La Fiscalía del Supremo ha dejado desnudo al Gobierno

Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron la acusación en el juicio a los condenados por el intento independentista de septiembre y octubre de 2017 le han cortado todas las escapatorias posibles al Gobierno, que no va a tener más alternativa que esconderse detrás de la toga de la Abogacía General del Estado, -si es que a ésta se le ocurre alguna idea para justificar el indulto que el Gobierno planea- o directamente decir a los españoles que están dispuestos a someter al Rey Felipe a la suprema extorsión de firmar el decreto por el que él otorga la gracia a los presos sencillamente porque es lo que le conviene al Ejecutivo por razones políticas.

No va a tener otra salida porque el escrito del Ministerio Público le ha cerrado todas las gateras, todas las grietas, todas las rendijas por las que hubiera podido intentar envolver su determinación en argumentos jurídicos mínimamente solventes.

La ventaja que han tenido en este caso los fiscales Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno es que se enfrentaban a una petición de indulto –ni siquiera solicitada por los interesados- que ha sido objeto de innumerables análisis jurídicos y políticos, e incluso de declaraciones de los propios interesados en el sentido de su nula voluntad de arrepentimiento y su determinación repetidamente formulada de que lo volverán a hacer.

Si sigue adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez en su intención de conceder el indulto a los independentistas presos, lo convertiría en cómplice político de lo sucedido en 2017

Desde ese punto de vista, la Fiscalía tenía todos los argumentos jurídicos y toda la información política a su disposición convenientemente ordenada y dispuesta sobre su mesa. Y, en un escrito de una contundencia imbatible, no han tenido más que ir cogiendo con las pinzas de la ley todos y cada uno de ellos para, una vez examinados, desmontar con la ley en la mano todo aquello que pudiera conducir a una escapatoria mínimamente disfrazada de legalidad.

Para empezar, afirman que este indulto tiene como propósito último vaciar de contenido una decisión judicial del más alto tribunal español, algo para lo que de ninguna manera está diseñada esa medida de gracia. “No se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales” y que se pueda utilizar cada vez que se discrepa del sentido de una sentencia u, ojo a esto, “ante la pura conveniencia de una situación política global”.

Los fiscales están diciéndole al Gobierno que sus necesidades electorales en Cataluña, su interés en que ERC gane las elecciones de febrero o su aspiración de mantenerse en el poder durante lo que queda de legislatura apoyándose en la coalición de Podemos, los de Bildu y los independentistas catalanes no entran de ninguna manera en los supuestos en los que puede basarse la concesión de un indulto.

Para seguir, los fiscales hacen foco en los condenados, unos “gobernantes desleales” porque intentaron romper la Constitución, y también “corruptos” porque utilizaron fondos públicos para cometer sus actos delictivos a los que, con esta medida de gracia, se privilegiaría sin justificación alguna rompiendo escandalosamente la legalidad democrática. No hay razones ni de equidad, ni de justicia ni de utilidad política que pudieran justificar mínimamente la concesión de un indulto, dicen.

Al contrario, la conducta de todos ellos, “con una falta de lealtad democrática sin precedentes”, ha consistido no sólo en su intención repetidamente anunciada de organizar otro intento de asalto al marco legal de convivencia de todos los españoles, al que han seguido atacando dentro y fuera de nuestro país con la gravísima acusación de que España no era una democracia, sino que han descalificado al Poder Judicial español con la afirmación, que ellos querían disfrazar de denuncia, de que ni eran tribunales independientes, ni imparciales, ni atendían a criterios democráticos, por lo cual han afirmado repetidamente que ellos eran presos políticos perseguidos por defender una idea.

Si el Gobierno decide indultarles, tendrá que asumir públicamente que es compinche de los indultados, que se les pone en libertad porque le conviene

Los fiscales del Supremo no hacen sino recordar someramente lo sucedido en España con estos presos independentistas en los últimos años, sin añadir nada que no conozcamos todos los españoles. La fuerza de su escrito es que lo vuelve a formular, esta vez no como acusación sino como argumento, para oponerse luego con toda la fuerza de su descripción a la pretensión nunca ocultada del Gobierno de poner a los condenados en la calle.

Y es ese relato judicial el que, si sigue adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez en su intención de conceder el indulto a los independentistas presos, lo convertiría en cómplice político de lo sucedido en 2017.

Y eso es así porque todo el mundo sabe que no existe la menor brizna de arrepentimiento y que existe, por el contrario, la voluntad decidida de repetir el intento de derribar la Constitución con el mismo o distinto procedimiento.

Por eso, si el Gobierno finalmente y a pesar de todo decide indultarles, tendrá que asumir públicamente que es compinche de los indultados, que se les pone en libertad porque al Gobierno le conviene independientemente de la sinrazón jurídica y de mera equidad de la medida y que se les da el delito por perdonado sin ningún motivo que lo justifique.

Sobre todo si lo que se pretende es levantarles el castigo de la inhabilitación absoluta a la que han sido condenados, también por malversación de caudales públicos.

Los fiscales se detienen igualmente en cegar uno de los posibles resquicios que algunos juristas han querido encontrar en el artículo 102.3 de la Constitución, que dice que ni al presidente ni a los demás miembros del Gobierno que tuvieran responsabilidad criminal se les podrá aplicar medida alguna de gracia cuando la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. El argumento de estos juristas es que la Carta Magna no dice nada de los presidentes autonómicos y sus consejeros.

Pero es que cuando la Constitución fue aprobada en referéndum el 6 diciembre de 1978 y entró en vigor días más tarde, las autonomías no existían, de modo que difícilmente su articulado podía regular algo inexistente. Los estatutos vasco y catalán, los primeros en entrar en vigor, se aprobaron en referéndum por sus respectivas poblaciones en octubre de 1979 y las primeras elecciones a sus respectivos parlamentos se celebraron en marzo de 1980. Es decir, 15 meses después de aprobada la Ley Fundamental.

Así que no se sostiene la idea de que la Constitución prohíba aplicar el indulto al presidente y a los ministros de un gobierno con responsabilidades penales y permita en cambio que sí se aplique a los presidentes autonómicos y a sus consejeros.

Los fiscales insisten además en lo obvio: en que lo perpetrado por Junqueras y los demás condenados no se circunscribió a asuntos autonómicos. Muy al contrario, se trató de un ataque deliberado y planificado “al núcleo esencial del Estado democrático, representado por su Constitución, la soberanía nacional, la unidad territorial y el respeto a las leyes como principios vertebradores del Estado constitucional”.

El escrito de los fiscales tiene tal fuerza que ha dejado ya completamente desnudo al Gobierno, y eso que todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo

Ése que el Gobierno maquina, dice la Fiscalía, no corresponde en modo alguno a la filosofía ni al espíritu de la medida de gracia. Hay que oponerse, pues, a que ese indulto “inadmisible” pueda aplicarse, porque se haría “lejos de los parámetros de justicia, como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios”. Que es exactamente lo que está en el fondo, y en la superficie, de este propósito de Pedro Sánchez.

Y, por si no había quedado suficientemente claro, advierten al Gobierno que el carácter discrecional a la hora de aplicar una medida de gracia como la que pretende “no legitima la arbitrariedad, ni la desviación de poder ni el alejamiento de la legalidad”. Es una desautorización de plano.

El escrito de los fiscales tiene tal fuerza que ha dejado ya completamente desnudo al Gobierno, y eso que todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo. No puede escaparse por ningún resquicio jurídico porque no lo hay.

Lo único que puede hacer, si está realmente decidido a burlarse de una sentencia judicial tan impecable y ajustada a Derecho como la de TS de 14 de octubre de 2019 y a la demoledora opinión de los fiscales del Alto Tribunal es reconocer que no tiene más argumento que su conveniencia inmediata. Un “lo hago porque me interesa y porque me sale a mí de …”.

Pero eso tendrá probablemente también un alto precio en términos electorales, y hay que decirlo ahora porque en todo lo que se mueve en ese parámetro, la clase política sí entiende las cosas.