La Generalitat considera que el miedo al contagio de coronavirus puede llevar a muchos catalanes, especialmente en grupos de riesgo, a no votar el 14F. Y esa baja participación, junto a la imposibilidad de realizar una campaña electoral en condiciones normales, restaría legitimidad al resultado de los comicios si estos tienen lugar en la fecha prevista.

Así lo afirma en las alegaciones presentadas este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha acordado mantener la suspensión cautelar del Decreto que aplazaba los comicios hasta el 30 de mayo.

En su respuesta al recurso presentado por un particular, el Govern advierte además al TSJC de que, por defender el derecho de participación del recurrente "el 14 de febrero, se corre el riesgo serio de vulnerar el mismo derecho de miles de personas, que por el hecho de estar confinados no podrán ejercer su derecho a voto". Los protocolos aprobados por el Govern preveían una franja específica para contagiados y contactos, para salvaguardar su derecho a voto en caso de que no puedan hacerlo por correo.

Riesgo para el principio democrático

La celebración de las elecciones el 14F supone "un riesgo para la salud de las personas" y "un riesgo para la preservación del principio democrático" apunta. "No solo se vería afectada la participación de los colectivos más vulnerables" sino que afectaría a "aspectos esenciales del procedimiento electoral como la formación de las mesas electorales, la votación o la imposibilidad de desarrollar con garantías la campaña electoral" por las limitaciones de reunión y movimientos.

Así, el hecho de que haya personas que puedan tener miedo a ir a votar el 14F por la situación sanitaria "plantea problemas de legitimidad en relación con el resultado de las elecciones del 14 de febrero", argumenta el Govern para reclamar que se suspendan los comicios.

La suspensión de las elecciones es, para el Govern, "una medida de garantía del proceso electoral". Por tanto, no se vulnera el derecho fundamental al voto, argumenta, sino que se asegura que el proceso se haga "con plenas garantías". Advierte, aún así, que el derecho a voto puede verse limitado en defensa de otros derechos fundamentales, como el de la salud y la integridad física.

Legitimación de Aragonés

Respecto a las dudas de que Pere Aragonés tenga potestad para suspender y convocar nuevas elecciones en su calidad de presidente en funciones, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha defendido esa legitimidad, que afirma prueban las alegaciones del Govern. "Si no, quién podría firmar el decreto" se ha preguntado, "la pandemia es una situación excepcional y las respuestas ordinarias no se ajustan a situaciones de excepcionalidad".

En las alegaciones, el Govern argumenta que, dado que la Loreg y la Ley de Presidencia de la Generalitat habilitan al presidente en funciones para firmar el decreto de disolución del Parlament y convocatoria electoral, éste también está legitimado para suspender los comicios y decretar una nueva fecha.

Riesgo epidemiológico

Por encima de todo, sin embargo, el Govern apela a la situación epidemiológica. Remite al informe sanitario de la Agencia de Salud Pública de Cataluña presentado el pasado 15 de enero para justificar el aplazamiento electoral. "Los protocolos previstos no son suficientes para garantizar la protección de la salud pública y el normal desarrollo de las elecciones" apuntaba ese informe, que concluía que esta situación "pone en cuestión la plena legitimidad democrática" de las elecciones.

Según la Agencia de Salud Pública, el pico epidémico se alcanzará en Cataluña pocos días antes del inicio de la campaña electoral, el 28 de enero, y el pico en la presión asistencial llegará pocos días antes de la celebración de las elecciones. En estas condiciones "no se puede descartar" que durante la campaña y la semana de las elecciones "se tengan que tomar medidas más restricción social que las actuales" añadía. La Generalitat ha prorrogado esta semana las medidas adoptadas el pasado 7 de enero.

En sus alegaciones, el Govern se remite además a las elecciones en Estados Unidos. Recuerda que en este país se produjo un aumento de contagios tras el 4 de noviembre para sustentar el riesgo para la salud pública que supone la cita con las urnas.

Defensa del 30 de mayo

Por contra, el Govern defiende la fecha del 30 de mayo en base a tres criterios: la inmunización de la población de riesgo, dado que entonces esperan haber vacunado al 30% de la población. La reducción en la propagación del virus en primavera por las condiciones climatológicas. Y el hecho de que en mayo se agota el estado de alarma decretado por el Gobierno.

El informe señala además las restricciones a las reuniones y las "limitaciones al debate general causadas por las medidas de confinamiento". Y concluye que aunque se pueda garantizar el ejercicio del voto "si no hay suficientes oportunidades para la deliberación y la creación de una opinión informada" el resultado de las elecciones podría "no ser legítimo".