La pandemia del coronavirus se desboca en España. Y los datos que ayer notificó el Ministerio de Sanidad son la prueba de ello, con 84.287 nuevos contagios en un fin de semana respecto a los 61.422 positivos que se registraron el lunes anterior. En los últimos días, muchas comunidades autónomas han endurecido las restricciones para tratar de hacer frente a esta tercera ola del Covid-19. Y también son muchas las que han considerado que el decreto de estado de alarma que aprobó el Gobierno, vigente hasta el próximo 9 de mayo, es ya insuficiente para frenar el volumen de contagios y la ingente presión hospitalaria.

La veda la abrió el gobierno de Castilla y León que encabeza el popular Alfonso Fernández Mañueco, quien encabezó desde un primer momento el frente contra el Ministerio de Sanidad y aprobó adelantar el toque de queda a las 20:00 horas de la tarde pese a ser una restricción que no tiene cabida en el decreto de estado de alarma por establecer éste que la horquilla horaria debe estar entre las 22:00 horas y las 00:00 horas de la noche.

"Hay que ser ágiles y tomar decisiones. Gobernar es decidir", justificaba en este caso el vicepresidente regional, Francisco Igea. El desafío que planteó el ejecutivo castellanoleonés recibió una respuesta contundente de Moncloa, que llevó el asunto a la esfera judicial y recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo. "Lo que está dictado debe respetarse", defendía el titular de Sanidad, Salvador Illa, cuyo departamento se inclinaba hasta hace pocas horas a no modificar el decreto de estado de alarma. "La inacción puede causar muertos", respondían en este caso fuentes cercanas a Mañueco consultadas por este medio. "Es alucinante que Sánchez delegue en las comunidades autónomas para evitar el desgaste elctoral y luego impida tomar medidas", aseveraban.

Lo que podría haberse quedado en una disputa más entre el Gobierno y una comunidad autónoma a cuenta de las restricciones contra el coronavirus ha tornado en pocas horas en un clamor generalizado que ha llevado a Salvador Illa y a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, a modular su negativa inicial y reconducir su postura respecto a la posibilidad de modificar el decreto de estado de alarma para ampliar, en este caso, los toques de queda. Y esta vez, la rebelión autonómica no sólo ha tenido como protagonistas a las comunidades del PP. El clamor se ha extendido por toda España y diversas regiones lideradas por el PSOE se han unido a la petición ante una situación que empieza a ser insostenible.

La decisión final no llegará hasta este miércoles. Será entonces cuando el Gobierno se reúna con los mandatarios sanitarios de las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, cuyo orden del día contempla una votación para modificar el decreto de estado de alarma que obligaría al Ejecutivo a rectificar definitivamente y flexibilizar el toque de queda, que no tendría que ser necesariamente idéntico en todos los territorios. Hasta 10 comunidades autónomas han anunciado ya abiertamente que se posicionarán mañana a favor de este cambio que, de resultar aprobado, tendrá que ser ratificado en el Congreso de los Diputados. En todo caso, la decisión deberá estar "basada en el consenso" de todas las autonomías, como ya adelantó Carolina Darias.

A 18 de enero, la incidencia acumulada de Castilla y León, la comunidad que ha marcado el paso al resto de autonomías es de 910 casos por cada 100.000 habitantes. En peor situación están otros territorios como Castilla-La Mancha (1006,86) o Murcia (1081,67), cuyos ejecutivos autonómicos se han unido también a la petición de adelantar el toque de queda. "Las ocho de la tarde sería aceptable por nosotros", afirmaba el socialista Emiliano García-Page, quien no ha cerrado la puerta a solicitar un confinamiento duro de carácter nacional si no hubiese "más remedio" y en cuestión de días los contagios siguiesen desbocados, otro de los debates que está también encima de la mesa. La petición de que el Gobierno habilite también a las autonomías para decretar encierros domiciliarios comienza a convertirse también en una constante de parte de algunos territorios, como solicitaba este mismo lunes el líder murciano, Fernando López Miras.

Cantabria, Cataluña, Madrid, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias y Baleares completan la lista de autonomías favorables a que el Gobierno permita una decreto de estado de alarma mucho más flexible que les permita contar con más instrumentos jurídicos para hacer frente a la tercera ola del coronavirus.. Otras, como Aragón o Comunidad Valenciana se abren a la medida, mientras regiones como Extremadura, con la incidencia acumulada más alta de España (1383,62) no se ha pronunciado al respecto.

El PP exige la dimisión de Illa

Los datos de este lunes han provocado que el principal partido de la oposición redoble su exigencia para solicitar la dimisión del ministro "no ejerciente" de Sanidad, Salvador Illa, al considerar que el país no puede "seguir ni un minuto más" con un ministro "a tiempo parcial" ante la "dramática situación" que vive el país de nuevo a cuenta del coronavirus.

Frente a la negativa inicial del máximo mandatario sanitario a habilitar a las comunidades autonónomas a ampliar el toque de queda, el jefe de filas del PP, Pablo Casado, cuestionaba la visión partidista en este caso de Salvador Illa al actuar "como el perro del hortelano" que "ni gobierna ni deja gobernar". La vicesecretaria del ramo del PP, Ana Pastor, también ha censurado en Twitter que Illa diga que "la tercera ola es cuestión de días". "No puede seguir ni un minuto más en el Gobierno", suscribía.