Este sábado saldrán a la calle. Lo harán en numerosos municipios vascos y navarros con marchas apoyadas por EH Bildu y Podemos y varias organizaciones sociales y sindicales. Protestarán por la repetición del juicio en el llamado ‘caso Bateragune’ dictado por el Tribunal Supremo. El máximo representante de los cinco condenados por la Audiencia Nacional, Arnaldo Otegi, -en una sentencia posteriormente anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- aseguró esta semana que los tribunales y los poderes del estado ni les ‘domarán’ ni les ‘doblarán’ ni les ‘domesticarán’.

La decisión adoptada por unanimidad de los 16 magistrados del Supremo de repetir el proceso ha suscitado sorpresa y posiciones encontradas entre juristas, políticos y colectivos sociales. Los acusados ya cumplieron una condena de entre seis años y seis años y medio y ahora podrían enfrentarse a un proceso que los absolviera –con la consiguiente indemnización del Estado- o les condene de nuevo. En su argumentación el tribunal aseguró que ambas partes, acusación y defensa, tenían derecho a conocer la verdad de la acusación y por eso ordenaba la repetición del juicio.

Será cuando se resuelvan algunas de las incógnitas del largo proceso por el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna que se reabrirá once años después de que los encausados fueran detenidos, allá por 2009. Lo que parece claro es que la izquierda abertzale aprovechará la circunstancia para reavivar a sus bases, movilizar a los suyos y presionar al Gobierno al que por el momento seguirá apoyando. También parece claro que el caso será exprimido desde la oposición para desgaste del Ejecutivo.

Ahora Otegi asegura que han sido los poderes del Estado, ‘las cloacas’, dijo, “las que han movido pieza” y que ahora serán ellos los que lo hagan: “Veremos cómo acaba la partida”. Quizá en tablas. Así ocurrió en los últimos procesos abiertos a la cúpula de la izquierda abertzale donde acusación y defensa alcanzaron un acuerdo que presentaron al tribunal.

'Macrojuicios' sin prisión

La repetición de este inesperado nuevo ‘macro’ juicio –más por su impacto y repercusión que por el número de procesados- en el entorno radical abertzale no se esperaba. En ese mundo nadie creía que se optaría por sentar de nuevo en el banquillo de los acusados por la Audiencia Nacional. Menos aún después de que hubieran cumplido condena por un juicio anulado por Europa y una sentencia suspendida por el Supremo.

La idea más extendida en las bases de la izquierda abertzale era que el tiempo de los juicios en el ‘tribunal de excepción’ se había acabado. Más aún en este tiempo de gracia en el que la relación con el Gobierno atraviesa una sintonía desconocida hasta ahora. El cambio de posición en la política penitenciaria, con un notable incremento de acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi, -una de las reivindicaciones más reiteradas por EH Bildu- da muestra de ello.

El último ‘macroproceso’ contra ese mundo se celebró en septiembre de 2019 contra el conocido como ‘frente de makos’, acusado de dar apoyo a los presos de ETA. En aquella causa se procesó a 47 acusados, entre ellos a numerosos abogados del entorno abertzale. Tres años antes, en enero de 2014, otra ‘macrocausa’, -el sumario contra la dirección de Batasuna, PCTV y ANV- sentó a 35 acusados. En octubre de 2013, en el sumario 35/02, el conocido como caso de las ‘Herriko Tabernas’, sentó en el banquillo a 40 personas. En los dos primeros casos la izquierda abertzale accedió a acordar con la Fiscalía y las asociaciones de víctimas para evitar que los acusados ingresaran en prisión. En el tercero, el acuerdo permitió una sustancial rebaja de las condenas, evitando así en la mayoría de los casos su ingreso en la cárcel.

Reconocer las acusaciones

Hasta el tiempo de los acuerdos con la justicia la actitud había sido otra. Los encausados se defendían incluso cuestionando al tribunal, pero evitaban pactar. Los presos en las cárceles no accedían a beneficios penitenciarios por directriz de ETA y el frente político no debía buscar pactos para librarse de la pena de prisión.

Ahora Otegi ha vuelto a descalificar al poder judicial, el 'albatros togado', dijo, con el que el entorno que lidera pactó mientras el cumplía la condena ahora suspendida. Todo comenzó a cambiar en 2013 con el sumario 35/02. En la Audiencia Nacional se juzgaba a la dirección de HB, Batasuna y Euskal Herritarrok. El retraso en el procedimiento -duró 14 años- hizo que por dilaciones indebidas la Fiscalía rebajara la petición de penas para la mayoría de ellos por colaboración con ETA y reclamó condenas de entre 1,5 y 3 años y de 4,5 años, frente a los 12 años iniciales, para los principales encausados.

Sólo unos meses más tarde, en enero de 2014, la Fiscalía y los acusados volvieron a entenderse. En esta ocasión la sintonía fue plena hasta el punto de alcanzar la conformidad en la sentencia. El juicio contra los 35 procesados por pertenencia a Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) se saldó con condenas mínimas que no supusieron la entrada a prisión de ninguno de los acusados. Todos ellos accedieron a reconocer que fueron “instrumentalizados” por ETA y que provocaron “daño a las víctimas”.

Aquel acuerdo entre Fiscalía, acusaciones –AVT y DyJ- y la izquierda abertzale suscitó un gran rechazo en amplios sectores del independentismo vasco. En particular, entre el colectivo de presos de ETA que cumplía condena en prisión. El entonces portavoz de Sortu, Pernando Barrena, –hoy eurodiputado de EH Bildu-, defendió el pacto asegurando que la oferta de la Fiscalía no fue “negociable” y que era en ella donde se apuntaba que formaron parte de la estructura de la banda. Barrena sin embargo defendió que ellos siempre actuaron con legitimidad para llevar a cabo una labor política, encaminar el escenario social y político “hacia la paz y ausencia de violencia”. Añadió que el acuerdo alcanzado abría un precedente digno de ser aplicado en “situaciones similares”. Mientras justificaba el pacto para evitar la entrada en prisión Otegi y el resto de condenados cumplían ya su cuarto año en prisión por el ‘caso Bateragune’.

La última 'batalla judicial'

Años más tarde la técnica del acuerdo con la Justicia y las asociaciones de víctimas para evitar la cárcel se repitió. En septiembre de 2019 la izquierda abertzale acumulaba meses de movilización en defensa de los 47 encausados por el caso ‘Herrira’. En este procedimiento decenas de abogados y profesionales de otros ámbitos estaban acusados de integrar una estructura de apoyo a los presos de ETA que estaría encargada de hacer un seguimiento y control del colectivo. El 14 de septiembre miles de personas se manifestaron en Bilbao en señal de apoyo. Para entonces los términos del acuerdo ya estaban cerrados pero se ocultaron mientras una multitud recorría las calles de Bilbao en contra del proceso. La vista que comenzaba dos días más tarde en la Audiencia Nacional apenas se prolongó media hora, la necesaria para cerrar el acuerdo de conformidad.

45 de los procesados no pisarían la cárcel. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la acusación ejercida por las asociaciones de víctimas habían cerrado las vísperas un acuerdo por el que reconocían las acusaciones y se rebajarían las condenas. La acusación de integración y colaboración en organización terrorista, enaltecimiento y financiación del terrorismo sólo sería castigada con penas de 3,5 años –frente a los 14 iniciales- para los principales procesados, y un año y medio –frente a los 11 iniciales- para el resto. Todos ellos reconocieron con un ‘Bai’ la acusación ante el tribunal de la Audiencia Nacional que presidía Alfonso Guevara. En su defensa esgrimieron que su labor fue trabajar “por la paz, por la convivencia y para vaciar las cárceles”. Finalmente sólo la abogada Arantza Zulueta y Jon Enparantza tuvieron que ingresar unos meses en la cárcel para cumplir la condena de tres años, gran parte de la misma ya habían cumplido tras ser detenidos.

Ahora Otegi y el resto de procesados preparan su defensa. Anuncian que darán la batalla y cuestionan incluso que finalmente el nuevo juicio por el ‘caso Bateragune’ llegue a celebrarse. La Fiscalía fue la que impulsó la repetición que ahora ha concedido el Supremo, quizá también, como en ocasiones anteriores, sea el Ministerio Fiscal quien plantee un acuerdo.