En junio de 2020, Twitter publicó una actualización del archivo de operaciones que la compañía publica desde 2018 con tuits y contenidos aleatorios provenientes de maniobras de información por parte de poderes públicos de todo el mundo, cuyo objetivo es la "manipulación" valiéndose de su vinculación al Estado. En concreto, la empresa de microblogging informó de la eliminación de 23.750 cuentas asociadas a la República Popular China, que difundían "narrativas geopolíticas favorables al Partido Comunista" e información "engañosa" sobre la dinámica política de Hong Kong; 1.152 en Rusia, identificadas por atacar a disidentes políticos; y otras 7.340 en Turquía, utilizadas para amplificar narrativas políticas de los conservadores del AK Parti.

A pesar de estos datos, para Vox no hay más vuelta de hoja que la de una empresa privada que ha decidido "aplicar el rodillo ideológico" y "atacar la libertad de expresión" exclusivamente de su formación política, al menos dentro de nuestras fronteras. El pasado 29 de enero, con la campaña electoral catalana recién iniciada, Twitter suspendió durante siete días la cuenta oficial de la formación conservadora (@vox_es) por infringir las reglas de la compañía que prohíben las conductas de incitación al odio.

El tuit en cuestión del que se valió la red social para recortar la intensa actividad digital de los de Santiago Abascal, publicado el pasado 27 de enero, fue uno en que la formación vinculó inmigración ilegal con delincuencia y acompañó del hashtag "Stop Islamización". Pero sólo ese mismo día se publicaron otros 40 mensajes similares con la misma etiqueta desde @vox_es, entre tuits y retuits.

El mensaje de Vox que provocó la suspensión de su cuenta de Twitter.

Y no es la primera vez que Vox padece el "arresto" de su cuenta, como ellos lo denominan. Hace justo un año, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, publicaba un comentario en la red social en el que acusaba a la formación de "no soportar" al colectivo LGTBi, el matrimonio homosexual y la igualdad entre hombres y mujeres. La réplica de Vox a este "ataque" de la dirigente socialista fue el detonante. "Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia". Acto seguido, bloqueo.

La formación, amparada por el discurso de la "censura" de Twitter al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras el asalto al Capitolio ha enarbolado el argumento de que las "oligarquías tecnológicas" han decidido ir "sistemáticamente a por aquellas personas contrarias al consenso progre o globalista", producto del "sesgo ideológico" de las compañías tecnológicas. Y atizan a los responsables de la red social en nuestro país -Nathalie Picquot es la CEO de la compañía en España y Portugal- por "señalar injustamente a Vox como un partido que infunde el odio contra un colectivo" cuando "no es así", según defiende el vicesecretario de comunicación de la formación, Manuel Mariscal, en conversación con El Independiente. "Estamos señalando una realidad evidente como es que la inmigración ilegal en muchas ocasiones deriva en delincuencia e inseguridad", se reafirma, un argumento que "tenemos todo el derecho del mundo a pronunciar. Y por hacerlo se nos manda al rincón de pensar" con el agravante, comenta, de encontrarnos en mitad de una campaña electoral.

Por esta suspensión temporal "arbitraria" y como en la anterior ocasión, Vox ha presentado una querella contra Twitter, a lo que ésta vez ha añadido una denuncia a la Junta Electoral por haber sido privados de una "herramienta fundamental de comunicación" en plena campaña. "Jugamos con cierta desventaja por este motivo", afirma Mariscal. Lo cierto es que el partido 'verde' es, a día de hoy, el que mayor provecho saca a las redes sociales y "el que mejor conecta con sus seguidores de Internet", según afirmó a este medio Santi Arias, consultor de Redlines. En su caso, la utilización de Twitter sí puede suponer un revulsivo para atraer votantes o afianzarlos en plena campaña. De ahí la furia con la que los de Abascal se han pronunciado contra la compañía por sustraer "sin razón" un "derecho fundamental".

¿Qué dice Twitter?

La compañía ha endurecido hasta en tres ocasiones sus reglas para luchar contra las conductas de odio dentro de la plataforma. Primero, en 2019, se ampliaron para "incluir el lenguaje que deshumaniza a otros por su religión o casta"; en marzo de 2020, se incluyó aquellas palabras que "deshumanicen por edad, discapacidad o enfermedad". Y en diciembre, se amplió nuevamente el protocolo y se introdujo la prohibición del lenguaje que "deshumanice por raza, etnia o lugar de origen".

Sobre las acusaciones de Vox por la existencia de una "doble vara de medir" en la "censura" de Twitter, a la que acusan de no aplicar el mismo "rodillo" en los estratos ideológicos de la izquierda, en la plataforma defienden que se hace justicia de una forma equitativa, "sin tener en cuenta las entidades específicas involucradas". Fuentes de la compañía consultadas por este diario explican que el bloqueo a la cuenta oficial del partido de Santiago Abascal se hizo en base a una infracción en la "política relativa a las conductas de incitación al odio" por instigar "al miedo contra un grupo de personas por su origen o nacionalidad", un comportamiento que "no tiene cabida en nuestro servicio".

A pesar de estas excepciones, desde la plataforma se hace un alegato a favor de "la libertad de expresión" como "derecho humano" porque "creemos que todos tienen voz y derecho a usarla", pero reafirman su compromiso de "combatir el abuso motivado por el odio, el prejuicio o la intolerancia para silenciar las voces de quienes han sido históricamente marginados". Y en este 'abuso' la compañía ha situado ya a Vox hasta en dos ocasiones.

El hecho de no saber quién toma estas decisiones es otro de los asuntos que trae de cabeza a los de Santiago Abascal. En los estatutos de la red social no hay nombres, pero sí se puede leer que los equipos incluyen a "científicos de datos, lingüistas, analistas políticos, y expertos técnicos en temas de abuso y anti-spam".

¿Tiene derecho Twitter a "censurar" a Vox?

Según dos expertos consultados por El Independiente, la respuesta a esta pregunta es 'no', aunque difieren en los matices de su argumentación. De un lado, el abogado Borja Adsuara Varela, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital defiende que, sea quién sea objeto de bloqueo, "en un Estado democrático y de derecho como es España que una red social determine lo que pueden decir o no pueden decir los partidos políticos en campaña electoral es una auténtica vergüenza y es alterar un proceso electoral", explica.

A su juicio, si lo dicho por Vox en este caso es constitutivo de delito, se debe acudir a la Justicia o a la misma Junta Electoral Central, pero una "multinacional norteamericana" no puede decidir "qué es verdad y qué es mentira". Las redes sociales, en base a la Directiva de Comercio Electrónico del 2000 y a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información del 2002, sólo pueden retirar aquellos mensajes "que sean claramente ilegales" -pornografía infantil o apología al terrorismo, por ejemplo-, pero nada más. "Si dan datos falsos sobre la inmigración en Cataluña, que otros les rebatan y publiquen que es mentira. Las mentiras se combaten con más libertad de expresión", argumenta. Para Adsuara, no puede haber más límites en redes sociales que las leyes que aprueban los Parlamentos democráticos. "Todo lo demás es censura", zanja.

Por su parte, Iago Moreno, sociólogo e investigador de fenómenos digitales, califica de "barbaridad" el hecho de que sólo Twitter España sea "árbitro y juez" de lo que sucede en esa plataforma, pero opina que, aunque Vox "ha salido perdiendo ahora, se beneficia diariamente con la carta blanca de la extrema derecha para usar bots artificiales y trolls agresivos saliendo airosos".

Sobre la cuestión de si deben existir o no límites en redes sociales más allá de la ley, Moreno secunda el argumento de que "más allá de lo que se dice", el problema está en "las prácticas organizadas, en las redes que haya detrás de la desinformación y el abuso digital o los poderes que sean cómplices", pero advierte que "nunca se va a poder evitar que a alguien se le vaya la boca y diga una barbaridad".

¿Existe una doble vara de medir?

Para Vox no hay ninguna duda de que esto es así. Mariscal argumenta que, por ejemplo, no se censura a Unidas Podemos cuando en sus redes sociales "se señala a los hombres como potenciales violadores o maltratadores. Y en ese caso no ocurre nada", lamenta. "Es evidente porque no hay noticias en el otro lado. No hay grandes cuentas censuradas de izquierdas. Evidentemente, hay un sesgo ideológico", se reafirma.

En 2019, Twitter suspendió hasta 130 cuentas vinculadas a ERC y otras 259 operadas por el PP

No es así. El debate puede estar en el contenido, en por qué se censura una cuenta y no otra en base a sus mensajes y en la interpretación de los mismos. Pero más allá de los ejemplos referenciados al principio de la información con la eliminación de miles de cuentas asociadas al Partido Comunista Chino en agosto de 2019, está el ejemplo que pone Iago Moreno, que recuerda la llamada 'Operación Araña' en que "se perseguía" a jóvenes de izquierdas por lo que califica de "exabruptos adolescentes". La realidad es que fueron detenidos acusados de enaltecimiento del terrorismo a través de Internet, aunque Amnistía Internacional reconoció el caso dentro de las restricciones injustificadas de la libertad de información y expresión.

Hay más ejemplos. A principios de 2019, Twitter suspendió hasta 130 cuentas falsas directamente asociadas con el independentismo catalán, y en concreto con ERC, dedicadas a difundir contenidos sobre el referéndum catalán. Esta red incluía cuentas falsas creadas con la intención de "influir de forma inorgánica en la conversación de formas políticamente ventajosas". Y en septiembre de ese mismo año, la plataforma informó de la eliminación de otras 259 cuentas, en este caso operadas por el Partido Popular que, de manera artificial "potenciaban la opinión pública en España" a través de un comportamiento de spam o retuit para "aumentar la interacción".