Es una estructura compleja que no deja de crecer. La Administración pública en Euskadi se prepara para afrontar en los próximos años un ambicioso plan de modernización y renovación de sus plantillas. El Gobierno vasco ultima ya la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en ámbitos clave de los servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la Administración. Lo hace después de sumar ejercicios en los que las plantillas, tanto del Ejecutivo autonómico como de diputaciones, ayuntamientos y Entes públicos, no ha parado de aumentar.

Actualmente Euskadi, con una población de poco más de 2,1 millones de habitantes, cuenta con casi 140.000 empleados públicos –sin contar los dependientes del Gobierno central-, lo que equivale a un ratio de un empleado público por cada 15 habitantes. Plantillas que lejos de recortarse han continuado engordando anualmente. Este año 2020 cerrará con casi un 7% más de trabajadores públicos que hace cuatro ejercicios. En 2016 el País Vasco contaba con cerca de 9.000 empleados menos que en la actualidad en sus distintos niveles administrativos.

Unas plantillas que se prevé que sigan creciendo a lo largo de esta legislatura. Si bien en una gran parte las plazas que se convocarán en la administración vasca, -10.720 en total-, estarán dirigidas a suplir jubilaciones o a dotar de estabilidad a trabajadores interinos, también se incluyen puestos de nueva creación que ampliarán las estructuras.

En los últimos cuatro años las plantillas han crecido de modo desigual. El mayor aumento se produjo entre 2018 y 2019, con un aumento del 3,4%. Cada año la Administración pública vasca crece en cerca de medio millar de trabajadores.

Duplicidades e ineficiencias

En Euskadi conviven cuatro niveles administrativos. Además de los tres vascos, Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, existe otro nivel dependiente del Estado. Este complejo tejido administrativo ha sido motivo de crítica por la proliferación de estructuras y organismos en los que ha derivado y por las duplicidades e ineficiencias en las que incurre en una comunidad autónoma pequeña como es la vasca. La disputa competencial entre cada uno de los niveles ha impedido por el momento afrontar una optimización de recursos y una reorganización más eficiente de las estructuras para evitar duplicidades. La última vez que se puso en marcha un intento por racionalizar el conglomerado público fue con el Gobierno de Patxi López. En 2011 un estudio encargado por Lehendakaritza detectó un cúmulo de duplicidades entre las administraciones que llegó incluso a cuantificar en 403 millones de euros.

El estudio asignó al Gobierno vasco el 30% de las duplicidades, el 50% a las diputaciones y un 20% a los consistorios. El campo en el que más se detectó que dos o más administraciones abordaban el mismo problema fue el económico y laboral. El foco de duplicidades se puso sobre áreas como las políticas de impulso económico, el empleo o la formación.  

El funcionariado dependiente de las instituciones vascas ocupa, junto a los de Navarra y Cataluña, los puestos de cabeza entre los empleados públicos mejor remunerados del país. Un estudio elaborado por el CSIF concluía, por ejemplo, que un funcionario de nivel A1 en Euskadi podría llegar a percibir hasta 21.600 euros más que uno en el mismo puesto de la Administración General del Estado. En los niveles 22 y 28 también los empleados vascos son los mejor pagados del conjunto de trabajadores públicos.

Como todos los Gobiernos, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha cuidado las condiciones laborales de sus trabajadores. Sólo en los tres últimos años ha incrementado los salarios públicos un 6%. Incluso este próximo y económicamente difícil 2021 los trabajadores públicos verán mejoradas sus nóminas en un 0,9%. Los cuatro ejercicios anteriores también se les aumentaron las nóminas: un 1,75% en 2018, un 2,25% en 2019 y un 2% en 2020.

10.000 plazas más en cuatro años

Estabilizar las plantillas es otro de los objetivos que se han marcado los responsables públicos. Actualmente en el conjunto de los trabajadores de los distintos niveles de la administración la condición de funcionario sólo la posee el 61% de los trabajadores. Otro 37,5% es personal laboral, al que en las próximas oposiciones anunciadas por el Gobierno se le concederá prioridad para obtener la condición de funcionario. El 1% restante corresponde a altos cargos de la Administración.

El proceso de renovación prevé también dar un impulso a la modernización y digitalización de la Administración. Se primará la entrada de empleados públicos de menos de 35 años, un perfil que facilitará la transición ahora más lenta, en gran medida por la edad de amplios colectivos de la función pública, hacia la modernización de servicios.

De los 139.885 trabajadores públicos con los que se cierra este año en Euskadi la mayoría la componen las mujeres. La feminización de la Administración pública es una realidad que se mantiene constante. Actualmente seis de cada diez trabajadores del Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos son mujeres, el 63%. Una fotografía que varía en los niveles más altos de la Administración. Los puestos de alto cargo cuentan con una mayor presencia de hombres. En el País Vasco este nivel de la función pública lo ocupan los 1.342 altos funcionarios dependientes de la Administración.

La maquinaria administrativa que ha ido creciendo en los últimos años lo ha hecho tanto en el Gobierno vasco como en el resto de niveles públicos. En Euskadi la estructura dependiente del Ejecutivo autonómico absorbe a casi el 65% de los trabajadores públicos: lo integran más de 90.000 empleados. En los 250 ayuntamientos vascos se emplea a casi 27.000 y en las diputaciones no llegan a 12.000. Además, el resto de organismos públicos autónomos cuentam con algo más de 10.500 trabajadores.