El Juzgado Central de Instrucción número 6, donde estaba previsto que declarara este jueves como investigado Marcelino Martín Blas, el comisario jubilado y ex Jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía para saber cuál fue su relación con la operación Kitchen, ha suspendido el interrogatorio.

Martín Blas afirma no tener conocimiento oficial del contenido de un informe policial entregado al juez Manuel García Castellón a finales de octubre de 2020 y que no se le ha notificado a él, motivo por el que pidió la suspensión de la declaración acordándola el Juzgado. Dicho informe daba respuesta, en parte, a la petición del instructor para que los policías de la Unidad de Asuntos Internos remitieran "todos los documentos depositados en la citada unidad policial que pudieran relacionar a su anterior Jefe Marcelino Martín Blas con la operación Kitchen como con los hechos por el mismo denunciados".

En la Audiencia Nacional se investiga a la cúpula policial durante el Gobierno de Mariano Rajoy por poner en marcha un dispositivo de vigilancia o espionaje alrededor del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su esposa para recuperar, supuestamente, documentos comprometedores para dicho partido que estaban en sus manos y evitar que llegaran al juez que comenzó a investigar Gürtel. Los investigadores tratan de despejar si fue un encargo del Gobierno, motivo por el que están investigados el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Además del comisario José Manuel Villarejo, en la pieza Kitchen del caso Tándem llevan investigados casi desde el principio de su apertura también el ex Director Adjunto Operativo (DAO) o número dos de la Policía, Eugenio Pino; el ex Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño o el inspector de Policía y asesor de confianza de María Dolores de Cospedal mientras fue presidenta de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo. A este último se atribuye haber captado, por petición de Villarejo, al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva (apodado como 'Cocinero'), como confidente de la operación para recuperar la citada documentación comprometedora en poder de su jefe. Cobró 2.000 euros al mes de los fondos reservados del Estado durante dos años por esta misión.

No fue hasta febrero de 2019 cuando el juez también incluyó entre los investigados en esta pieza al ex Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, a raíz de las declaraciones del investigado Pino en las que afirmó que estuvo al tanto de la operación, algo que Martín Blas negó. Más tarde, en noviembre de 2020, el juez acordó citarle de nuevo al encontrar indicios de que miembros de la Unidad de Asuntos Internos realizaron vigilancias también en la zona del domicilio de Bárcenas e Iglesias. El juez no comprendió por qué una unidad dedicada a investigar a otros policías realizó tal labor.

Los dos testimonios previos

Pues bien, en el informe de la Unidad de Asuntos Internos de octubre de 2020 adelantado este miércoles por ABC y al que ha tenido acceso El Independiente, los agentes confirmaron que la Comisaría General de Información informó de que "a partir del Acuerdo de Desclasificación aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 18.01.2019, se ha advertido la presencia de un vehículo asignado a esta Unidad de Asuntos Internos en las inmediaciones del número 32 de la calle General Díaz Porlier de Madrid (objeto de vigilancia por parte de funcionarios adscritos a la C.G.I.), en fecha 25.07.2013". Es decir, que hubo un vehículo de la UAI en la zona de la casa de Bárcenas por esas fechas.

Encontraron a la agente que hizo uso de ese vehículo y el juez la citó a declarar como testigo. Ésta confirmó, según se recoge también en el informe, que "sí recuerda haber participado en labores de vigilancia y seguimiento relacionados con Rosalía Iglesias, cree recordar que en torno al verano de 2013, tanto relacionados con un inmueble ubicado en la calle General Díaz Porlier como en torno al domicilio en el que residía, en Príncipe de Vergara, si bien no fue un operativo prolongado. Que los citados servicios eran encomendados por el Jefe de Sección de Vigilancias [el inspector Jefe Jesús Vicente Galán], que era la persona a la que se informaba de los resultados". Éste también volvió a declarar precisamente esta semana, como investigado, y corroboró que se hizo un seguimiento a un Citröen C4 negro que había en esas calles y que se trató de un encargo de Marcelino Martín Blas. Precisamente el ex Jefe de la Unidad de Asuntos Internos tendría que haber declarado a partir de esas dos declaraciones este jueves.

"Gestiones de máximo secreto para la dirección del PP"

En el informe del que Martín Blas dice no tener conocimiento oficial por no habérselo notificado el Juzgado, se aportan otros datos que los agentes recopilaron al pedir el juez todo documento que pudiera relacionarle con Kitchen.

Así, los miembros de la UAI se refieren a documentación incautada durante los registros en casa de Villarejo cuando fue detenido. En concreto, una carpeta denominada 'Party' con una nota de 2016 en la que se resume "el resultado de la investigación sobre el patrimonio de la familia" de Martín Blas, indican los agentes. Es decir, que Villarejo rastreó información personal del Jefe de Asuntos Internos y familiares suyos y la guardó en su domicilio. Igual que denuncias que presentó contra él a sus responsables en la Policía.

En una de ellas, de enero de 2015 presentada ante la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que también se recoge en el informe, Villarejo afirmó que "el Comisario Marcelino sabe perfectamente que los números a que se refiere los emplea el denunciante para ocultar su identidad, entre otros, con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es Sergio López (Cocinero) y otros", refiriéndose al chófer de Bárcenas.

Por aquellas fechas, Villarejo ya había declarado la guerra a Martín Blas por implicarle en dos investigaciones (caso Emperador, 2013 y Pequeño Nicolás, 2014) apuntando hacia él y otros policías -ahora investigados en el caso Tándem como miembros de la "red parapolicial" liderada por el comisario en prisión preventiva- como responsables de maniobras de corrupción.

En otro texto que también guardaba Villarejo y que habría entregado a los responsables de la Policía a finales de enero de 2015, acusó a Martín Blas de hacer "gestiones de máximo secreto para la dirección del PP ajenas a funciones policiales" y de "fabricar pruebas en causas criminales", por lo que recordaba a "su Superior la obligación que tiene como máxima Autoridad Policial de informar de ello a los distintos Jueces instructores de los diversos sumarios donde el Comisario Marcelino viene alterando y/o falsificando pruebas para que la verdad procesal resplandezca en beneficio de las garantías jurídicas a la que todos los encartados tienen derecho".

El informe policial también recoge la transcripción de alguna conversación telefónica mantenida entre Martín Blas y Villarejo que éste grabó y guardó, aunque no se entiende el asunto sobre el que versan, así como el objeto, a modo de sinopsis, de algunas conversaciones intercambiados entre ambos y grabadas por el comisario jubilado.