El Ministerio del Interior ejecuta contra reloj obras de infraestructuras y equipamiento técnico en la verja con Gibraltar ante la salida efectiva del Reino Unido de la UE, lo que conllevará el refuerzo de los controles fronterizos y de la inspección aduanera. El coste de los trabajos, adjudicados 'a dedo' al tramitarse como procedimiento de emergencia, roza los cinco millones de euros.
Casi 36 años después de que se descorriera el cerrojo de la valla -hecho que tuvo lugar el 5 de febrero de 1985, durante el primer mandato de Felipe González como presidente del Gobierno- y acabara el bloqueo que se mantuvo durante 15 años, la inminencia del fin del periodo de transición con el que terminará el acuerdo de retirada -en vigor desde la medianoche del 31 de enero de 2020, cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea- empieza a dibujar una nueva estampa en el puesto fronterizo de La Línea de la Concepción (Cádiz).
Mientras los negociadores británicos y de la UE continúan sin cerrar la relación que mantendrán ambas partes una vez que el próximo 1 de enero se haga efectivo el Brexit, la raya que separa España de Gibraltar se prepara para el nuevo escenario. Al ser el Reino Unido un tercer país, los controles en la frontera tendrán que ser exhaustivos tanto a la entrada como a la salida, lo que obliga a adecuar las infraestructuras y los equipamientos policiales.
El pasado 6 de octubre, 19 días antes de que entrara en vigor el estado de alarma por segunda vez en el año, la Secretaría de Estado de Seguridad declaró de emergencia la contratación de los trabajos de "reforma y actualización de los medios técnicos de la verja" junto a Gibraltar. Esa decisión administrativa se amplió el 22 de dicho mes a la ejecución de diversas infraestructuras y a la compra de sistemas de control.
En total, Interior ha adjudicado hasta el momento seis contratos a tres proveedores diferentes (Seranco SA, Arinco SC y Everis Aerospacial y Defensa SL) por un importe total de 4.968.357 euros (impuestos incluidos), según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público en las dos últimas semanas. Las obras, que se desarrollan en terrenos de la Agencia Tributaria, empezaron el pasado mes de abril y tendrán que estar terminadas como muy tarde el próximo 21 de abril (seis meses después de que se formalizaran los encargos).
Procedimiento de emergencia
Acogiéndose a la excepción que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 120, Interior ha eludido el procedimiento de tramitación ordinaria y ha optado por adjudicar los encargos de manera directa, lo que le ha permitido recortar plazos a costa de sacrificar la publicidad y la concurrencia. Este sistema de contratación es el que mayoritariamente han utilizado los distintos departamentos ministeriales para la compra de material de protección contra el coronavirus.
A Arinco, la firma que se está encargando de la asistencia técnica, Interior la ha elegido porque "trabajó en la construcción" de los puestos de control, según se detalla en el contrato. Para los trabajos de construcción ha sido seleccionada Seranco, la cual, "dada la urgencia de la obra a ejecutar y el conocimiento sobre la calidad técnica de las obras realizadas por dicha empresa, se considera con capacidad y solvencia para su realización", justifica el Ministerio.
De los seis, el encargo de mayor cuantía es el que Interior ha firmado con Seranco: 2.722.500 euros. Entre otros trabajos, la constructora toledana se encargará de construir las infraestructuras necesarias para la modificación de los viales peatonales y de vehículos, los nuevos módulos de control operativo policial para la expedición de visados y de autorizaciones de entrada y salida, la redistribución y ampliación de la Oficina de Análisis e Investigación (Odaifi) de la Guardia Civil, la extensión de las marquesinas de inspección de vehículos y la instalación de torretas de iluminación en todo el vallado para evitar puntos ciegos, según se detalla en el contrato que el secretario de Estado de Seguridad (Rafael Pérez) firmó el pasado 26 de octubre.
Interior ha adjudicado seis contratos por el procedimiento de emergencia que suman cinco millones de euros
La declaración de emergencia que ampara tanto esta adjudicación como la formalizada el 16 de octubre con el mismo proveedor -relativa a la "actualización y adecuación de los módulos de entrada y salida del puesto fronterizo de la Línea de la Concepción" por importe de 98.900 euros- no se elevó al Consejo de Ministros para su correspondiente toma de razón hasta el pasado 9 de diciembre, por lo que no se habría respetado el plazo de un mes que exige la Ley de Contratos del Sector Público.
A Arinco, por su parte, se le ha encomendado la asistencia técnica para la redacción de proyectos, dirección facultativa de las obras, la coordinación de seguridad y salud, y la elaboración de la documentación técnica de los trabajos. El presupuesto de estas actuaciones se fijó en 128.000 euros.
Entretanto, Everis Aerospacial y Defensa se encargará del suministro tanto del sistema de control manual de entrada y salida -compuesto por lectores de pasaporte/etiquetas de visado, de tarjetas de contacto y de huellas dactilares, ordenadores, monitores, el software de gestión y las licencias correspondientes- como de los sistemas automáticos de control de fronteras. Éstos incluyen 11 elementos, entre ellos unidades de e-Gate con topología puerta simple, puestos de control asistido y manual, tabletas rugerizadas de monitorización de procesos y verificación de viajeros, y una licencia biométrica del servicio centralizado local de biometría dactilar. Este doble encargo tiene un coste de 2.018.957,6 euros.
A la espera de que terminen las negociaciones que determinarán las relaciones entre el Reino Unido y la UE a partir del próximo 1 de enero, la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones en el puesto fronterizo de La Línea conllevará necesariamente un incremento de las dotaciones de plantilla tanto de la Policía Nacional como la Guardia Civil para atender la carga de trabajo que la nueva situación generará.
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