El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha aprobado un acuerdo con 16 votos frente a cinco en el que pide al Congreso de los Diputados que reconsidere la decisión de la Mesa de rechazar su opinión, la de la Comisión de Venecia y la del resto de actores judiciales antes de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que el órgano de gobierno de los jueces no pueda seguir haciendo nombramientos mientras esté en funciones.

Ésta es la respuesta que se ha acordado tras la la decisión de PSOE y Podemos de impulsar la reforma sin escuchar previamente la opinión del Consejo. Unas peticiones que "fruto de un amplísimo consenso en el seno del Consejo, no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial, como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho por el que este Consejo ha de velar por mandato estricto del artículo 122 de la Constitución", se puede leer en el acuerdo adoptado.

La reforma no garantiza la separación de poderes

Además, consideran los vocales (no sólo el bloque conservador que impulsó la celebración del Pleno extraordinario) que la decisión de los partidos del Gobierno priva al debate parlamentario y a la ciudadanía de la "valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial".

Igualmente, los vocales advierten de que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de la reforma que limita sus funciones "no respeta las exigencias del principio de separación de poderes". De ahí que pidan a la Mesa del Congreso "desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria", que reconsidere su decisión". Una vez más, también instan "a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales a que acuerden a la mayor brevedad la renovación de la institución para dotarla de estabilidad", pues lleva dos años y dos meses en funciones porque PSOE y PP no llegan a ponerse de acuerdo para sellar el pacto que permitiría renovar el órgano constitucional.