Lo que se va a encontrar este miércoles Salvador Illa en el Consejo Interterritorial de Salud es un frente común muy amplio a favor de ampliar la hora del toque de queda, siguiendo la senda marcada por la comunidad de Castilla y León, que lo ha adelantado unilateralmente a las ocho de la tarde. A diferencia de otras ocasiones, aquí no hay distinciones en función de color político, de hecho, el contrapunto a Castilla y León, Galicia o Murcia, por poner el ejemplo de tres comunidades gobernadas por el PP, es Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que con ella no cuenten para confinar más pronto a los ciudadanos en sus casas pero apoya la petición de sus compañeros de filas.

Admiten en el Ejecutivo las dificultades para negarse a una petición casi generalizada de unos territorios inmersos en la crueldad de la tercera ola de Covid, con unas UCI que pueden acabar de colapsarse en quince días, y que reclaman más instrumentos para luchar contra la pandemia. No es, sin duda, el mejor de los escenarios a pesar de la insistencia tanto del Ministerio de Sanidad como de la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, de que todavía "hay margen" para agotar todas las posibilidades del actual decreto sin afectar más a derechos fundamentales. De hecho, se pide a los territorios que lleven las actuales medidas "al extremo"·

El PP no aclara si apoyaría una reforma del actual estado de alarma

De fondo subyace el temor de tener que pasar de nuevo por el Congreso si el actual estado de alarma sufre modificaciones de consideración, y la del toque de queda lo es sin duda. El "desgaste" de tener que recabar de nuevo los apoyos suficientes para que salga adelante parece disuadir a Moncloa, aunque lo cierto es que no debería encontrar muchas resistencias habida cuenta que lo reclaman territorios gobernados por PSOE, PP, PNV, ERC y PCR, entre otros. Tanto sea Pedro Sánchez o Salvador Illa el que pudiera comparecer, supone un sobreesfuerzo para el Ejecutivo.

Sanidad se mantiene silente con respecto a sus intenciones. Afirman que acuden a la cita "sin una posición cerrada", pero saben y temen que no hay margen de maniobra sin pasar por la Cámara Baja y eso es lo que se intenta evitar en todo momento. Por eso presentaron un decreto de estado de alarma de seis meses de duración, hasta el 9 de mayo, y, en un principio, sin ninguna comparecencia de Pedro Sánchez. De hecho, fue a través de una negociación a cambio del voto de ERC que aceptó ir a la Cámara cada dos meses.

Además, desde Génova se muestran tibios a adelantar su posición si hubiera de reformarse el actual decreto. No aclara si apoyarían un nuevo estado de alarma pese a incluir lo que exigen parte de sus barones, salvo Díaz Ayuso, que lo apoya aunque no lo aplicará.

Desconcierto en las Comunidades

Se remiten a, llegado el caso, recibir la documentación pertinente de parte del Gobierno para decidir el sentido de su voto, y esperar que sea en este caso Moncloa o Sanidad quien descuelgue el teléfono, señalan fuentes populares. La propuesta del PP pasa porque, ante la ausencia de una estrategia nacional, se dé más flexibilidad a las CCAA para que aprueben las medidas que dictan sus comités de expertos, aunque la opción ideal sigue siendo, a juicio del primer partido de la oposición, desarrollar una propuesta jurídica alternativa al estado de alarma.

Desde distintos gobiernos autonómicos consultados por El Independiente aseguran desconocer qué es lo que hará Illa. "Tenemos la esperanza de que se abran a discutirlo", dicen en una comunidad gobernada por el PSOE. Un presidente regional del PP asegura no tener "ni idea" y desde otro territorio popular admiten que "de momento no nos han comunicado nada".

El desconcierto es, pues, generalizado. De momento lo que hay es un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión unilateral de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde, sostenido sobre los informes de sus servicios jurídicos.

Los juristas coinciden en que es necesario acudir al Congreso para cambiar el decreto

Precisamente, juristas consultados por El Independiente no tienen ninguna duda de que si el Gobierno decide -aunque sea tras consensuarlo con los presidentes autonómicos- adelantar el inicio del toque de queda tendría que modificar el decreto que regula el estado de alarma y someterlo a la votación del Congreso de los Diputados para sacarlo adelante nuevamente, como establece la Ley de estados de alarma, excepción y sitio. 

Así lo entiende Jorge Álvarez, experto en Derecho Público del despacho Ontier. Considera que "la capacidad del Gobierno para modular las medidas del estado de alarma no alcanza a modificar la franja horaria del toque de queda, perfectamente delimitada en el texto del decreto del estado de alarma".

El abogado explica que el propio Gobierno central, al pedir al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la decisión del Gobierno de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20 de la tarde aludiendo a una "vulneración" del Real Decreto en el que se establecieron los términos del estado de alarma, adelanta que ni el ministro de Sanidad ni ningún presidente de comunidad autónoma puede modificar el inicio o el final del toque de queda más allá de lo establecido en dicho decreto. Tendría que modificar la redacción del punto cinco del Real Decreto 926/2000 donde se establecen las franjas y someterlo a votación parlamentaria antes de su aprobación, pues se trata de una modificación "sustancial" del texto.

El recurso del Gobierno a la medida de Castilla y León cercena toda posibilidad de eludir el Congreso

En el mismo punto se sitúa Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional en CUNEF, quien afirma que para adelantar o atrasar el toque de queda "o cambian los límites de la norma habilitante o estarían incumpliendo el decreto y, por lo tanto, la ley de los estados de alarma, excepción y sitio". El decreto con el que se declaró el estado de alarma establece las "limitaciones de circulación de las personas en horario nocturno" entre las 23.00 y las 6.00, permitiendo a las comunidades una hora por arriba o por abajo en el inicio o en el final, no más.

Precisamente el recurso de la Abogacía del Estado contra la decisión de Castilla y León de adelantarlo se refiere a la "restricción de un derecho fundamental", el de circulación recogido en el artículo 19 de la Constitución que no estaría amparado en el estado de alarma. De ahí, y también porque se trató de una decisión "unilateral" y no "de consenso", es por lo que el Gobierno decidió pedir cautelarmente que decayera. El Tribunal Supremo ha dado 10 días a Castilla y León para que presente sus alegaciones al respecto y después decidirá sobre si procede o no acordar la cautelar.