El sector morado del Gobierno se muestra convencido de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, doblará el pulso a Pedro Sánchez en la subida del Salario Mínimo Profesional (SMI). Y ese convencimiento surge, entre otras cosas, porque creen que el presidente del Gobierno, ahora alineado a las tesis de Nadia Calviño, no se puede asumir el coste de aparecer como el responsable de no incrementar los sueldos más bajos.

Bien es cierto que la coalición Unidas Podemos se conforma ahora con una subida del 0,9 por ciento, esto es, la misma que se ha aplicado para el año que viene a funcionarios y pensionistas y muy lejos de ese objetivo de llegar a los 1.000 euros, que era el plan inicial de los morados. En todo caso, el pacto que hizo posible el Gobierno de coalición entre ambas formaciones políticas no llegaba a ese detalle.

En su punto 1.4 subrayaba el compromiso de subir el SMI "hasta alcanzar progresivamente el 60 por ciento del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea". Para ello, no sólo se convocaría a la mesa de Diálogo Social, tal y como ha hecho la ministra Yolanda Díaz, sino que también acordaron crear una comisión asesora del Ministerio de Trabajo para estudiar la evolución del SMI teniendo en cuenta, eso sí, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Y es ahí donde Calviño, hasta ahora con el apoyo del jefe del Ejecutivo, pide esperar.

Conversaciones Sánchez-Iglesias

En las conversaciones mantenidas entre Sánchez e Iglesias, el primero ha admitido las resistencias del equipo económico, capitaneado por la vicepresidenta tercera. Pero esta vez, el jefe del Ejecutivo se inclina por las tesis de Calviño, enfrentada a los morados y cuyo empeño es no dejarse ganar más terreno a favor de Podemos.

El lunes se reanuda la mesa de diálogo social y Trabajo está convencido de que no habrá congelación del SMI, que en dos años ha experimentado una subida acumulada del 29 por ciento. A esta cifra se aferran tanto Moncloa como Economía poniendo el acento en que “ya se ha hecho un gran esfuerzo”. Acusan a Iglesias y los suyos de “estar más pendientes de los titulares inmediatos” que de la gestión, detalle y complejidad, muchas veces jurídica, de los asuntos.

Por su parte, en Unidas Podemos consideran que el sector socialista está más pendiente de los bancos y de las eléctricas que de las necesidades de la población más vulnerable, al menos hasta el término del actual estado de alarma, el 9 de mayo del próximo año.

Los socialistas acusan a Iglesias: “Está más pendiente de los titulares inmediatos"

Fue muy significativo cómo este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez reivindicó a su vicepresidenta económica. Sabedor, por un lado, de los enfrentamientos de Podemos con Calviño y de la apropiación, según no pocos ministros socialistas, que hacen de las políticas del llamado "escudo social", dijo que la negociación de los Ertes en Europa "demuestran el compromiso de Calviño con lo que representa este gobierno de política progresista".

En Economía aducen que "estamos en fase de consulta, de escuchar y habrá una decisión del Gobierno, no tres" una vez se terminen las conversaciones con los agentes sociales. Tras recordar que los acuerdos del Consejo de Ministros "son colegiados", insisten en defender la necesidad de "tomar la decisión más adecuada y responsable para cada año". Y este 2021 "está marcado por el contexto de incertidumbre".

Calviño no se ha marcado plazos ni habla de cifras, pero insisten en el sector socialista en la "subida histórica" del SMI de un 29 por ciento en dos años amén de otras decisiones económicas con las que paliar la crisis provocada por el Covid. Los Ertes, la lucha contra la precariedad laboral, mejora de las elaciones laborales, créditos ICO o moratorias de alquiler son algunas de las políticas sociales con las que se ha intentado dar una respuesta inmediata.

Lo lógico es que el Ejecutivo acudiera a la cita con la Patronal y los sindicatos con una propuesta cerrada. Los primeros defienden que este no es el momento de subir más el SMI, con el país sumido en la crisis del Covid, mientras que UGT y Comisiones Obreras aprietan para llegar a los 1.000 euros. Por su parte, Díaz se ha cuidado muy mucho de ofrecer ningún tipo de cifra.

Bronca por los suministros básicos

No es esta la única cuestión que crea controversia entre los socios de la coalición gubernamental. La negociación sobre los suministros básicos, esto es, agua, luz o gas avanza con enormes dificultades e incomprensiones mutuas. En vicepresidencia cuarta aseguran que Teresa Ribera tiene el decreto preparado para unirlo al de desahucios, pero en la secretaria de Estado de la Agenda 2030, al frente de la cual se sienta Ione Belarra, lo consideran “insuficiente”. Ambas se reunieron este martes sin llegar a un acuerdo.

Todavía no está claro que el decreto anti-desahucios vaya al Consejo de Ministros del próximo martes. Lo más probable es que José Luis Ábalos apure hasta el día 29, en el último Consejo del año, salvo que rechacen hacerlo coincidir con la rueda de prensa de Sánchez, de balance de este duro y trágico año 2020.