A Mercedes Alaya, la juez que inició la investigación del caso ERE, se le presenta una nueva oportunidad para lograr plaza como instructora en la Audiencia Nacional. La magistrada sevillana podrá optar en los próximos días a la vacante que dejará en el Juzgado Central 1 Santiago Pedraz, sustituto de José de la Mata tras la designación de éste como miembro nacional de España en Eurojust.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto resolver este miércoles el concurso que acordó el pasado 19 de noviembre para la provisión de diversos cargos judiciales con la categoría de magistrado, según detalla el orden del día de la reunión (1.1-4). Una de ellas es la que ocupaba De la Mata desde la primavera de 2015, cuando relevó a Pablo Ruz.

Como ya ha trascendido, Pedraz dejará el Juzgado Central de Instrucción 1 para ocupar el número 5 mientras el hasta ahora titular se mantenga en situación administrativa de servicios especiales por la responsabilidad que desempeña en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, con sede en La Haya (Países Bajos).

Santiago Pedraz ha sido el aspirante de mayor antigüedad en el escalafón judicial (373), el criterio que prima en este concurso, por lo que pasará del Juzgado Central de Instrucción 1 al 5, en el que desde hace semanas ya ha asumido el caso posiblemente más mediático que hereda de De la Mata, el de los papeles de Bárcenas en el que ya se investiga si el Partido Popular se financió con donaciones de empresarios a los que beneficiara posteriormente con la adjudicación de contratos públicos en administraciones al frente de las que se encontrara, según ha acordado investigar el juez.

El Servicio de Personal del CGPJ también lleva a esta reunión el anuncio de otro concurso de traslado entre miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado, entre la que se encontraría la del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han eludido confirmar si esta plaza sería una de ellas. "Hasta que no se apruebe por la [comisión] permanente la propuesta de resolución del primer concurso", la lista de las vacantes del segundo no puede darse por definitiva", han justificado.

Marcha con polémica

El hecho de que Santiago Pedraz vaya a dejar su Juzgado para ocupar el que De la Mata ha dirigido en los últimos años ha cerrado la puerta a Mercedes Alaya, que sirve en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla desde que a mediados de junio de 2015 -en plena investigación del caso ERE- dejó el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Teóricamente ésta iba a mantener en comisión de servicio los casos de corrupción que había iniciado, una posibilidad que nunca se llegó a materializar. 

El 25 de junio de 2015, el CGPJ acordó concederle una de las dos comisiones de servicio que integraban el plan de refuerzo que la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces había acordado para el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Pero su vuelta nunca se concretó.

La comisión permanente del CGPJ adjudica este miércoles a Pedraz la plaza de dejó libre De la Mata al irse a La Haya

El 13 de octubre de 2015, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió por unanimidad revocar la citada comisión de servicio inicialmente asignada a Alaya y que el refuerzo se limitara exclusivamente al magistrado Álvaro Martín, que había ejercido con ella como juez de refuerzo. La marcha atrás se produjo después de que la juez sevillana enviara un duro escrito a la CGPJ cuestionando la preparación y la imparcialidad de María Núñez Bolaños, su sucesora como titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Tres años después, en una entrevista concedida a Abc de Sevilla, la magistrada sevillana denunció el "burdo engaño" que dijo haber sufrido para apartarla definitivamente de la instrucción de la causas sobre corrupción que la convirtió en una de las jueces más mediáticas del país. A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos, la investigación que ella inició en enero de 2011 terminó con la condena de los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

De no haber presentado solicitud Santiago Pedraz, Alaya -en el puesto 896 en el escalafón- tenía muchas posibilidades de conseguir plaza de instructora en la Audiencia Nacional, concretamente en el juzgado que ha impulsado la investigación por adjudicaciones presuntamente irregulares de ministros de Aznar en el marco de la instrucción del caso conocido como Papeles de Bárcenas.

Salto a Madrid

No era su primer intento para dar el salto a Madrid. A finales de 2018, la comisión permanente del CGPJ adjudicó al magistrado José Luis Calama el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, que había quedado libre tras pasar Fernando Andreu a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Calama estaba tan sólo dos puestos por delante de Alaya en el escalafón general de la carrera judicial.

Calama y Alaya pertenecen a la misma promoción, fueron nombrados jueces el mismo día (14 de octubre de 1988) y alcanzaron la categoría de magistrado también en la misma fecha (25 de enero de 1990). El primero consiguió en su momento la decimocuarta mejor nota en el curso de formación selectiva en el Centro de Estudios Judiciales y la segunda la decimosexta, lo que sitúa a Calama dos posiciones por delante. Es por ello por lo que se daba por seguro que la juez sevillana sustituiría al gaditano José de la Mata, opción finalmente no materializada al entrar en liza Santiago Pedraz.

El ahora titular del Juzgado Central 1 es el tercer instructor más veterano de la Audiencia Nacional (por detrás de Ismael Moreno y Manuel García-Castellón) y el más veterano que ha optado a sustituir a De la Mata en el Juzgado Central de Instrucción 5.

El también juez decano de la Audiencia Nacional se ha ocupado de algunas de las investigaciones más mediáticas de los últimos años, como el caso Ausbanc -ya en fase de juicio-, la investigación alrededor de las supuestas irregularidades cometidas por el antiguo embajador de España en Venezuela Raúl Morodo en relación con la petrolera PDVSA o el caso Soule, que tiene como principal investigado al ex presidente de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar.

En el Juzgado Central 5 tendrá que concluir la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy que se investiga a raíz de las anotaciones en la agenda del ex tesorero de dicho partido Luis Bárcenas.