El expresidente catalán Carles Puigdemont y algunos de los condenados en la sentencia del procés han iniciado una nueva ofensiva legal en base a una decisión de los tribunales belgas de la pasada semana: el rechazo a entregar al exconsejero de Cultura Lluis Puig, fugado a Bélgica al inicio de la causa abierta para aclarar la responsabilidad de los miembros del Govern en el proceso independentista de Cataluña y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Desde el principio de la investigación los consejeros imputados consideraron que el Tribunal Supremo no era el competente para juzgarles, sino que debería haberlo hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el lugar donde ocurrieron los hechos y que, por tanto, se les había privado del derecho a la doble instancia judicial.

El Tribunal de Apelación belga confirmó la semana pasada que no entregará al exconsejero de Cultura fugado Puig para ser juzgado por malversación y desobediencia, como reclamó el juez Pablo Llarena en noviembre de 2019. Precisamente la principal razón que expuso el tribunal belga en su resolución -ya firme porque la Fiscalía de aquel país no recurrirá- fue que el Supremo no carecía de competencia para emitir la orden europea de detención contra él, así como que "los delitos cometidos deben ser juzgados por las jurisdicciones del territorio en el que se cometieron los hechos".

Más difícil juzgar a Puigdemont

La decisión de los tribunales belgas cayó como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo, pues complica las posibilidades de juzgar al expresidente catalán Carles Puigdemont por la puesta en marcha del procés. Hace justo un año, el instructor Pablo Llarena elevó el conocido como suplicatorio al Parlamento Europeo para que tanto Puigdemont como el otro exconsejero y eurodiputado fugado en Bélgica, Toni Comín, perdieran su inmunidad. Mantuvo la orden nacional de detención contra ambos y la europea quedó a expensas de la decisión de la Cámara. Precisamente este jueves se produce la primera reunión en el Parlamento Europeo para decidir si se les retira la inmunidad o no.

Pero, después del pronunciamiento de la Justicia belga, esta decisión pasa a un segundo plano puesto que sería difícil que los tribunales sí aceptasen entregar a Puigdemont y Comín a diferencia de lo que han hecho con Puig.

Los condenados llevan la decisión belga al TC

Por su parte, la defensa de los condenados en la sentencia del procés Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull se dirigió este miércoles al Tribunal Constitucional para reclamar la "inmediata puesta en libertad" de los tres basándose en los argumentos por los que los tribunales belgas denegaron la semana pasada la extradición de Puig.

Alega que, al considerar la Justicia belga que el Supremo no era competente para emitir una euroorden contra Puig, en caso de que se hubiera aceptado su entrega se habrían vulnerado sus derechos fundamentales. "De modo que, al dictar la orden de detención y entrega contra el Sr. Puig, el Tribunal Supremo vulneró el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE)", según el escrito al que tuvo acceso El Indpendiente. Y, por lo tanto, el abogado de los tres políticos independentistas, Jordi Pina, considera que también habría vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24 CE y 6 CEDH) contra Sànchez, Rull y Turull "al haber asumido el Tribunal Supremo una competencia territorial que no le correspondía para enjuiciar los hechos, privando adicionalmente a nuestro mandante de su derecho a la doble instancia", se puede leer en los escritos dirigidos en nombre de cada uno al Alto Tribunal pidiendo su puesta en libertad.