El exconsejero de Educación Rafael Van Grieken ha reconocido en el juicio que se celebra contra Cristina Cifuentes por el caso Máster que realizó "reiteradas" llamadas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al tratarse de "algo que afectaba al Gobierno regional" y entraba dentro de sus competencias.

Van Grieken, que actualmente ejerce como catedrático en la URJC, ha comparecido como testigo en la vista oral en la que la expresidenta regional se sienta en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad del acta sobre la defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Lo hace después de que el pasado viernes Javier Ramos manifestara que el exconsejero le pidió el acta de defensa del TFM, cuya defensa Cifuentes reconoció que no realizó.

Así, ha relatado que la noche del 20 de marzo de 2018 recibió un mensaje del rector y le comentó que hablarían por la mañana al no ser horas. "Lo que hice es llamarle esa mañana, como habíamos quedado. Me comentó que había hablado con los profesores, que había recabado información y que todo era normal. Me quedé tranquilo", ha señalado en relación a la información publicada en 'eldiario.es' y que destapó la polémica.

El testigo ha señalado que llamó al rector tras la rueda de prensa ofrecida para pedirle la documentación en la que se habían basado para realizar las diferentes manifestaciones que realizaron en la comparecencia para dar explicaciones a los medios.

"Era un tema importante y había que hacer acopia de esa información en la que se basaron esas afirmaciones. No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación", ha dicho apuntando que se remitió la información tres horas después.

Además, ha comentado que le llamó la jefa del gabinete, Marisa González, y le trasladó que querían asesoramiento acerca de la situación.

"Comportamiento de una universidad pública"

"Yo solicito de forma reiterada la documentación en general", ha subrayado y ha dicho a preguntas de la fiscal, que sus gestiones estaban dentro de sus competencias al ser su Consejería la interlocutora con las universidades madrileñas. "Era algo que afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública", ha agregado.

Finalmente, ha recalcado que para él era "lógico" que el propio rector hubiera buscado el acta, dado que ningún profesor guarda este tipo de documentos. "Confié en la legitimidad y le daba totalmente credibilidad al rector. No tenía ninguna duda de que se había comprobado de que era la verdad", ha apostillado.

Entre los testigos que han desfilado ante la juez, la jefa del Servicio de Gestión Académica y Alumnos de la universidad Victoria Vilches ha afirmado que Amalia Calonge no estaba autorizada en modificar las notas de los alumnos, ya que había cesado de su cargo en la secretaría del Campus de Móstoles y en esos momentos trabajaba e el registro de Alcorcón. "Me sorprendió mucho que tuviera acceso y lo comuniqué al vicerrector", ha recalcado.