El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) espera sacar adelante con el máximo consenso posible este jueves cuatro nombramientos de la cúpula judicial a pesar de que ya se ha iniciado en la Cámara Baja la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que los partidos de Gobierno PSOE y Podemos han impulsado limitar los nombramientos mientras el órgano de gobierno de los jueces esté en funciones, como es el caso.

Se espera que sean los últimos nombramientos de este consejo que cumplió su mandato hace dos años y 13 días, convirtiéndose en el más largo de la historia. A pesar de que el Congreso dio luz verde esta semana a tramitar esa limitación para que el Pleno del CGPJ no pueda hacer nombramientos cuando esté de salida, sus miembros continuarán ejerciendo la que consideran que es su función constitucional.

Así, sacarán adelante la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la Sala de lo Contenicoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de la Audiencia Provincial de Cáceres. Además, aprobarán las bases para la convocatoria de plazas de magistrados de cuatro Salas (Civil, Contencioso-Administrativo, Social y Militar) del Tribunal Supremo por jubilaciones. Es previsible que, en el caso de estos puestos en el Supremo, sea el próximo consejo quien los nombre si en febrero, tras la celebración de las elecciones catalanas, PSOE y PP alcanzan por fin un acuerdo de renovación.

Advertencias de las instituciones europeas

Los dos partidos de Gobierno han presentado en los últimos meses dos propuestas distintas de reforma de la LOPJ para desbloquear la renovación del órgano de los jueces. Una manera, en el fondo, de presionar al Partido Popular, principal partido de la oposición, para que facilite el acuerdo que está cerrado desde agosto: un reparto al 50% en la elección de los miembros por parte del PSOE y PP (10 vocales cada uno), poniendo sobre la mesa el partido del Gobierno el nombre del presidente del órgano constitucional e incluyendo en su propuesta tres nombres que contenten a sus socios de Gobierno.

Puesto que el PP se resiste a cerrar el pacto incluso después de hablar al respecto su líder Pablo Casado con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, PSOE y Podemos llevaron al Congreso la tramitación de la propuesta de reforma de la LOPJ para limitar la función del órgano en cuanto a los nombramientos que salió adelante con una amplia mayoría de 188 votos a favor, 152 en contra y 7 abstenciones.

Meses antes, PSOE y Podemos ya propusieron una reforma más amplia de la ley en la que buscaban reducir la mayoría de las cámaras para elegir a los miembros judiciales del órgano si no se alcanzan los 3/5 necesarios en una primera vuelta. Una propuesta que costó a Sánchez una advertencia de las instituciones europeas. El presidente del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) le recordó que ésta podía "violar las normas del Consejo de Europa". Le recordaron que los consejos judiciales europeos deben ser independientes del poder político y que los jueces deben elegir a los vocales judiciales de entre los jueces.

Las asociaciones judiciales en España también se opusieron frontalmente a la reforma. La segunda propuesta, que se acota a sólo uno de los puntos que se contenían en la primera, también parece inconstitucional a los vocales del CGPJ y a la mayoría de la carrera judicial. En este segundo caso, Bruselas ha recordado a Sánchez que debe consultar a la oposición y a la Comisión de Venecia.

Los vocales piden consultas previas

Los vocales, por su parte, llevarán este jueves al Pleno dos escritos para que se sometan a estudio. El primero, firmado por los Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández Valverde, propone que el CGPJ solicite del Congreso que recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la proposición de ley.

El segundo, firmado por los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán, propone que el CGPJ, directamente, examine la proposición de ley.