A Iñigo Urkullu se le está atragantado la vacuna. El último escándalo en el corazón de su sistema sanitario amenaza con herir su gestión en pleno pico de la pandemia. La vacunación irregular de dos altos cargos del Sistema Vasco de Salud (Osakidetza) y las explicaciones insuficientes -según toda la oposición- del miércoles en el Parlamento Vasco de su consejera de Salud, Gotzone Sagardui, pueden enquistar aún más la herida sanitaria que padece el Gobierno vasco. La situación forzó ayer al Ejecutivo y al PNV a salir en tromba en defensa de Sagardui en un intento por blindarle en el puesto y por acelerar el cierre del escándalo conocido el pasado viernes y que crece de día en día.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, aseguró que las explicaciones dadas sobre lo ocurrido en los Hospitales de Basurto y Santa Marina, fueron suficientes y no dejaron lugar a dudas. Incluso subrayó la “ejemplaridad” de su compañera de consejo al haber reconocido errores del departamento en la “coordinación” del plan de vacunas en ambos centros. No olvidó insistir en que cuenta con todo el apoyo de Urkullu, despejando sospechas de posibles destituciones. Poco antes, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar mostró urgencia para “pasar página” y dejar atrás la crisis abierta por dos de los hombres a los que el PNV más cargos ha adjudicado desde hace casi tres décadas, José Luis Sabas y Eduardo Maiz, “no ocuparán más cargos públicos”, aseguro. Ambos tienen 67 años.

Por la mañana, la nueva vuelta de tuerca del caso fue la publicación de las conversaciones que en vísperas de la vacunación entre el exgerente del Hospital de Santa Marina, José Luis Sabas, y la titular de Salud. El diario 'El Correo' reprodujo el cruce de whatsapp entre ambos en los que el dimitido alto cargo le comunicaba que se vacunaría a “todo el personal” y Sagardui se daba por enterada. En la Cámara vasca afirmó que ese ‘todo el personal’ siempre creyó que se refería al que estaba incluido según los criterios del protocolo de vacunación que Sabas debía conocer y hacer cumplir.

La duda que no despejó y que ayer toda la oposición volvió a reclamarle es que esclareciera por qué y quién autorizó el envío de los 100 viales -600 dosis- de la vacuna sí sólo se había autorizado la vacunación para la mitad de los trabajadores, alrededor de 300. El protocolo establece que de los servicios médicos sólo debe ser vacunado en una primera fase la mitad del personal, para en caso de efectos adversos de la vacuna garantizarla prestación de los mismos.

Más dimisiones por vacunarse

Por la tarde, otro de los aspectos que Sagardui dio por resuelta volvió a dar un giro. En su comparecencia reconoció que hubo otros dos altos cargos de centros hospitalarios guipuzcoanos, una directora de Enfermería y una directora médica, que también se vacunaron. En su comparecencia señaló que ambas estarían justificadas por tratarse de directivas que sí tenían trato con pacientes. Sin embargo, ayer ambas directivas de la OSI Debabarrena presentaron su dimisión aduciendo “motivos personales”.

La oposición no está dispuesta a dejar pasar este caso para desgastar al Gobierno. Todas las formaciones han solicitado la dimisión de la consejera y Elkarrekin Podemos ha ido más lejos al reclamar una comisión de investigación. La izquierda abertzale ha llegado a impulsar una campaña bajo el lema “¡Vacunas para el pueblo!” recordando que no se trata “de un privilegio, sino de un derecho”. La portavoz en el Parlamento Vasco, Rebeka Ubera acusó a la consejera de haber mentido al asegurar que desconocía que Sabas se había vacunado, “es inaceptable, quien mienta no puede ocupar un cargo”.

EH Bildu divulgó un vídeo en el que sobre la banda sonora de ‘El padrino’ se escucha afirmar a la consejera que no sabía que el director de Santa Marina iba a vacunarse y se detalla el momento en el que revela que otras 16 personas –sindicalistas, trabajadores de la cafetería, del servicio religioso, mensajeros y trabajadores del servicio de ‘vending’- también fueron vacunados de modo irregular.     

En el PP reclamaron ayer que el lehendakari destituya a la consejera por “mentir”, “debe irse con el señor Sabas”, aseguró la portavoz popular, Laura Garrido. También reclaman que abandone el cargo la directora del servicio vasco de Salud, “por honestidad y transparencia, como dice el lehendakari”.

Tres consejeros en dos años

Un nuevo relevo en la dirección de la consejería sería un duro revés para el Ejecutivo vasco. Una dimisión o destitución de Sagardui se sumaría a la dimisión que en marzo de 2019 presentó otto consejero de Urkullu, por el escándalo de filtraciones de exámenes de una OPE sanitaria que ya investiga la Justicia, y al relevó de su sucesora, Nekane Murga, en septiembre del año pasado. Sagardui es la tercera titular de la sanidad vasca en sólo dos años. Un servicio vasco de Salud en el que también en su dirección acumula hasta tres directores gerentes al frente de Osakidetza. A ellas se añade una larga lista de dimisiones, destituciones y relevos en altos cargos que se han sucedido durante los once meses de gestión de la actual crisis sanitaria.

El prestigio del que goza la sanidad pública vasca, que absorbe un tercio del presupuesto de todo el Gobierno vasco y registra la inversión per cápita más alta de España, se está viendo dañado por los episodios vividos en este tiempo. El escándalo de las vacunaciones irregulares de altos cargos es sólo el último capítulo pero ni siquiera es el más grave. La investigación que la Justicia tiene abierta y en la que está imputados varios altos cargos de la consejería por la filtración de exámenes en una OPE puede hacer aún más difícil este año en el seno de departamento.

A todo ello ayer se sumaron las movilizaciones de las centrales sindicales que reclaman a Urkullu más recursos y personal en la red sanitaria. Los sindicatos llegaron a convocar una huelga y amenazan con continuar con sus acciones de protesta si no se dan pasos que permitan mejorar las condiciones de trabajo y laborales de los cerca de 28.000 trabajadores con los que cuenta la sanidad pública. A ellos se suma alrededor de otros 12.000 eventuales.

Centrales sindicales que también se han visto afectadas por el escándalo de las vacunaciones. Durante el proceso llevado a cabo en el hospital de Santa Marina hasta cuatro delegados de sindicatos también se vacunaron pese a que no les correspondía. Tan sólo CCOO destituyó a su representante por haber incumplido el protocolo. Sindicatos como ELA o Satse se escudaron en la dirección del centro, como responsable del protocolo de vacunación, y en la insistencia de esta para que también se vacunaran, para no plantear la dimisión o abandono de sus responsabilidades.