Las llamadas se cruzan estos días entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para llegar a un punto en común desde el que iniciar el debate sobre cómo reivindicar las funciones del órgano de gobierno de los jueces -también los nombramientos- después de que la Mesa del Congreso de los Diputados rechazara su informe, el de la Comisión de Venecia y la opinión del resto de actores jurídicos antes de tramitar la reforma legal con la que los partidos de Gobierno, PSOE y Podemos, pretenden limitar la función de nombrar del órgano cuando esté en funciones, como es el caso desde hace dos años y más de dos meses.

El próximo jueves tendrá lugar un Pleno extraordinario del que tendrá que salir una decisión unánime entre el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, y los 20 vocales. Diez de ellos, el bloque conservador, propusieron dicho Pleno después de la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de avanzar por la vía de urgencia en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sin recibir los informes que el CGPJ pidió recabar.

La mayoría de vocales del órgano entiende que tiene un mandato constitucional para seguir desempeñando sus funciones -y por lo tanto también seguir haciendo nombramientos de la cúpula judicial- hasta que no haya una renovación. Algo que no está en manos de los vocales, sino de los dos principales partidos del Congreso de los Diputados, PSOE y PP, que aunque tienen claros los términos de un acuerdo desde agosto no llegan a cerrarlo ni a anunciarlo por otros intereses políticos.

Nombramientos de primer orden a la vista

Los vocales han continuado haciendo nombramientos con un amplio consenso, y así pretenden hacerlo hasta que haya una renovación. Sin ir más lejos, la pasada semana los candidatos a presidir distintas audiencias provinciales realizaron entrevistas y está previsto que sus designaciones salgan adelante en el próximo pleno ordinario, el 28 de enero. Para el siguiente, cuando es posible que no haya acuerdo de renovación entre PSOE y PP y tampoco se haya aprobado aún en el Congreso la ley para limitar los nombramientos, habrá sobre la mesa otra tanda de nombramientos de primer orden: los de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y País Vasco; tres plazas de magistrado del Tribunal Supremo, dos en la Sala Civil y una en la Sala Social y las presidencias de las Audiencias Provinciales de Salamanca y Almería.

Mientras tanto, según trasladan fuentes del órgano consultadas por El Independiente, está previsto que del Pleno extraordinario de este jueves salga, al menos, una declaración institucional en la que se recuerden las funciones del órgano constitucional. "Lo más razonable es insistir en que se nos oiga", exponen como la vía más posible de reivindicación.

Una posible estrategia de tres pasos

Si después de emitir el documento institucional que probablemente resulte de la reunión de los vocales PSOE y Podemos siguen adelante con la reforma legal, recabando los apoyos parlamentarios para sacarla adelante, algunos vocales consultados creen que habría más pasos que podrían darse.

Uno de ellos considera que después de la declaración institucional mencionada otra opción podría ser emitir una segundo manifestación entrando en el fondo del asunto. Es decir, trasladar que la reforma legal propuesta por los partidos del Gobierno supone una injerencia en el Poder Judicial y va contra el artículo 122 de la Constitucional Española y el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como considera una buena parte del Consejo. Por último, quedaría la opción de dirigirse al Tribunal Constitucional por medio de un conflicto de atribuciones. Una decisión que no supondría la paralización de la reforma en ningún caso, pero que dejaría constancia de que el órgano ha planteado que el poder político podría haber tomado una deriva inconstitucional.

Los vocales consultados insisten en que consideran grave que los partidos de Gobierno sigan sin escuchar las advertencias del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) ni del resto de instituciones europeas sobre la necesidad de que los vocales judiciales del órgano sean elegidos por jueces y entre los jueces. Reconocen que dichas instituciones aún no se han pronunciado sobre la reforma más restringida, la segunda que han impulsado PSOE y Podemos con la que únicamente buscan limitar los nombramientos del órgano judicial cuando esté en funciones. La primera reforma que propusieron ambos partidos, ya descartada y contra la que alertaron las instituciones comunitarias, buscaba rebajar la mayoría parlamentaria en una segunda vuelta para sacar adelante los nombramientos del CGPJ.

Los vocales que propusieron el Pleno extraordinario para abordar el asunto fueron: Rafael Fernández Valverde, Wenceslao Olea Godoy, Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballesteros Pascual, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, María Ángeles Carmona y José María Macías.