El sistema de inmersión lingüística no tiene ni de lejos el apoyo mayoritario que defienden tanto los partidos independentistas como los Comunes y el PSC en Cataluña. El 85% de los catalanes preferiría un sistema trilingüe de catalán, castellano e inglés (65%) o bilingüe en catalán y castellano en proporciones similares (21,1%) en la enseñanza obligatoria. Así lo acredita un sondeo de GAD3 para Sociedad Civil Catalana (SCC) presentado este lunes.

La encuesta coincide con la presentación del Informe de Política Lingüística de la Generalitat, según el cual el 94,4% de la población catalana entiende el catalán, el 81% lo habla, el 85,5% lo sabe leer y el 65,3% lo sabe escribir. Unos porcentajes que crecen desde 2013, según el Departamento de Cultura de la Generalitat, pese a que uno de cada tres residentes en Cataluña ha nacido fuera de esta comunidad según el informe.

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En plena polémica por la aprobación de la Ley Celaá, que elimina el reconocimiento del castellano como lengua vehicular, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exige la aplicación del mínimo del 25% de uso del castellano como lengua vehicular, los datos del sondeo muestran que esta opción tiene el aval del 12% de los consultados. El 21,4% defiende una enseñanza bilingüe con similar proporción de ambas lenguas oficiales y más de la mitad optan por la educación trilingüe.

El sondeo de SCC, realizado en base a mil encuesta, señala además que el 80% de los catalanes rechazan que exista discriminación por motivo de la lengua. Una mayoría defiende, además, la realización de una prueba de nivel de español común para toda España al final de la ESO.

45.000 € en Multas lingüísticas

Más allá del ámbito educativo, el sondeo muestra el rotundo rechazo a las multas lingüísticas promovidas desde la Generalitat contra los establecimientos que no rotulan en catalán. El 82% rechaza esas multas, frente a un 13% que las apoya.

Sin embargo la Generalitat mantiene su política de denuncia y sanción contra los negocios que no rotulan en catalán. Según el Informe presentado este lunes, la Agencia Catalana de Consumo impuso multas por un total de 45.125 euros, de los que 35.250 corresponden a la provincia de Barcelona, por 75 multas lingüísticas durante 2019.

Es el colofón de las 54 denuncias ciudadanas y 1.073 actuaciones inspectoras por parte de la Agencia de Consumo, de las que sólo resultaron sancionados negocios en las provincias de Barcelona y Tarragona.

Además, la Oficina de Garantías Lingüísticas de la Dirección General de Política Lingüística atendió a 4.681 consultas. Pero sólo 126 de esas consultas eran quejas por motivos lingüísticos, de las que 117 se referían a la falta de uso del catalán, siete a la falta de uso del castellano y dos se referían al aranés.