El nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) empieza a imponer su sello con la remodelación del equipo directivo que afrontará la nueva etapa. José Luis Rodríguez Álvarez ha relevado a la funcionaria que desde el año 2015 estaba al frente del área de Reclamaciones (Esperanza Zambrano) y nombrará en los próximos días a un nuevo subdirector de Transparencia y Buen Gobierno en sustitución de Javier Amorós, la persona que durante los últimos tres años ocupó en funciones la presidencia del organismo hasta la designación del actual titular.

Según ha podido conocer El Independiente, Zambrano dejó de trabajar para el CTBG el pasado 8 de enero y, de hecho, su nombre no figura ya en la sección de la web corporativa en la que se detalla quién compone el organismo público independiente encargado de velar por la transparencia en las instituciones públicas. Sí sigue apareciendo el de Amorós, vinculado también desde los inicios y cuya marcha es inminente. Funcionarios de carrera pertenecientes al nivel máximo (el 30), los puestos que han venido ocupando son de libre designación y los nombramientos se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que no ha dado a conocer aún quien sustituye a Zambrano como número tres en la estructura organizativa.

Se trata de la primera medida de calado que toma el constitucionalista Rodríguez Álvarez, nombrado director de la Agencia de Protección de Datos por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la persona elegida ahora por Pedro Sánchez para acabar con la interinidad en la Presidencia del CTGB tras el fallecimiento de Esther Arizmendi en noviembre de 2017. Su designación se produjo concretamente el pasado 20 de octubre, justo seis días después de superar el examen de idoneidad al que tuvo que someterse ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados.

La reestructuración del equipo de dirección se produce después de los sonoros reveses que el CTBG ha dado al Ejecutivo en los dos últimos años. El más reciente lo constituye su decisión de amparar las peticiones de información que trataban de conocer la identidad de los funcionarios que asesoraron al Ministerio de Sanidad a la hora de decidir a qué fase iba pasando cada comunidad autónoma durante la desescalada.

El departamento que dirige Salvador Illa había rechazado inicialmente ofrecer los datos solicitados con el argumento de que comprometía la protección de datos personales si accedía a ello. Esta alegación fue rechazada de plano por Transparencia: "No solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública, máxime en situaciones extraordinarias, como la producida por la pandemia de Covid-19". 

Los viajes de Pedro Sánchez

Frente a la actitud opaca del Gobierno, el CTBG también ha consagrado el derecho de la ciudadanía a conocer los medios de transporte oficiales utilizados por Pedro Sánchez en sus viajes privados por España, otra de las polémicas que rodean la gestión del jefe del Ejecutivo desde su llegada a La Moncloa hace dos años y medio. En una sentencia fechada el pasado 20 de noviembre, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 2 no sólo respaldó dicho posicionamiento, sino que condenó en costas a la Abogacía del Estado por haber recurrido la resolución.

Con Amorós y Zambrano, el Consejo de Transparencia ha logrado importantes refrendos por parte del Tribunal Supremo a la doctrina asentada en sus resoluciones, como el hecho de que no puede negarse información elaborada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia (10 de diciembre de 2014) o que informar sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con identificación de los ocupantes es una obligación legal. Tampoco ha apreciado impedimento alguno para que la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) dé a conocer las retribuciones de su personal directivo o para que la Agencia Tributaria haga público el reparto de las bolsas de productividad, entre otros asuntos sobre los que ha tenido que pronunciarse.

Esperanza Zambrano estaba al frente de la Subdirección de Reclamaciones desde hace seis años

En artículos de opinión, Esperanza Zambrano -integrante del grupo de expertos que constituyó en su momento el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para el estudio del Proyecto de Ley de Transparencia y habitual en congresos y jornadas sobre esta materia- ha sugerido abiertamente su disconformidad con la decisión de suspender los plazos administrativos para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública acordada en el real decreto que reguló el primer estado de alarma, al entender que ello dilataría los plazos de respuesta y esa tardanza "no se corresponde con la necesidad inmediata de transparencia que necesita esta situación" de pandemia.

"Aunque el confinamiento que se deriva del estado de alarma hace incompatible el normal desarrollo del trabajo vinculado a dar respuesta a una solicitud de información, sí entiendo que sería deseable una identificación de las solicitudes vinculadas a esta crisis y darles prioridad en la respuesta. Y esperemos que esta respuesta haga real la máxima expresada en el Preámbulo de la Ley de Transparencia: 'La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política (…)'. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico", razonó en una tribuna publicada el pasado 30 de marzo en la web de la Asociación de Periodistas de Investigación (API).

Cuando compareció en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de octubre, José Luis Rodríguez Álvarez se mostró "muy honrado" por la confianza depositada en él en su momento por el socialista Francisco Caamaño -con quien se estrenó en el Gobierno en la etapa de aquél como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (2004)- y defendió que haber desempeñado responsabilidades en dos gobiernos del PSOE "no condicionó en ningún momento" su posterior actuación como director de la Agencia de Protección de Datos (2011-2015).

Un "comisario político de Sánchez", según el PP

"No comprendo que se considere que haber tenido en el pasado responsabilidades gubernamentales incapacite de por vida para el desempeño de cualquier función pública con independencia de criterio", expuso el hoy presidente del CTBG. "Actué siempre y seguiré actuando con absoluta imparcialidad e independencia", replicó al diputado del PP Vicente Betoret, que en su intervención había manifestado que se necesitaba tener "mucha fe" para pensar que no actuaría "como un nuevo comisario político al servicio del señor Sánchez" cuando fuera nombrado.

En aquella comparecencia, Rodríguez Álvarez adelantó que intentaría "exigir un alto rendimiento" para hacer "más con menos", al tiempo que reconoció que el organismo contaba con funcionarios "excelentes" y "muy comprometidos con su tarea". El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense hoy en excedencia se refirió a la insuficiente dotación presupuestaria como su "principal fuente de preocupación" y dijo que, de no corregirse esta situación, "estaría comprometido el normal cumplimiento de las funciones básicas" y sería "muy difícil" acometer los proyectos con los que llega al CTBG.

La plantilla del Consejo de Transparencia está formada por 22 empleados, tan sólo dos más que cuando este organismo se creó en 2015. Por contra, el número de resoluciones se ha multiplicado casi por cuatro desde entonces. Si en 2015 tramitó 517 reclamaciones, en 2019 -último año completo del que se tienen estadísticas- aumentaron hasta las 1.780, un 33 % más que el ejercicio anterior (1.338).