La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido a la dirección del Cuerpo que reclame al Ministerio de Sanidad la inclusión en los dos grupos prioritarios de vacunación frente a la covid-19 -personas mayores y profesionales encargados de su cuidado y personal de primera línea en el ámbito sanitario- a los agentes que tienen contacto directo con la población en el desarrollo de su trabajo, dada la "alta exposición" que conlleva tratar a diario con posibles portadores del virus.

Así lo plantea la organización sindical en un escrito enviado al director general de la Policía, Francisco Pardo, al que reclama información detallada sobre el plan de vacunación previsto en el Cuerpo a fin de conocer qué áreas policiales serán las primeras en recibir las dosis, cómo se distribuirán geográficamente las partidas que se reciban y qué centros se habilitarán para la administración de la vacuna a los funcionarios.

"La ausencia de noticias hasta la fecha nos hace dudar seriamente sobre la existencia de un Plan de Vacunación diseñado desde la Dirección General de la Policía cuando ni siquiera se han planteado la perentoria necesidad de requerir al Ministerio de Sanidad la vacunación indispensable de los funcionarios de seguridad ciudadana que están igual de expuestos al contagio que el personal sanitario dedicado a la atención de los pacientes de covid-19", plantea la CEP.

La AUGC considera prioritario inmunizar a los agentes que están en misiones en el extranjero

El sindicato no tiene dudas de que los primeros en inmunizarse deben ser los residentes en centros de mayores, el personal sociosanitario que los atiende y los profesionales que ejercen en hospitales y centros de salud, pero también aboga por que se apliquen criterios dentro de los diferentes colectivos de vacunación al objeto de que tengan prioridad aquellas personas que mantienen "contacto directo con ciudadanos susceptibles de ser portadores de la enfermedad" para no hacerlo extensivo al resto.

"Parece que nadie se ha planteado en el Gobierno que la atención y auxilio al ciudadano es el servicio por excelencia desempeñado por la Policía Nacional y que en estos tiempos, tal como se observa en el proceso de expansión de la pandemia, los funcionarios adscritos al área de seguridad ciudadana, primordialmente, son indudablemente un colectivo de alto riesgo", añade.

Invocando la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la CEP también demanda al director general de la Policía que detalle el número de funcionarios afectados por la covid-19, cuántos han tenido que permanecer aislados al haber sido contacto estrecho de casos confirmados y la media ponderada de días que han permanecido de baja tanto los funcionarios contagiados como aquellos que tuvieron que apartarse temporalmente del servicio por sospecha de haberse podido infectar.

Misiones en el extranjero

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido por escrito a la directora general del Cuerpo, María Gámez, que sean los agentes destinados en misiones internacionales los que tengan preferencia a la hora de que se administre la vacuna por ser un colectivo "especialmente vulnerable y de riesgo".

En este sentido, la AUGC recuerda que muchos de estos funcionarios desarrollan su trabajo en operaciones que se desarrollan "en países con una economía muy dañada y sin medios médicos y recursos para combatir la pandemia de modo correcto", lo que supone un "riesgo añadido" tanto para ellos como para familiares y compañeros "una vez se reincorporen a sus unidades al finalizar la comisión de servicio".

Según esta asociación, tanto el personal destinado en embajadas españolas en el exterior como los integrantes de las misiones humanitarias tendrían que ser vacunados "antes" -si no han partido aún- o "durante las citadas comisiones de servicio" -si ya se encuentran allí- para reducir riesgos. "Unas medidas que sin duda irán en beneficio del colectivo de la Guardia Civil y que esperemos que María Gámez tome pronto en consideración y así lo traslade al Ministerio de Sanidad para que den los pasos necesarios para la vacunación de este grupo de riesgo", añade.

La AUGC recuerda que el Instituto Armado fue "el segundo colectivo de trabajadores públicos más afectado desde el inicio de la pandemia después del de sanitarios", habiéndose cobrado la vida de al menos una decena de agentes. El último fue el jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, Miguel Ángel González Reina, fallecido el pasado 12 de diciembre.