En un momento en que la unidad de acción cotiza al alza en el PP y en que la dirección se ha lanzado a primar la coordinación entre sus barones autonómicos y Génova para evitar fisuras internas, Díaz Ayuso ha vuelto a adelantarse a los dictados de la cúpula, esta vez en el marco de la batalla contra la controvertida 'ley Celaá', que los populares han convertido en buque insignia de su estrategia de oposición contra el Gobierno.

La Comunidad de Madrid ha iniciado este mismo miércoles la tramitación exprés de un nuevo decreto que elevará a diez años la duración de los conciertos educativos en la región para dar "mayor seguridad a las familias" y "proteger" la concertada frente a una ley que, a juicio del ejecutivo madrileño, "boicotea" la libertad de los padres. Pero la presidenta madrileña se ha quedado sola en el obús lanzado contra la polémica reforma educativa.

El resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP -Castilla y León, Murcia, Andalucía y Galicia- descartan unirse a la rebelión planteada por Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno, y no aumentarán, al menos de momento, sus conciertos educativos para blindar la concertada. Y Génova, que ha eludido realizar una defensa en firme de la decisión de la lideresa madrileña, tampoco incluirá la medida dentro de su estrategia nacional contra la 'ley Celaá', como sí impulsó el adelanto de los plazos de matriculación del nuevo curso escolar 2021/2022 para sortear la reforma en todas sus comunidades autónomas. Madrid, de hecho, fue la primera región de las gobernadas por el PP que se adhirió a esta directriz.

Desde Génova, como se ha hecho en otras ocasiones en que Ayuso se ha desmarcado de la hoja de ruta general, se defiende la "autonomía" de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del resto de sus barones a la hora de tomar decisiones pensando en el "bien común" de los ciudadanos para los que se gobierna, y encuadra el paso dado por la líder regional dentro de las "posibilidades legales" con las que cuenta Ayuso para "aplicar cuanto sea necesario para frenar" la nueva ley educativa. En el entorno de la presidenta regional afirman que, aunque la interlocución entre la Consejería de Educación y Génova es "constante", las decisiones que se tomen en el seno del Gobierno autonómico "no se consultan" con la dirección nacional.

Las comunidades tienen competencias para decretar modificaciones como la que plantea Díaz Ayuso sobre la Ley Orgánica de Educación para ampliar los conciertos educativos que, en suma, garantizan la educación obligatoria y gratuita en centros privados, como los concertados, con asignación de fondos públicos. La Comunidad de Madrid ha tramitado por la vía de urgencia el decreto para "blindar" la educación concertada antes de que entre en vigor la Lomloe, que ya fue aprobada en el Congreso será ratificada por el Senado la próxima semana.

En Madrid, los conciertos tenían una validez de seis años -en el caso de esta región caducaban en 2022, y con el nuevo decreto se amplían hasta 2027-, mismo plazo con el que cuentan Murcia y Galicia, donde los conciertos educativos están actualizados hasta 2023. Por su parte, Andalucía mantendrá sus plazos de cuatro y seis años para la educación secundaria y primaria, respectivamente, lo mismo que Castilla y León, donde los conciertos mantienen una vigencia de cuatro años.

Andalucía no adelantará el plazo de inscripción

Casado parece haber errado en su intención de imponer unidad de acción entre sus barones autonómicos respecto a la 'ley Celaá'. Ayuso ha tomado la delantera a Génova, pero hay otros territorios con las siglas azules que, directamente, no acatarán los dictados de la dirección y no adelantarán los plazos de inscripción para el próximo curso escolar como es el caso de Castilla y León y Andalucía. En este último territorio, el consejero de Educación, Javiar Imbroda (Cs) fijó ayer posición y aseguró no querer dificultar la implantación de la nueva norma educativa al considerar que "la educación concertada no correr ningún tipo de riesgo" en la región, aunque el presidente autonómico, Juanma Moreno (PP) aún no se ha pronunciado al respecto.

No ahorró Imbroda, en una entrevista este miércoles en Canal Sur, en órdagos contra Isabel Díaz Ayuso y contra Madrid, una región en la que, a su juicio, "no se tiene la sensibilidad de lo que sucede en el resto de comunidades" porque "Madrid vive una realidad diferente". "En Andalucía somos serios, y cumplimos con las leyes cuando salen del Parlamento", zanjaba el consejero de Educación, un discurso que, en suma, supone una enmienda a la totalidad al planteamiento de la dirección nacional del Partido Popular.

Madrid y Galicia sí adelantarán los plazos de matriculación, dos comunidades a las que se unió Murcia en el día de ayer. El presidente regional, Fernando López Miras, anunció que este territorio ampliaría hasta dos meses la fecha de inscripción para el curso escolar respecto a años anteriores "haciendo uso de las competencias educativas transferidas", y el Gobierno iniciaría este mismo miércoles el proceso de admisión. "A todas esas familias que están preocupadas, les pido tranquilidad. El Gobierno de la Región de Murcia va a proteger su libertad, con absoluto respeto al ordenamiento jurídico", sostuvo Miras.