Los pasos que ha dado el Gobierno para allanar el camino de indultar a los presos del procés son pequeños, pero firmes. Las declaraciones de Ábalos en una entrevista para La Vanguardia este domingo volvieron a prender una mecha que ya había sido encendida en alguna ocasión por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando anunció hace unos meses en el Congreso que su departamento daría comienzo a la tramitación de las peticiones de indulto hacia los dirigentes independentistas, una "obligación legal", a juicio del Gobierno.

El ministro de Transportes avivó ayer la polémica al defender en el citado medio que la "obligación moral" del Gobierno es "aliviar tensiones" con Cataluña en relación a la tramitación de los indultos, al tiempo que pedía respeto por las decisiones que tome al respecto el Ejecutivo en el ámbito de sus competencias. "No se puede situar la convivencia al borde del precipicio y seguir dando empujones al vacío", sostenía Ábalos, quien defendió incluso que los políticos condenados participasen en las elecciones del 14-F porque, bajo su prisma, "todas las voces han de ser escuchadas".

Y este lunes, lejos de dar un paso atrás en las intenciones que dejó caer José Luis Ábalos, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha suscrito esa "obligación" del Ejecutivo a tramitar los indultos de los líderes independentistas y ha cuestionado incluso el informe de la Fiscalía, contrario a condonar a los presos del 1-O, al señalar un delito que el Tribunal Supremo "no identificó".

En todo caso, la dirigente socialista ha añadido, en una entrevista para TVE, que a cada organismo corresponde una parte en la cuestión de los presos catalanes: al Ministerio Fiscal, emitir un informe; y al Gobierno, tomar la decisión final. Y esa decisión puede ir en los dos sentidos: "en función de lo que emiten los informes" o "al contrario" de los mismos. Preguntada por la posibilidad de que el proceso de tramitación finalice antes de las elecciones autonómicas catalanas, Calvo no lo ha descartado, aunque ha pedido no ligar una cosa con la otra. "Los plazos de un indulto no pueden depender de unas elecciones", ha reivindicado.

En el PP se han revuelto contra la intención -a su juicio "muy madurada"- de conceder los indultos a los presos independentistas. El más contundente ha sido el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, quien ha advertido que el Gobierno podría cometer "auténtica prevaricación" si sigue adelante con el proceso y libera a los líderes del procés.

"Conceder un indulto en contra de los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, unido a la ausencia de arrepentimiento por parte de los golpistas, no sólo es un acto ilegal, sino que podría ser una auténtica prevaricación", ha escrito el portavoz de Justicia del PP en Twitter. También ha condenado la "decisión" del Gobierno sobre la tramitación de los indultos el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, quien ve a Sánchez con una "perspectiva favorable" para concederlos pese a que no se dan "las condiciones" para ello.

"Tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay, ¿cómo se va a indultar? Si han dicho que lo van a volver a hacer. La obligación moral del Gobierno es que se respete la ley y la Constitución", ha defendido Almeida, en una entrevista para RNE.

Ley de la Corona

El discurso del Rey Felipe VI la pasada Nochebuena volvió a servir de excusa a un amplio sector de la izquierda para atacar la monarquía parlamentaria y plantear el debate sobre el futuro de la institución frente a un horizonte republicano. En concreto, Unidas Podemos anunció que registraría en el corto plazo una nueva proposición de ley sobre la Corona en el Congreso para regular "qué puede hacer el rey y qué no", según trasladó el presidente de la formación morada en la Cámara Baja, Jaume Asens.

Este lunes, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sí ha abierto la puerta a que en el futuro el Gobierno, también el ala socialista del Gobierno, plantee cambios legislativos en la Corona, aunque de una forma diferente a la que plantean los de Iglesias, primando la "interlocución" entre el Ejecutivo y Zarzuela para "la mejora de nuestro modelo constitucional".

"El Presidente y el Rey tienen puesto rumbo al futuro de la monarquía parlamentaria en nuestro país", ha aseverado Calvo, en una entrevista para TVE. Además, la dirigente socialista ha cuestionado indirectamente las críticas lanzadas desde Podemos al discurso de Nochebuena de Felipe VI -los morados tildaron de institución "corrupta" la monarquía parlamentaria y de "propaganda" el mensaje del Rey por no condenar directamente los escándalos fiscales de su padre-, y ha pronunciado una dura enmienda a las intenciones de sus socios de coalición: "Felipe VI está en el presente y en el futuro de este país", suscribía.

"El Gobierno está comprometido con la Constitución y con la monarquía parlamentaria. El Rey dejó claro que la ética está por encima de los valores familiares", reiteraba Calvo, cogiendo el testigo de la presidenta del PSOE que ya el pasado 25 de diciembre aseguró que la formación compartía el discurso de Felipe VI y confiaba en el espíritu "renovador" del que hace gala el jefe del Estado.