La Audiencia Nacional investigará a Johnson & Johnson Estados Unidos por un presunto delito de publicidad engañosa en la comercialización de las prótesis de cadera ASR en España que llegaron a implantarse en 1.471 pacientes de distintas comunidades autónomas, provocando problemas médicos. Algunos de los afectados han tenido que ser operados hasta en tres ocasiones.

La Sala de lo Penal ha ordenado ampliar la investigación -que sigue el Juzgado Central de Instrucción 6 contra la filial española Johnson & Johnson S.A., distribuidora de las prótesis y DePuy Internacional Ltd., fabricante,- a la matriz americana Johnson & Johnson EEUU porque como denunciaron los afectados y asumen los magistrados es "la que tiene en todo momento el control de la mayoría de los hechos posiblemente delictivos puestos de manifiesto en la causa y, ente ellos, el presunto delito de publicidad engañosa".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, en un auto ponencia del magistrado Juan Francisco Martel al que ha tenido acceso El Independiente, admitió en septiembre el recurso de apelación presentado por los 43 afectados y denunciantes contra la decisión del Juzgado de no ampliar la querella a Johnson & Johnson EEUU. La resolución instó por tanto a continuar con la investigación que asumió el juez de refuerzo Alejandro Abascal y ampliarla a la matriz americana. La compañía presentó un incidente de nulidad, que apoyó la Fiscalía, contra dicha decisión de la Sala. Pero el pasado 24 de noviembre ésta volvió a dar la razón a los afectados con un nuevo auto al que también ha tenido acceso este diario en el que rechazó el incidente de nulidad presentado por Johnson & Johnson y confirmó que la querella debe ampliarse a la matriz estadounidense.

En la resolución de la Sala de lo Penal de septiembre se afirma que "en el caso sometido a análisis comprobamos que, con el resultado de las diligencias practicadas no puede descartarse que se hayan perpetrado hechos con consistencia delictiva, no sólo por las filiales Johnson & Johnson S.A. y DePuy International Ltd, sino también por la matriz dominante Johnson & Johnson. Hechos que, sin perjuicio de ulteriores calificaciones más ajustadas pudieron constituir de momento un posible delito de publicidad engañosa previsto y penado en los artículos 282 y 288 del Código Penal".

La compañía conocía los defectos desde al menos 2005

La Sala "suscribe la mayoría de razonamientos" de los querellantes y considera que "los hechos objeto de investigación, atinentes a una materia tan sensible como la salud de las personas con ramificaciones que trascienden los contornos de nuestras fronteras, merecen una mayor actividad instructora, en averiguación, no sólo de los hechos con visos de criminalidad expuestos en la querella inicial de la causa, sino de los hechos contenidos en la ampliación de querella".

Además, los magistrados recuerdan que "la querella se circunscribe a los defectos detectados en las prótesis de cadera identificadas como ASR, las cuales eran fabricadas, anunciadas, ofertadas, comercializadas y distribuidas a través de entidades del grupo liderado por la matriz estadounidense Johnson & Johnson, que actuaba en España a través de sus filiales subordinadas Johnson & Johnson S.A. (como distribuidora) y DePuy Internacional Ltd. (como fabricante). Graves defectos que fueron puestos de manifiesto entre los años 2003 y 2010 y provocaron su retirada del mercado en Estados Unidos en 2009 y un año después en España".

La comercialización de las prótesis ASR constituye un problema global del que se han hecho eco numerosas organizaciones sanitarias

Es decir, la Sala admite, como denunciaron los afectados, que la compañía conocía los defectos de las prótesis desde al menos 2005 y aún así las comercializó en España.

Los denunciantes expusieron en su recurso contra la decisión del Juzgado de no ampliar la querella que "la documentación aportada por el testigo principal de los procedimientos judiciales que se siguen en Estados Unidos, Sr. Anthony Nargol, demuestra que desde el año 2005 DePuy International tenía conocimiento de los defectos de las prótesis", explicación que comparte la Sala. También que "la comercialización de las prótesis ASR, con el conocimiento de su defectuosidad por parte de Johnson & Johnson matriz y su filial DePuy International Ltd constituye un problema global del que se han hecho eco numerosas organizaciones sanitarias en todo el mundo y algunos investigadores especializados".

El Estado no está personado como perjudicado

La Audiencia Nacional obliga así a ampliar la querella de los afectados, y por tanto la investigación, a la conocida multinacional estadounidense a la que pertenece, sin ir más lejos, la farmacéutica Janssen fabricante de una de las vacunas del coronavirus en cuyo ensayo participan ya hospitales españoles.

Desde noviembre que se confirmó la decisión de la Sala, y a pesar de girar la investigación en torno a unas prótesis que se implantaron en hospitales de distintas comunidades autónomas, el Estado no se ha personado como perjudicado.