el PP, que ya adelantó ayer su voto en contra a la toma en consideración de la proposición de ley, ha acusado al PSOE de "defender lo indefendible" y de "explicar lo inexplicable" respecto a la reforma judicial. En concreto, el diputado popular, Luis Santamaría, ha señalado directamente a los socialistas por "ceder" a la "provocación" de Unidas Podemos y seguir adelante con la reforma exprés para cambiar la mayoría necesaria para elegir a los 20 vocales del CGPJ. "Es un golpe a la línea de flotación de la democracia española", ha sostenido Santamaría.

A juicio del PP, la reforma que ahora plantea los dos partidos de Gobierno "va en dirección contraria a garantizar la independencia" de los jueces, y lo entienden, más que como un órdago de presión, como una "vuelta de tuerca más para interferir" en el Poder Judicial. Y amenazan, además, con acudir a los tribunales y a las instituciones europeas para evitar que Sánchez convierta el órgano "en un instrumento al servicio del Ejecutivo", según denunció este lunes el número dos del PP, Teodoro García Egea.

"Desprecio" del Gobierno a la división de poderes

La mayor asociación de jueces ha criticado también al Gobierno por una proposición de ley que "se aparta del espíritu constitucional" y supone un "desprecio" de PSOE y Podemos a la división de poderes. En un comunicado emitido este lunes, la Asociación Profesional de la Magistratura ha pedido al Ejecutivo que retire la iniciativa y a los grupos parlamentarios a renovar "a la mayor brevedad" el órgano de gobierno de los jueces.

Además, una parte importante de los vocales del Consejo General del Poder Judicial han pedido a su presidente, Carlos Lesmes, convocar un pleno extraordinario para debatir la propuesta del Gobierno cuya toma en consideración ha sido aprobada este mismo martes en el Congreso. Exigen que se solicite a la propia Cámara Baja recabar un informe del CGPJ en relación a la proposición orgánica, ya que nadie les ha consultado cuando, al fin y al cabo, son los principales afectados por la reforma. Al presentar la iniciativa como proposición de ley en el Congreso y no como proyecto de ley del Gobierno, PSOE y Podemos evita tener que pedir informes preceptivos a los órganos consultivos, entre los que entraría el propio CGPJ, y agiliza además los plazos de tramitación al ahorrarse toda la fase de anteproyecto.