El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, despidió 2020 incluyendo entre sus compromisos para el nuevo año la reforma del Código Penal con una "acomodación" de las penas para los delitos de sedición y rebelión al derecho comparado de la Unión Europea.

Ahora, fuentes jurídicas consultadas por El Independiente consideran que debería darse un impulso real a dicha reforma, aparcada durante un año desde que se anunció, que permitiría que los políticos condenados por sedición y malversación en la sentencia del procés por impulsar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración fallida de independencia de Cataluña vean reducidas sus penas de prisión sustancialmente. Una vía legal que contentaría más a los independentistas -sobre todo a los miembros de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), con su líder Oriol Junqueras condenado a 13 años de prisión- que el indulto, cuya maquinaria también puso en marcha el Gobierno en otoño, puesto que no implica un perdón del Estado a unos hechos de los que no se arrepienten. De ahí que siempre hayan defendido una ley de amnistía.

Mientras el artículo 544 del Código Penal español castiga a las autoridades que incurran en el delito de sedición con entre 10 y 15 años de cárcel, en otros países europeos los delitos equiparables se castigan con no más de cinco años de prisión. De ahí que la adecuación que pretende el Gobierno supondría la libertad en un corto espacio de tiempo para los exmiembros del Govern de Puigdemont que continúan en prisión por la retroactividad de la reforma en beneficio del reo.

Puesto que la Generalitat concedió el tercer grado penitenciario a los condenados que continúan en prisión el pasado jueves, justo cuando arrancó la campaña electoral, están participando en mítines y actos políticos. El reencuentro entre Junqueras y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a su salida de la cárcel de Wad Ras este sábado fue uno de los más simbólicos para ERC.

La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la semilibertad, por lo que tendrán que volver a prisión, aunque el trámite se prolongará al menos hasta mediados de esta semana y fuentes fiscales asumieron desde el momento en que el departamento de Justicia del Gobierno catalán tomó la decisión que los políticos harían campaña.

Reforzar el delito de desobediencia ante el TC

Las vías jurídicas para que los políticos condenados queden en libertad llevan tiempo siendo un arma política entre el partido del Gobierno, PSOE, y el resto de grupos de la Cámara Baja. También entre el partido del Gobierno y su socio de coalición, Unidas Podemos, que lleva más de un año apremiándole para que impulse la reforma del Código Penal. Como ha manifestado en distintas ocasiones el presidente de dicho grupo parlamentario, Jaume Asens, para ellos es la única vía para que sea "posible la plena libertad" de los políticos encarcelados, considera, injustamente. Pretendía que el compromiso del ministro de Justicia de impulsar la reforma llegara antes de las elecciones catalanas, pero no ha sido así y lo ha criticado duramente.

Tampoco ha llegado a tiempo la respuesta del Tribunal Supremo a la solicitud de indulto para todos los condenados en la sentencia del procés a la que dio trámite el Gobierno en septiembre. La Fiscalía ya presentó su informe oponiéndose a la medida de gracia en diciembre y el alto tribunal pidió la pasada semana a la Abogacía del Estado que se pronuncie al respecto. Sea cual sea el pronunciamiento de la Sala Segunda del Supremo -que se reafirma en el contenido de la sentencia del procés y el castigo impuesto- después de recibir dichos informes, el Gobierno puede tomar la decisión que quiera finalmente, puesto que la resolución no es vinculante.

Sin embargo, la decisión de conceder un indulto total (como el que han solicitado particulares y organizaciones) para todos los condenados en contra del Supremo y de la Fiscalía, y también incluso de los propios condenados que no lo solicitaron porque tendrían que haber asumido la culpabilidad de sus actos para ello, daría menos ventajas políticas al Gobierno.

Fuentes políticas consultadas por este diario creen que el impulso de la reforma del Código Penal en la línea de rebajar las penas por sedición y rebelión y reforzar el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) como ha propuesto el Gobierno daría más a ERC y PSOE para acercarse de cara a posibles pactos post electorales, tanto en Cataluña como para sacar adelante votaciones relevantes en el Congreso.