La polémica en torno a la aprobación del decreto sobre la gestión de los fondos europeos sigue su curso en el Congreso de los Diputados. PP y Ciudadanos ya trataron de derogar la ley cuando anunciaron sendos votos en contra de la convalidación del texto la semana pasada, pero la abstención de Vox dejó en nada el intento de populares y naranjas. Sin embargo, la ocultación "deliberada" por parte del Gobierno del dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto que gestiona las ayudas europeas -que podría ser "demoledor", según estos partidos, respecto al texto del Ejecutivo- ha abierto una nueva ventana de oportunidad para profundizar en las posibilidades de forzar la nulidad del decreto ley.

En concreto, el PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria total contra el Ejecutivo para comprobar "si tal hecho puede ser causa de nulidad" del texto por los "graves vicios de procedimiento" que, a su juicio, ha cometido el Gobierno al imposibilitar al Congreso expresar su voluntad "conociendo todos los elementos del juego". Y se dirigen a los servicios jurídicos de la Cámara Baja para que se pronuncien sobre las consecuencias de que el decreto ley fuese remitido sin el informe pertinente del Consejo de Estado.

Desde el Ejecutivo defienden que, al tratarse de un informe no preceptivo y, por tanto, no vinculante para aprobar la norma sobre los fondos, tampoco es obligatoria su publicación. Pero desde la oposición insisten en la idea de que si no se tiene nada que ocultar, el Gobierno no estaría demorando su publicación. Fuentes parlamentarias del PP afirman que "irán hasta el final" y agotarán los procesos jurídicos que están en su mano para forzar la publicación del dictamen.

De entrada, el pasado miércoles los populares ya remitieron una petición a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, para que convocase una reunión urgente de la Mesa del Congreso en la que se acordase que el Ejecutivo enviase el controvertido informe a los grupos parlamentarios. También enviaron un escrito a los servicios jurídicos y a la dirección técnico-parlamentaria de la Cámara por el que solicitaban la emisión de un informe para comprobar la validez del Real Decreto 36/2020 en base a las sospechas de que el presidente del Gobierno se ha saltado sus "obligaciones constitucionales" en esta cuestión.

Pero la batalla parlamentaria acaba de comenzar. Batet envió ayer por escrito al Grupo Parlamentario Popular su negativa a tomar en consideración su petición de convocatoria urgente de la Mesa, y aduce que "para la convalidación de los decretos-leyes por el Congreso de los Diputados es requisito suficiente que hayan sido publicados en el Boletín Oficial del Estado". Sobre la petición del informe del Consejo de Estado y el perjuicio que esgrimen los populares a los derechos de los diputados, Batet argumenta que "todos los miembros del Congreso, previo conocimiento de su grupo parlamentario, pueden recabar de las Administraciones Públicas los informes o documentos que obren en poder de aquellas".

Una vez recibida esta respuesta, desde el PP explican que seguirán adelante con su ofensiva parlamentaria y remitirán un nuevo escrito a la Mesa para que aborde la cuestión de que los reales decretos-leyes vengan con toda la documentación que se ha utilizado para tramitarlos. Y rebaten las explicaciones de la presidenta del Congreso al entender que los reales decretos son disposiciones legislativas que las Cortes pueden tramitar como proyecto de ley y que, por tanto, "entendemos que deben ir acompañados de la misma o similar documentación para garantizar que la función legislativa se ejerce con las mismas garantías, sobre todo ahora que los reales decretos se han convertido en la técnica legislativa habitual del Gobierno".

La siguiente batalla, en el Tribunal Constitucional

Se publique o no el informe, y si los servicios jurídicos de la Cámara fallan a favor del Gobierno y niegan toda posibilidad de declarar nulo el decreto, la última salida sería la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional una vez se publique el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se entiende como la "última oportunidad" del PP para dejar sin efectos la norma que rige sobre la recepción de los fondos europeos, según comentan fuentes parlamentarias en este caso de Ciudadanos. El quid de la cuestión está en lograr demostrar, ya sea en los tribunales o en el Parlamento, que "el Gobierno ha engañado al Congreso".

Los naranjas, que también votaron en contra del decreto, no podrían presentar recurso porque el número mínimo de diputados para presentar recurso de inconstitucionalidad es de 50, de modo que tanto PP como Vox podrían llevar la presión contra el Gobierno de nuevo a los tribunales. Por el momento, ambas formaciones han exigido la comparecencia de la presidenta del Consejo del Estado, María Teresa Fernández de la Vega.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, se adelantó al PP y solicitó este mismo lunes el informe del Consejo de Estado a través del registro oficial del Congreso. La respuesta por parte del Gobierno, según confirma él mismo en conversación con este medio, puede demorarse hasta 30 días e, incluso, el Ejecutivo puede negarse a facilitar el dictamen por esta vía. Se reservan en Ciudadanos los siguientes pasos que dará la formación para presionar al Ejecutivo hasta conocer el contenido del controvertido informe, pero advierten que la negativa del Gobierno a proporcionarlo será entendida como "una declaración de guerra".