El Gobierno de Pedro Sánchez lleva ya invertidos en la futura sede de la Embajada de España en Caracas (Venezuela) más de nuevo millones de euros, cantidad que incluye tanto la compra del nuevo edificio como los trabajos de acondicionamiento que se ejecutan desde el verano de 2019. La actuación acumula meses de retraso respecto al calendario inicial y su presupuesto registra ya una desviación negativa superior al 15 %.

El proyecto de traslado de la legación diplomática a unas nuevas dependencias se remonta a la etapa de Josep Borrell al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El 17 de diciembre de 2018, meses después de la llegada del líder socialista a La Moncloa, España compró al Banco Nacional de Crédito un inmueble ubicado en una urbanización de la Gran Caracas -denominado Torre BNC- y que ocupa una superficie de 1.875,55 metros cuadrados.

Según se detalla en la escritura de compraventa, a la que ha tenido acceso El Independiente, el Estado español pagó por este edificio seis millones de euros. En concreto, el dinero se abonó mediante un cheque de gerencia -identificado con el número 33610967- que el entonces embajador español (Jesús Silva) dio al directivo del banco que actuó como apoderado (Luis Edgardo Escalante).

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De acuerdo con los términos pactados, la entidad financiera -de capital privado y presidida por el financiero de origen catalán José María Nogueroles- entregaría el inmueble "totalmente desocupado" en el plazo máximo de tres meses desde el acto de otorgamiento de la escritura para que pudieran empezar los trabajos de adaptación a su nuevo uso.

Cerrada la operación de compra, el Ministerio de Asuntos Exteriores contrató a la empresa local Inversiones YC CA para llevar a cabo las obras de acondicionamiento del edificio a fin de que éste pudiera albergar la Cancillería de la Embajada; el Consulado General de España; la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; la oficina comercial y otras consejerías y agregadurías. Con un plazo de ejecución de diez meses, las obras tenían un presupuesto inicial de 2.806.600,20 dólares estadounidenses (el 12,75 % de beneficio industrial) y tendrían que haberse acabado en la segunda quincena quincena del pasado mes de mayo.

El presupuesto de la obra acumula una desviación del 15 % tras pedir la constructora 400.000 euros más

No se ha cumplido ni la fecha de terminación ni la estimación presupuestaria previstas en un principio. El pasado mes de junio, cuando los trabajos debían de estar en la recta final, la constructora solicitó un aumento de 436.220,67 dólares (396.564,25 euros) respecto a la propuesta inicialmente presentada para cubrir instalaciones no incluidas en el primer presupuesto. Ello elevaba el gasto hasta los 2.948.018,97 euros.

Según se detalla en la documentación que obra en poder de este diario, entre las mejoras de las instalaciones e infraestructuras que justifican el incremento se incluye la adquisición de una planta eléctrica de 600 kVA de potencia (52.800 dólares), la construcción de un pozo profundo (28.132,50), la revisión del sistema hidroneumático (4.106,19), los bloqueadores para la esclusa (24.942,45) y sistemas de voz data-vídeo y seguridad (33.370,88).

A ello se suman otros sobrecostes relativos a los trabajos de electricidad, las obras de aire acondicionado, las instalaciones de detección y extinción de incendio, los ascensores y la plataforma de acceso y el lucernario. Por contra, se ha rebajado la cuantía de algunas partidas (como la relativa a gastos financieros o la reservada para imprevistos), lo que ha permitido compensar parcialmente el aumento sobrevenido.

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El Consejo de Ministros tuvo conocimiento de este incremento presupuestario en su reunión del pasado 9 de diciembre, cuando aprobó el acuerdo de toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para hacer frente a las nuevas necesidades surgida en la ejecución de las obras de acondicionamiento y seguridad de la Residencia del embajador -donde el opositor Leopoldo López permaneció durante año y medio- y de adecuación de la nueva sede diplomática.

Falta de seguridad

Según justificó el Ejecutivo, la tramitación de emergencia obedecía tanto por el "extraordinario incremento" de los servicios que ofrece la legación diplomática en la capital venezolana derivado de la "prolongada situación de inestabilidad política" que vive el país como por la "deficiente" seguridad que ofrecen las diversas sedes con las que opera el Estado español, sin dependencias "seguras" para que presten sus labores de protección los funcionarios policiales que se desplazan desde España.

Junto a Inversiones YC CA, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha contratado a otras dos firmas para la ejecución de estas obras. Así, Seguridad Industrial 2020 CA se encarga de la coordinación de seguridad y la prevención de riesgos laborales por 14.254,54 euros, mientras que a Consultores 200 CA se le ha confiado la asistencia técnica para la elaboración del proyecto y dirección de las obras (64.036,36 euros). Junto con la factura de la constructora, ello totaliza 3.026.309,87 euros, que, sumados a los seis millones que supuso la compra del edificio, eleva ya el gasto por encima de los nueve millones.

A preguntas de este diario, fuentes diplomáticas han informado de que el traslado de la embajada y del resto de dependencias a la nueva sede en Caracas está previsto para "finales de primavera o principio de verano", casi dos años después de que empezaran las obras (23 de julio de 2019). Las nuevas dependencias no las estrenará Jesús Silva, destituido como embajador el pasado 3 de noviembre. El diplomático sevillano llevaba al frente de la legación en Venezuela desde marzo de 2017.