Ha sido históricamente la ‘joya de la corona’ de la gestión de los gobiernos en Euskadi. Desde su conformación a mediados de los años 80 la sanidad pública vasca ha ido ganando prestigio y dimensión. Aún hoy mantiene ambas. Pero el orgullo que otrora atesoraba ha comenzado a perder brillo. Lo ha hecho de modo especial durante este último año en el que la incidencia de la pandemia ha puesto, como al conjunto de sistemas sanitarios, a prueba a Osakidetza y a sus gestores. En los casi once meses de pandemia las dimisiones, los ceses, los abandonos y algunos escándalos en las estructuras de dirección y altos cargos se han sucedido.

La sanidad pública vasca es desde hace años la mayor empresa del País Vasco. Su plantilla roza los 28.000 trabajadores, además del personal eventual, y su presupuesto -4.184 millones de euros- absorbe cerca de un tercio de los 12.442 millones de los presupuestos del Gobierno vasco para este año. Se trata de una partida que no deja de crecer de año n año para dar respuesta a una sociedad en la que el envejecimiento de su población ha disparado la demanda de servicios médicos y asistenciales.

El pasado invierno la atención sanitaria figuraba como el cuarto problema, tras la pandemia, la economía y el paro, para los vascos en la encuesta realizada por la Universidad de Deusto. Según el ‘Deustobarometro’, en el año 2013 apenas un 9% de la población incluía la sanidad como uno de los tres mayores problemas. Ahora, en cambio, lo afirma el 31% de la población. También la puntuación con la que reconocen la calidad de la sanidad ha descendido de modo significativo. Hace siete años Osakidetza obtenía de media un 6,7 sobre diez, -rozando el notable-, ahora la valoración ha descendido a un 5,9, -un ajustado ‘bien’-.

Pese a ello, la calidad asistencial mantiene aún una buena valoración en términos generales entre la ciudadanía. El Gobierno vasco elaboró en octubre una encuesta para analizar la valoración de la respuesta dada durante la pandemia y seis de cada diez vascos aseguraba que Euskadi lo hizo mejor que otras comunidades autónomas.

Dimisiones, relevos y escándalos

Como en toda organización, la dirección-gerencia y la atención directa con el paciente que prestan los profesionales son dos ámbitos que no siempre se comportan del mismo modo. Unos y otros se necesitan y se influyen, para bien y para mal. En el caso de la sanidad pública vasca la atención del personal sanitario ha sido bien valorada durante la pandemia. En cambio, la gestión hecha por algunos ámbitos de dirección y altos cargos ha estado marcada por una sucesión de relevos, cambios, dimisiones y escándalos que no ha pasado desapercibida.

En menos de dos años el Gobierno vasco ha tenido hasta tres consejeros de Salud y tres directores de su Servicio de Salud. En marzo de 2019, justo un año antes de la irrupción de la pandemia, el titular de Sanidad, Jon Darpón, presentaba su dimisión. Lo hacía por la dimensión que alcanzaba el caso de filtración de exámenes de una OPE sanitaria conocida un año antes y que investiga la Justicia. El caso, en el que una veintena de candidatos a las plazas convocadas obtuvieron la máxima puntuación posible, 100 de 100, salpica a numerosos responsables sanitarios e inicialmente fue rechazado por Darpón y su equipo. Finalmente, buena parte de ellos han ido abandonando sus responsabilidades. Poco antes que Darpón habían dejado sus cargos la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y el director de recursos humanos, Juan Carlos Soto. El escándalo de filtraciones de exámenes parece estar detrás del último de los abandonos conocido, el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, ocurrido el septiembre del año pasado.

A Darpón le sustituyó Nekane Murga, quien tuvo que hacer frente a la primera y más confusa de las olas de la pandemia. Cardióloga de formación, Murga no repitió en el Gobierno que en septiembre de 2020 presentó Urkullu. Durante su gestión se produjeron varios episodios que cuestionaron la gestión de la pandemia. Uno de los más relevantes fue el desplazamiento que la dirección hizo de su propio departamento de epidemiología en el abordaje de la pandemia, además de una sucesión de errores en la contabilidad de sus informes diarios y de cambios en el registro de casos.

En los apenas once meses que se prolonga la pandemia el Ejecutivo vasco ha cambiado hasta en cuatro ocasiones de ‘portavoz pandémico’. En Euskadi el primer ‘Fernando Simón’ que informaba periódicamente de la incidencia de la pandemia fue su director de Planificación, Evaluación y Ordenación Sanitaria, Mikel Sánchez. Meses más tarde fue relevado por otro portavoz, Ignacio Garitano, quien a su vez abandonaría esta responsabilidad poco más tarde por diferencias en el modo en el que se estaba gestionando la crisis sanitaria y su papel en ella. Actualmente, Salud ha optado por prescindir de un portavoz y facilitar los datos de modo telemático.

Vacunación de altos cargos

No han sido las únicas renuncias ni relevos en estos meses. La nueva consejera de Salud, Gotzone Sagardui, contó con parte del equipo que heredó de Murga, pero no con todo. En octubre el hasta entonces director general de Osakidetza, Juan Diego, fue sustituido como director del Servicio Vasco de Salud. Uno de los altos cargos que sí continuó fue Iñaki Berraondo, que ejerció como viceconsejero y uno de los máximos responsables de la gestión de la crisis pandémica. El pasado 29 de diciembre, apenas una semana después de que lo hiciera Garitano, Berraondo también anunció que dejaba la viceconsejería. Argumentó razones de edad y la necesidad de pasar a puestos de menor responsabilidad. Para entonces las discrepancias internas generadas por el abordaje de la crisis sanitaria en la consejería eran evidentes.

Ese mismo mes de diciembre se produjo otra salida, la de la entonces asesora de programación sanitaria y relaciones ciudadanas del departamento, Isabel Octavio. Esta alto cargo había ejercido como jefa de gabinete de Murga primero y responsable de comunicación con su antecesor, Jon Darpón, después. Sagardui decidió no contar con ella y Octavio abandonó a finales del año pasado la consejería de Salud para pasar a formar parte del organigrama de EiTB.    

Además de los abandonos y dimisiones, la sanidad pública vasca se ha visto salpicada en estos meses de pandemia por varios escándalos. El último de ellos lo han protagonizado dos gerentes de hospital, José Luis Sabas y Eduardo Maíz, por vacunarse saltándose el protocolo. El primero de ellos dimitió, el segundo tuvo que ser cesado de su puesto. La polémica generada por este caso ha llevado a la consejería a abrir una investigación en toda la red de centros sanitarios ante la sospecha de que pueda haber más casos de vacunación irregular de altos cargos. Sagardui ha anunciado que comparecerá para dar explicaciones en cuanto concluya la investigación en marcha.

Meses atrás, en mayo, otro alto cargo, el director de emergencias de Osakidetza, Jon Sánchez, tuvo que presentar la dimisión tras ser descubierto saltándose el confinamiento. La policía lo sancionó tras descubrirle entrando en una vivienda en Castro Urdiales (Cantabria), lo que evidenció que no cumplió la prohibición de no poder salir de su municipio.

Filtraciones en los juzgados

En los próximos meses el departamento que gobierna la sanidad pública vasca se enfrentará a tres frentes que pueden desestabilizar más los puestos de gestión. La estrategia de vacunación llevada a cabo por el País Vasco, basada en guardar las segundas dosis para asegurar el proceso completo de vacunación ante posibles problemas de abastecimiento, le sitúa por ahora en el último lugar de vacunación en toda España. La apuesta, sin embargo, puede resultar la acertada si no se reconducen los recortes en el suministro de dosis que ya anuncian algunas farmacéuticas.

Otro de los elementos que alterarán el clima será el desarrollo del último escándalo de vacunación de altos cargos y que tras la investigación abierta podría revelar que no son los únicos casos registrados en Osakidetza.

Finalmente, el desarrollo del proceso judicial abierto por la filtración de exámenes y que ha dejado en suspenso decenas de pruebas de especialidades médicas de la última OPE puede atragantársele al Gobierno. Además del impacto meramente judicial sobre algunos altos responsables sanitarios ala consejería tendrá que resolver el vericueto administrativo en el que se encuentra la resolución de la polémica convocatoria de plazas.