Jesús Santos, el letrado que defiende al Partido Popular en el juicio que ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional contra Luis Bárcenas y los socios de la empresa que reformó la sede del PP con cargo, presuntamente, a la caja B o contabilidad ilegal del partido eludiendo, según se juzgará, el pago de impuestos, puso ayer en duda la verosimilitud de la declaración del extesorero ante la Fiscalía Anticorrupción. En ésta, a modo de confesión, Bárcenas aseguró que la formación tuvo un sistema "institucionalizado" para financiarse irregularmente por medio de donaciones de empresarios entre 1982 y 2009 y que el ex presidente Mariano Rajoy era "perfecto conocedor" de estos hechos.

El abogado Santos afirmó durante la primera sesión del juicio que "son 19 los órganos jurisdiccionales que han analizado las declaraciones del señor Bárcenas y ninguno de ellos le ha dado la más mínima credibilidad y verosimilitud a su versión" durante estos años. Como ejemplo, Santos escogió hasta nueve resoluciones y las entregó al Tribunal para que las valorase. Entre ellas, se encuentran la sentencia de Gürtel Época I de la Audiencia Nacional, ratificada el 14 de octubre por el Supremo; la absolutoria para el PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero o la del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid que desestimó la demanda del antiguo gerente de la formación política contra el PP por su despido.

Fue en el texto del fallo del caso separado de Gürtel Época I (1999-2005) donde los magistrados de la Audiencia Nacional expresaron que echaban en falta que el acusado "hubiera mantenido una posición lineal que dotara de credibilidad su testimonio, lo que no consideramos que haya conseguido", a pesar de que calificaban como "cierto" alguno de los datos que Bárcenas incluyó en sus once alocuciones. "Ni siquiera las medias verdades que con ello construye nos ofrecen una mínima verosimilitud, como para creer cuanto ha venido diciendo en su descargo", concluía el Tribunal, que recalcaba ya en 2018 los cambios de criterio del ex tesorero y la aportación de "versiones que bien por su disparidad, o bien por carecer de respaldo documental, ofrecen escasa credibilidad". Para la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Bárcenas buscaba con sus interpretaciones "encontrar una exculpación, a costa de que esas distintas versiones fueran encajando, para hacer pasar ese cuadro por una verdad que convenciera al Tribunal". 

Después de que la defensa de Bárcenas propusiera al Tribunal durante las cuestiones previas un careo entre éste y el ex presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ante las contradicciones que puedan darse porque el primero afirme que cobró sobresueldos con cargo a la caja B y el segundo lo niegue, Santos advirtió del riesgo de que la Sala del juicio se convierta en un «circo mediático o un campo de contienda política». En este sentido, pidió al Tribunal que exija a las cinco acusaciones populares, que considera se mueven por un «interés político», que retiren sus escritos de acusación para que vuelvan a presentarlos ciñéndose a la inculpación del Ministerio Fiscal, puesto que «acusan por hechos que el auto de procedimiento abreviado declara sobreseídos por falta de indicios».

Las acusaciones populares, ejercidas por Izquierda Unida, el Observatori DESC, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y dos listas encabezadas por Pablo Nieto (exconcejal del PSOE en Boadilla, Madrid) y Ángel Luna (ex alcalde socialista), solicitan las declaraciones como testigos de los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos o al ex vicepresidente Rodrigo Rato. Será este martes cuando las acusaciones populares se personen para rebatir los argumentos que la Fiscalía Anticorrupción, defensas y PP han vertido contra ellas en la primera jornada de la vista oral, como la falta de legitimidad para acusar por algunos delitos o por la numerosa lista de testigos que han propuesto.

En este sentido, Jesús Santos consideró que también procedía retirar la prueba testifical de todos los políticos que han propuesto las acusaciones, por lo que los magistrados tendrán que pronunciarse sobre si deben o no apartarla cuando concluya la fase de cuestiones previas del juicio contra el ex tesorero, el ex gerente de la formación Cristóbal Páez, los socios de la empresa Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García y la empleada Laura Montero, además del propio partido, que es considerado responsable civil subsidiario de los delitos que hayan cometido el resto de acusados.

El juicio perjudica al PP de Casado

El juicio en curso ahonda en el desmantelamiento de una época negra para el PP, marcada por la corrupción, con la que el actual presidente Pablo Casado trata de marcar distancias. La formación ya fue condenada en 2018 a título lucrativo por la primera etapa de la Gürtel y la Audiencia Nacional certificó la existencia de la caja B. En octubre, la sentencia firme del Supremo sobre los mismos hechos ratificó que los magistrados de la Audiencia Nacional tuvieron "prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una caja B o contabilidad extracontable del PP".

Por otra parte, el abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, ha planteado al tribunal que ordene un careo entre su defendido y Rajoy, dado que considera que dicha prueba durante el juicio permitiría despejar la contradicción entre la confesión del que fuera tesorero sobre si el ex presidente cobró sobresueldos con cargo a la caja B. El letrado ha dejado abierta la posibilidad de este cara a cara entre ambos, además de la declaración testifical de Rajoy en el juicio, que ya han solicitado otras acusaciones. Bárcenas indicó en un escrito dirigido la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción que el ex dirigente del partido conservador «era perfecto conocedor» de la contabilidad irregular del partido engordada con donaciones de empresarios.