Francia está intensificando los controles en los puestos fronterizos con España para frenar la posible entrada de migrantes en situación irregular en su territorio desde la península, adonde han llegado ya centenares de personas que lograron arribar en pateras a las costas canarias y que están pendiente de que se ejecuten las órdenes de devolución a sus países de origen.

Durante una visita sorpresa al paso de Le Perthus, próximo a La Junquera (Girona), Emmanuel Macron anunció el pasado 5 de noviembre un refuerzo en las fronteras con el despliegue del doble de efectivos en respuesta a la amenaza del terrorismo yihadista -la visita tuvo lugar días después del atentado cometido en una basílica católica de Niza que se cobró la vida de tres personas- y para frenar la inmigración irregular.

Fuentes policiales consultadas por este diario aseguran que las autoridades francesas han pedido a España llevar un control conjunto en puestos fronterizos este miércoles por la mañana, lo que califican como una decisión "fuera de la rutina habitual" que estaría motivada por la avalancha de migrantes que han llegado en los últimos meses a Canarias tras el cierre de las rutas del Mediterráneo. "Salvo por eventos concretos, nunca han pedido controles fronterizos continuos", señalan las fuentes.

Fuentes del Ministerio del Interior han asegurado a este diario que la colaboración con Francia es constante, si bien no han podido precisar si dicho control conjunto se llevará a cabo mañana. Sólo en Cataluña hay cinco pasos fronterizos, siendo los más transitados los de La Junquera y Portbou (ambos en Girona). A éstos se suman los de Puigcerdá, Les y Coll de Ares.

El refuerzo de los controles en los puestos fronterizos con España por parte de las autoridades galas se produce coincidiendo con la entrada en la península de centenares de migrantes en situación irregular que lograron llegar con vida en pateras a las islas Canarias, que, en plena pandemia por el coronavirus, sufre la mayor presión migratoria de los últimos 14 años. Expirado el plazo de 72 horas de custodia policial sin que se haya podido ejecutar la devolución a sus países de origen, esas personas no tienen limitada su libertad deambulatoria y pueden comprar un pasaje de avión si tienen documentación y dinero para ello.

El acuerdo de Málaga de 2002

En virtud del acuerdo que Francia y España firmaron en Málaga el 26 de noviembre de 2002, heredero del que se había rubricado en enero de 1988, cada país está obligado a readmitir en su territorio al extranjero en situación irregular a la que el otro le deniegue la entrada. Con este convenio, las autoridades galas y españolas mostraban su voluntad de "garantizar una mejor aplicación de las disposiciones relativas a la circulación de personas dentro del respeto a los derechos y garantías previstos por las leyes y reglamentos vigentes".

Con el refuerzo de los controles, Francia trataría de evitar que muchos de los migrantes -fundamentalmente marroquíes- que han llegado a Canarias y cuyas órdenes de expulsión del país no se han ejecutado aún terminen en su territorio. Y ello en medio de la segunda oleada del coronavirus, que ha situado al país vecino como el primero de Europa por número de contagios con más de 2,3 millones de casos.

De las 629 personas que arribaron al puerto de Valencia a bordo del Aquarius el 17 de junio de 2018, después de que Italia y Malta no les dejara atracar y tan sólo días después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, casi la mitad llegó a manifestar su voluntad de pedir asilo en Francia. El país galo, la segunda economía de la 'zona euro' tras Alemania, terminó concediéndoselo a unos 80.

Las autoridades galas tratan de frenar la llegada de migrantes irregulares a su país mientras Marlaska reclama a la UE un "reparto equitativo"

Las prevenciones de Francia en los pasos fronterizos se intensifican mientras el Ministerio del Interior español insiste en la necesidad de que se lleve a cabo un "reparto equitativo de la responsabilidad frente a la inmigración irregular" en el marco de la Unión Europea. Así se ha expresado Fernando Grande-Marlaska durante su intervención en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, celebrado este lunes de forma telemática y en el que ha abogado por seguir progresando en el Pacto de Migración y Asilo.

"No podremos avanzar en la negociación si no superamos el enfoque binario, según el cual unos asumen la responsabilidad incondicional de gestionar la inmigración irregular, mientras otros ofrecen un eventual apoyo, condicionado según sus circunstancias y posibilidades", ha mantenido.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por Interior, que abarcan hasta el pasado 30 de noviembre, el número de marroquíes y subsaharianos que llegó por mar a Canarias ascendía a 19.566 personas, lo que representa un 881,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. Desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando arribaron 31.678 inmigrantes, las islas no vivían un aluvión de esta magnitud.

Mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones levanta siete espacios provisionales en varias islas para dar acogida a los migrantes, Interior trata de acelerar las devoluciones a los países de origen y que éstos refuercen las medidas de vigilancia en sus territorios para evitar que las mafias continúen con el negocio de las pateras.

Éstos fueron dos de los asuntos que Grande-Marlaska abordó con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, durante el encuentro que ambos mantuvieron en Rabat el pasado 20 de noviembre. Desde entonces, el trasiego de embarcaciones cargadas de migrantes irregulares ha descendido de forma notable, de lo que cabe deducir que el país alauí ha reforzado los controles.