"¿Por qué el Gobierno ha delegado en las comunidades como autoridad competente para gestionar la pandemia si luego el mismo Gobierno les corta las alas?". La reflexión la hacen fuentes de una autonomía del PP, pero hasta una quincena de ejecutivos regionales habían pedido públicamente antes de este miércoles que el Ministerio de Sanidad habilitase más herramientas para contener el avance de un virus desbocado, que sigue marcando cifras de récord día tras día. A la cita crucial de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud, Illa se sentaba abierto a flexibilizar, al menos, el toque de queda ante la presión territorial. Pero no ha sido así. El ministro ha trasladado en la cita que "de momento, seguimos como hasta aquí" y no habilitará herramientas adicionales a las ya contempladas en el actual decreto de estado de alarma que el Gobierno aprobó el pasado 29 de octubre y que tiene vigencia hasta el próximo 9 de mayo.

"No se trata de añadir muchas medidas de golpe, sino de aplicar bien las adoptadas y esperar el resultado", admitía el también candidato del PSC a las elecciones catalanas. E incidía en que las herramientas jurídicas que tienen a su disposición los gobiernos autonómicos son "suficientes" como para hacer frente a esta tercera ola de la pandemia. Las cifras, no obstante, no avalan la tesis del ministro: casi tres semanas después de las navidades, los contagios no paran de escalar -ayer se registró un nuevo récord de positivos en España, con 41.576 casos- y la incidencia acumulada sigue su tendencia ascendente, con seis comunidades autónomas disparadas por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.

En su turno de palabra durante la cita con el ministro, hasta nueve comunidades autónomas de diferente signo político solicitaron oficialmente al representante gubernamental que introdujese una modificación en el actual decreto para que los gobiernos que así lo considerasen pudieran ampliar el toque de queda a las 20:00 horas e, incluso, a las 18:00 horas: País Vasco, Galicia, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y Castilla y León. A ellas puede unirse Murcia que, aunque no intervino -el consejero de Salud, Manuel Villegas, presentaba su dimisión en ese mismo momento- sí manifestó previamente su predisposición a adelantar el horario de confinamiento nocturno. Aunque no lo solicitó formalmente, fuentes solventes del ejecutivo madrileño comentan que la Comunidad de Madrid está a favor de impulsar un nuevo marco normativo que "permita margen de maniobra" a las autonomías. "Si no gobierna, que deje gobernar", sentencian, en relación a Moncloa.

Habilitar a las comunidades autónomas para decretar confinamientos domiciliarios -en el actual decreto sólo se concibe la posibilidad de encierros perimetrales- fue una petición que trasladaron también dos regiones en la Interterritorial (Galicia y Andalucía). Pero Illa difiere, al menos de momento, de la opinión de que las autonomías hayan agotado ya prácticamente todas las herramientas que contempla el marco jurídico vigente para hacer frente a semejante nivel de contagios.

A su juicio, las restricciones de la actividad económica, con la suspensión de las actividades no esenciales o el temprano cierre de la hostelería; o las limitaciones a la movilidad, con el cierre perimetral entre otras herramientas, frenarán la curva. El ministro prefiere esperar. Y confía en la "estabilización de la curva", a la que "podríamos estar acercándonos". "Son días complicados, y lo van a seguir siendo lo que nos queda de semana y de mes", justificaba. "Hemos contenido la segunda ola y vamos a contener la tercera". Preciso recordar que, a principios de diciembre, el ministro de Sanidad recordaba que el umbral de incidencia que se había fijado Moncloa eran los 25 casos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de esa tasa de 736,23 que ayer marcó el cómputo nacional sanitario.

Regiones como Andalucía o Castilla y León, gobernadas por el PP, deslizan la motivación política de una decisión que "ha sorprendido" a más de un ejecutivo. Y advierten que "mezclar criterios políticos con sanitarios tiene consecuencias", más allá de la riña entre administraciones. "Los retrasos tienen consecuencias", opinan desde la región gobernada por Alfonso Fernández Mañueco, contra la que el Gobierno activó un recurso ante el Tribunal Supremo por la decisión unilateral de esta comunidad a adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, que avalan sus servicios jurídicos.

El Gobierno "no tiene argumentos para negarse" a modificar el actual estado de alarma, según opinan desde la Junta de Andalucía. "No puede ser como el perro el hortelano, que ni gobierna ni deja gobernar", comentan, ante el enrocamiento de Moncloa y su negativa a modificar el estado de alarma. El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ya se manifestó en este sentido en su cuenta de Twitter al término de una reunión de este miércoles. "Si el Gobierno decide darnos todas las competencias en la gestión de la pandemia, debemos contar con todas las herramientas posibles", escribía. "Es un error", ratificaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

A juicio de estos y otros ejecutivos regionales liderados por el principal partido de la oposición, uno de los motivos que ven en la negativa de Illa a escuchar el clamor autonómico es el de esquivar el control parlamentario y el desgaste político que supondría llevar, de nuevo, el decreto de estado de alarma al Congreso de los Diputados. Según informó El Independiente, diversos juristas avalaron la idea de que la simple inclusión de adelantar el toque de queda en el actual decreto de estado de alarma tendría que llevar aparejada una ratificación en las Cortes, no digamos si se plantean los confinamientos domiciliarios.

Esa, junto a la proximidad de las elecciones catalanas -que de momento siguen fijadas el 14 de febrero- a las que precisamente Illa se presenta como candidato son las dos motivaciones que observan en los citados ejecutivos para postergar la habilitación de instrumentos más flexibles con el consiguiente desgaste parlamentario del Ejecutivo. Y opinan que la "irresponsabilidad" en que incurre Moncloa al tomar esta decisión frente a la opinión mayoritaria del tablero autonómico puede ser "colosal", no sólo en materia sanitaria, sino para el propio Gobierno.