La Agencia Tributaria recaudó el pasado año más de 717 millones de euros con las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) presentadas voluntariamente por contribuyentes fuera de plazo antes de que la Administración pudiera iniciar un procedimiento de comprobación. La cifra es sensiblemente superior a la ingresada en 2019, vinculándose este repunte con la información sobre cuentas bancarias en Andorra intercambiada por las autoridades del Principado.

En respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, Hacienda ha cifrado en 717.305.362 euros el importe de las autoliquidaciones que suman los 483.410 expedientes tramitados. La cuantía real fue con seguridad mayor, puesto que los datos proporcionados estaban fechados el 12 de diciembre y no incluyen ni los intereses de demora ni los recargos correspondientes para no incurrir en causa de inadmisión: el cálculo obligaría a cruzar "diferentes fuentes de información", lo que implicaría una acción previa de reelaboración.

En concreto, el recargo aplicable a las declaraciones extemporáneas oscila entre el 5 y el 20 % de la cuota que se dejó de ingresar. El porcentaje depende del tiempo transcurrido: tres meses (5 %), seis (10 %), nueve (15 %) y 12 (20 %). En cuanto a los intereses, éstos se liquidan a partir del año siguiente a que se haya exigido el recargo, aplicándose un 3,75 %.

Aun sin incluir estos conceptos, la cantidad resultante es notablemente mayor que la correspondiente a 2019, cuando los ingresos derivados de las declaraciones de la Renta extemporáneas ascendieron a 661.908.496 euros. En términos relativos, el incremento (provisional) es superior al 8 %, pese a que se contabilizaron unos 22.600 expedientes menos.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) encuentra la "explicación fundamental" de este incremento en los datos relativos a cuentas bancarias que haya aportado Andorra a España en virtud del acuerdo firmado con la Unión Europea para el intercambio automático de información fiscal. La primera remesa de datos procedente del Principado llegó en septiembre de 2019 (correspondiente a 2018) y la segunda se recibió el pasado mes de diciembre (relativa a 2019), tres meses después de lo inicialmente previsto debido a la pandemia.

La secuencia es la siguiente: las entidades financieras, los organismos de inversión colectiva y las aseguradoras andorranas informan de los contribuyentes extranjeros con cuentas al Ministerio de Finanzas del Principado, que posteriormente lo pone en conocimiento de las autoridades tributarias de los países adheridos al acuerdo. Entre otros, los datos que se proporcionan son el nombre del titular, el número de cuenta y de identificación fiscal, la dirección, la fecha de nacimiento, las rentas, los ingresos derivados de la venta de activos y los saldos que mantienen.

Desglose de las cantidades ingresadas por declaraciones extemporáneas de la Renta en 2019 y 2020.

"Este acuerdo ha podido influir, ha podido animar a contribuyentes a presentar las declaraciones de forma voluntaria. Esa información permite conocer incrementos patrimoniales que, al no haberse declarado en el modelo 720 de bienes y derechos situados en el exterior, pueden conllevar pagos muy elevados. Y eso hace que muchas personas decidan presentarlas porque saben que es preferible pagar una determinada cantidad a que la Agencia Tributaria le denuncie por un delito contra la Hacienda Pública", declara a este diario el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

El sindicato Gestha atribuye el incremento a la información sobre cuentas bancarias enviada por Andorra

El sindicato considera que también ha podido contribuir en este mejor comportamiento las circulares que Hacienda manda cada año a millones de contribuyentes de los que se tiene constancia de que han obtenido rentas en el extranjero, por el alquiler de viviendas o incluso por operaciones con criptomonedas para que no las oculten al fisco.

Mollinedo describe tres perfiles entre los contribuyentes que optan por regularizar su situación fiscal. De un lado, el que repara en que ha olvidado incluir alguna partida y, sin necesidad de previo aviso, la presenta fuera de plazo para subsanar la omisión. Un segundo grupo estaría formado por aquellas personas a las que la Agencia Tributaria avisa de que no ha declarado unos determinados ingresos y le conmina a presentar una complementaria antes de abrirle un procedimiento de investigación.

Y, por último, se encontrarían los contribuyentes que son conscientes de que puede llegarle una comprobación tributaria y se adelantan a que la Fiscalía pueda abrirle una investigación por la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública. En este caso se encontraría Juan Carlos I, que el pasado 9 de diciembre presentó una declaración extemporánea ante la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid para satisfacer una deuda de 678.393,72 euros (recargo e intereses incluidos) correspondiente al Impuesto de Donaciones.

El movimiento del padre de Felipe VI se producía en medio de la investigación que realiza la Fiscalía, que indaga en las posibles comisiones que pudo percibir el rey emérito por interceder en la adjudicación de las obras de construcción del AVE a La Meca, en las tarjetas black con dinero de su amigo Allen Sanginés-Kraus y en torno al trust en la isla de Jersey.

En los últimos años, Gestha viene demandando la modificación de los artículos 305 y 305 bis del Código Penal -dedicados a los ilícitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social- para que la regularización fiscal que lleve a cabo un contribuyente antes de que la Agencia Tributaria inicie un procedimiento de comprobación o de que la Fiscalía presente denuncia contra él se considere un atenuante de reparación del daño pero no un eximente de responsabilidades penales, como ocurre ahora. Esta situación no se da en otros delitos económicos.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de octubre el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que incorpora medidas que reforzarían la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida. De ser aprobado por las Cortes, quedarían prohibidas las amnistías fiscales desde su entrada en vigor.

La lucha contra el fraude fiscal es una "absoluta prioridad" para el Ministerio de Hacienda, que en 2019 ingresó 15.101,47 millones de euros como consecuencia de las acciones llevadas a cabo en materia de prevención y control del fraude tributario y aduanero. "No puede haber justicia social sin justicia fiscal", ha defendido la ministra María Jesús Montero.