El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado a las partes dos días para presentar alegaciones a su decisión de suspender temporalmente el aplazamiento de las elecciones autonómicas catalanas al 30 de mayo. El jueves a las 10 de la mañana la Generalitat y la Fiscalía deben presentar sus alegaciones, determinantes para que el Tribunal decida mantener, o no, la suspensión del decreto.

La decisión del TSJC de estimar las medidas cautelarisimas solicitadas por dos de los recurrentes contra el Decreto de prórroga electoral de la Generalitat obligaba a dar traslado de la decisión tanto a la administración autonómica, la demandada, como a la Fiscalía. Y el Ministerio Público está obligado ahora a fijar posición sobre el calendario electoral en Cataluña, una materia en la que probablemente hubiera preferido no pronunciarse.

La posición de la Fiscalía puede ser determinante, además, para la decisión final del TSJC. Que el Ministerio Público apoye los recursos contra el decreto del Govern no prejuzga la decisión final del Superior de Justicia de Cataluña, pero puede allanar el camino a una suspensión cautelar. En todo caso, la postura de la Fiscalía, sea cual sea, se leerá en clave política.

Decisión política

Si la Fiscalía se pronuncia a favor de la suspensión, los independentistas lo interpretarán como una intromisión del Gobierno en el calendario electoral catalán a través del Ministerio Público.

De hecho, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ya dio muestras de esta interpretación ayer, cuando leyó la decisión del TSJC en clave política y acusó al Gobierno de haber "presionado" a los jueces para evitar un aplazamiento electoral que los socialistas rechazan casi en solitario.

"El PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta, y todo a costa de la salud de la ciudadanía", señaló Vilalta en su perfil de Twitter. "Felicidades, Salvador Illa, ya tienes lo que querías. En las urnas, cuando sean las elecciones, no dejaremos que te salgas con la tuya".

El TSJC no decidirá a partir del jueves sobre el fondo de la cuestión -si el Govern estaba habilitado, o no, para suspender los comicios y si esa suspensión está suficientemente justificada en términos sanitarios y legales- sino si mantiene o no la suspensión cautelar del Decreto aprobado el viernes, en el que se fijaba nueva fecha electoral para el 30 de mayo.

El reloj se vuelve a poner en marcha

Pero la decisión será determinante para que las elecciones catalanas se celebren el próximo 14 de febrero. Si no se mantiene la suspensión cautelar, se hará imposible celebrar las elecciones en esa fecha, porque no habrá tiempo para cumplir el calendario fijado por la Loreg. De momento, sin embargo, el TSJC ha vuelto a activar el proceso electoral en Cataluña.

El Tribunal ya ha dado traslado de su decisión a la Junta Electoral Central (JEC), que a su vez la ha comunicado a las juntas de zona para que se reactive el calendario electoral. El reloj de los comicios ha vuelto a ponerse en marcha. La primera consecuencia es la proclamación de las candidaturas, que la JEC debia haber hecho el pasado lunes.

Sorteo de mesas electorales

El Govern ha reactivado también los preparativos, dando traslado de la decisión a los ayuntamientos y entidades locales para que completen el sorteo de miembros de las mesas electorales. Un proceso que debía acabar hoy. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado a la JEC alargar el plazo hasta el sábado para completar el sorteo.

Sin embargo, la Consejería de Acción Exterior, responsable también de procesos electorales, ha pedido por correo a los ayuntamientos que realicen el sorteo en 48 horas. Según el correo remitido ayer por el Departamento a los gobiernos locales, estos deben proceder a la elección de los miembros de la administración y de las mesas, estos últimos "entre hoy y mañana".

Se reactiva también el plazo para solicitar el voto por correo y los trámites de votación para los residentes en el extranjero.

Por contra, si el TSJC decide no mantener la suspensión cautelar del decreto del Govern, estos procesos volverían a congelarse, al amparo de la prórroga electoral decretada el vierens. En ese caso, el Govern podrá dar traslado de la prórroga electoral a la Junta Electoral Central, para que ésta defina en qué términos deben volver a convocarse los comicios.