La Audiencia de Madrid ha ordenado a un juzgado que admita a trámite la querella interpuesta por el sindicato Jupol contra el director general de la Policía, Francisco Pardo, por presuntos delitos contra la seguridad e higiene al no haber proporcionado material de protección frente al coronavirus. El máximo responsable del Cuerpo y la ex subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Pilar Allué, tendrán que ser llamados a declarar en calidad de investigados.

En un auto fechado el pasado 25 de enero, la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid estima parcialmente el recurso de este sindicato policial y ordena al Juzgado de Instrucción 34 de Madrid que investigue los hechos relatados en la querella por si fueran constitutivos de un delito contra la seguridad de los trabajadores por no proporcionar la dirección de la Policía Nacional a los agentes los medios suficientes para protegerse de la covid-19. No prospera la acusación formulada por Jupol por prevaricación contra otros altos cargos, entre ellos el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la directora general de Salud Pública, Calidad de Innovación, Pilar Aparicio, o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

Frente al criterio del juzgado de instancia, que inadmitió a trámite la querella, la Audiencia de Madrid aprecia indicios de que los agentes pudieron estar desempeñando sus funciones al inicio de la pandemia sin las medidas de protección adecuadas. En esa sospecha tiene una gran importancia el escrito que el 24 de enero de 2020 firmó el entonces jefe Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el facultativo José Antonio Nieto, recomendando que los funcionarios que ejercían su trabajo en aeropuertos con vuelos con China utilizaran mascarillas y guantes de nitrilo. Nieto fue destituido en víspera de la declaración del estado de alarma por pérdida de confianza.

"Conducta omisiva generadora de un riesgo"

Tampoco pasa por alto las peticiones de material que realizaron los agentes destinados en el puesto fronterizo de La Junquera (Girona), como Jupol aporta en su querella. Por todo ello, ordena al juzgado instructor que investigue "si se ha producido una conducta omisiva generadora de un riesgo para los trabajadores, una infracción de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el correlativo riesgo, concreto y grave, para la vida y la salud de los funcionarios de la Policía Nacional, en los términos exigidos por la legislación".

De esta forma, la Audiencia de Madrid insta a que se cite al secretario general de Jupol para que se ratifique en la querella y que se llame al procedimiento a declarar en calidad de imputados a Pardo Piqueras y Pilar Allué, comisaria principal que sirve hoy en la Embajada de España en Italia como consejera de Interior. El juzgado también tendrá que citar a José Antonio Nieto, el facultativo que advirtió de la exposición a la que se enfrentaban los agentes destinados en los aeropuertos y que fue destituido meses antes de alcanzar la edad de jubilación.

Se trata del segundo procedimiento penal al que se enfrenta el director general de la Policía. Pardo Piqueras está imputado en otra causa en la que se dilucida si, junto con el número dos del Cuerpo, cometió un delito contra la seguridad de los trabajadores por el dispositivo desplegado en octubre de 2019 en Cataluña para repeler los graves disturbios provocados por radicales independentistas tras dictarse la sentencia del procés. El Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona ha citado al director del Cuerpo Nacional y a José Ángel González a comparecer acompañados de abogados el próximo 9 de marzo para tomarles declaración. 

Francisco Pardo, además, está acusado por un presunto delito de coacción y contra la libertad sindical por los hechos acaecidos durante la manifestación de Jusapol frente al Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre de 2020.