Cuatro de los ministros que residen en viviendas del Estado cobran también la dieta que abona el Congreso a todos los diputados para sufragar los gastos que les ocasiona la actividad parlamentaria. Se trata de una indemnización exenta de tributación y cuya cuantía puede alcanzar los 1.959,62 euros mensuales si el beneficiario se presentó a las últimas elecciones generales por una circunscripción diferente a Madrid.

De acuerdo con la información publicada por el diario La Política Online, basada en datos ofrecidos por los departamentos ministeriales a través del Portal de la Transparencia, 12 de los 22 integrantes del Gobierno de coalición viven en inmuebles que son de titularidad del Estado: diez del PSOE y dos de Unidas Podemos.

Junto a Pedro Sánchez, hay cuatro ministros que mantienen actas de diputados, lo que lleva aparejada la percepción de una cantidad fija mensual que no es incompatible con sus sueldos de altos cargos. Se trata de Carmen Calvo (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática), José Luis Ábalos (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), María Jesús Montero (Hacienda) y Yolanda Díaz (Trabajo y Economía Social).

"Cubrir los gastos"

El régimen económico que regula las retribuciones de los diputados prevé una indemnización mensual fija para "cubrir los gastos" que genera la actividad de la Cámara y que se suman al sueldo base (3.050,62 euros) y al complemento que les corresponda en función del cargo que desempeñen (entre 3.337,60 y 756,27 euros). En la actualidad, la cuantía de dicha dieta es de 1.959,62 euros para los parlamentarios de circunscripciones distintas a la de Madrid y de 935,37 euros para los que concurrieron a los últimos comicios por dicha provincia.

De los cuatro, a tres (Ábalos, Montero y Díaz) les corresponden 1.959,62 euros mensuales al haber obtenido sus actas de diputado por Valencia, Sevilla y Pontevedra. Carmen Calvo sí se presentó por Madrid, figurando como número dos de la lista del PSOE tras Pedro Sánchez y por delante de José Manuel Franco (hoy delegado del Gobierno en la comunidad).

Tanto la vicepresidenta segunda como el titular de Transportes viven por razones de seguridad en residencias del Estado pese a disponer de viviendas en Madrid. La primera es titular del pleno dominio de un inmueble adquirido en 2014, según detalla en su declaración de bienes y rentas. El socialista valenciano, por su parte, es copropietario de un estudio de 37,5 metros cuadrados.

La cuantía de la indemnización es de 935 o 1.959 euros, dependiendo de si la circunscripción por la que concurrió a las elecciones es Madrid

Existen otros tres miembros del Gobierno que también perciben esta indemnización como representantes en la Cámara Baja, si bien éstos residen en sus propios domicilios. Se trata de Pablo Iglesias (Derechos Sociales y Agenda 2030), Irene Montero (Igualdad) y Alberto Garzón (Consumo).

En su artículo 8.2, el Reglamento del Congreso consagra el derecho de los diputados a percibir "las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función". La ordenanza no establece que dicho cobro sea "irrenunciable", como sí detalla de forma expresa la del Senado (artículo 23).

La cuestión es qué gasto le supone la actividad parlamentaria al presidente del Gobierno y a los ministros-diputados que viven en residencias del Estado y disponen de vehículo oficial. Si existe tal coste se estaría produciendo en la práctica una discriminación, por cuanto el resto de integrantes del Ejecutivo no percibe compensación alguna y también tienen que acudir a las cámaras legislativas a rendir cuentas.

Renuncias en el primer estado de alarma

Que no hay obstáculo legal para renunciar a dicha dieta lo demostró durante el primer estado de alarma el diputado por Gipuzkoa Odón Elorza (PSOE), que pidió no percibir los 1.959,62 euros en la nómina de abril debido a que el confinamiento le impedía desarrollar la actividad parlamentaria y en consecuencia no incurriría en gastos al no tener que desplazarse a Madrid. "Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la presidenta del Congreso el 14 y 21 de marzo", explicó Elorza en su perfil oficial en Twitter.

El resto de diputados y senadores socialistas sí cobraron dicha asignación, pero, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la ejecutiva federal del partido el pasado 11 de mayo, la donaron (unos 380.000 euros) al Instituto de Salud Carlos III de Madrid para ayudar a sufragar proyectos de investigación en torno a la covid-19. El grupo de Unidas Podemos, por su parte, pidió que los parlamentarios renunciaran al 50 % del sueldo para luchar contra el coronavirus durante el confinamiento.

El Independiente ha intentado sin éxito conocer si el Congreso ha recibido la petición de algún diputado renunciando al cobro de esta indemnización. Dicha información no ha sido ofrecida con el argumento de que debe ser ofrecida por el parlamentario.