Hace menos de dos años que todo comenzó a cambiar. El apoyo de la izquierda abertzale al Gobierno de Pedro Sánchez ha precipitado un viraje de la política penitenciaria que hasta ahora venía aplicando el Ejecutivo español al colectivo de presos de ETA. Si bien la dispersión y alejamiento de los reclusos de la banda aún continúa, desde el verano de 2018 se ha reducido de modo muy notable. Cuando el Gobierno PSOE-Unidas Podemos accedió a Moncloa nueve de cada diez etarras presos cumplían condena en prisiones alejadas a más de 400 kilómetros del País Vasco, hoy lo hace sólo la mitad del colectivo.

El Ministerio del Interior cerró el año pasado con el que ha sido hasta ahora el más numeroso acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi. El pasado 30 de diciembre se aprobó acercar a 11 reclusos de la banda terrorista. Con ellos son ya 144 los traslados autorizados desde el verano de 2018 y que han beneficiado a 133 reclusos.

Sin embargo, desde la izquierda abertzale se advierte al Gobierno de que con esto no basta, que con acercar a los presos de ETA no es suficiente y que el objetivo debe ser que todos ellos ingresen en prisiones vascas. Centros penitenciarios que en apenas dos meses deberían estar gestionadas ya por el Gobierno vasco. El Ejecutivo de Urkullu tiene ya ultimado el documento que oficializará antes de finales de marzo la cesión de la competencia de gestión penitenciaria. Se trata de una competencia recogida en el Estatuto de Gernika y que la aún ministra de Política Territorial, Carolina Darias, quiere dejar resuelta a su sucesor si, como se apunta, pasará a ser la titular de Sanidad tras la salida de Salvador Illa.

Desde el entorno del PNV se han felicitado por poder cerrar los últimos flecos que permitirán a las autoridades vascas gestionar el personal, las instalaciones y el día a día de los presos de las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri. En la actualidad las tres prisiones cuentan ya con 26 presos de ETA, doce veces más de los apenas 2 que cumplía condena en cárceles vascas cuando Sánchez accedió a Moncloa. Hasta hace poco tan solo los presos acogidos a la llamada 'Vía Nanclares' eran acercados a Euskadi.

A menos de 200 Km

Esta vía estaba reservada a los presos que se desmarcaran de la violencia, colaboraran y reconocieran el daño causado. Muchos de ellos mantuvieron encuentros con sus víctimas. Ahora, los traslados se autorizan bien por haber cumplido la mayor parte de la pena o bien por haber firmado un documento en el que se reconoce el daño causado. Si bien inicialmente el Ejecutivo reservó esta medida a presos sin delitos de sangre, por el momento entre los acercamientos figuran casi medio centenar de presos condenados por asesinato.

Avances en materia penitenciaria que siguen siendo insuficientes para EH Bildu que este sábado movilizará a sus simpatizantes y organizaciones afines para reclamar el final del alejamiento. A comienzos de este 2021 las juventudes de la izquierda abertzale recorrieron las calles del País Vasco en numerosas concentraciones en las que exhibieron las imágenes de los etarras aún presos y a los que mostraron su apoyo. Portavoces de Ernai –la organización juvenil- expresaron su simpatía por el colectivo de presos EPPK y reclamaron al acercamiento al País Vasco y la liberación de los presos.

El sábado en 216 localidades vascas están convocadas concentraciones por parte de Sare, el colectivo de apoyo a los presos de ETA. Tradicionalmente a comienzos de enero promueve una gran manifestación en Bilbao en apoyo a este colectivo y que en esta ocasión, a consecuencia de la pandemia, se ha transformado en actos minoritarios dispersos por diferentes municipios. Sare considera que los cambios aplicados por el Gobierno en esta cuestión deben ser “valorados” positivamente pero recuerda que no han supuestos el final de la política de dispersión que el PSOE implantó en 1989 a los presos de ETA. Reclama que todos los reclusos de la banda terrorista “estén en Euskal Herria”. Demanda además que se acelere la progresión de grado a los presos, que en su mayor parte, en 107 de los 188 etarras en prisión, aún se encuentran en primer grado.

Es innegable que en lo relativo a su alejamiento, la situación de los presos de ETA ha mejorado de modo significativo en los últimos meses. De los 188 presos que cumplen condena, más de un centenar lo hace ya en prisiones ubicadas en un radio de menos de 200 kilómetros. La fotografía de la dispersión ha cambiado de manera rotunda en sólo dos años y medio, desde que en agosto de 2018 se activó la política de acercamientos llevada a cabo por el Ejecutivo y que semanalmente suma entre media docena y una decena de traslados.

Una treintena, en Francia

Hace sólo tres años en nuestro país y en prisiones francesas cumplían condena casi 300 presos de la banda, hoy son 218. En este tiempo han salido en libertad 80 presos de ETA, muchos de ellos retornando a sus lugares de origen con actos de bienvenida u ‘Ongi Etorris’. Homenajes que en alrededor de un centenar de casos han quedado acreditados por el Observatorio de Radicalización del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

En este tiempo el número de presos que cumplía en cárceles alejadas entre 600 y 1.100 kilómetros de Euskadi se ha reducido de modo importante. A comienzos de 2018 dos de cada tres presos de ETA -153- estaban encarcelados en alguna prisión ubicada a esa distancia, fundamentalmente en cárceles de Andalucía y el levante. Hoy, en cambio, tan sólo lo hace el 29% del total y todo apunta a que buena parte de los 54 etarras presos en las cárceles más alejadas también serán trasladados en próximas semanas. Las dudas radican sobre el reducido grupo de presos que no ha solicitado el traslado y que mantiene posiciones críticas con el colectivo mayoritario, el EPPK, y la izquierda abertzale que lidera Arnaldo Otegi.

En Francia también cumplen condena un numeró importante de presos de la banda, pese a que las puestas en libertad y las entregas a España lo han reducido desde 2018. Entonces, 61 reclusos de ETA cumplían su condena en prisiones galas, frente a la treintena que lo hace ahora. El Gobierno de Macron fue el primero que procedió a un acercamiento progresivo de los presos a las cárceles más próximas al País Vasco, como Mont de Marsan y Lannemezan.