El Ministerio del Interior tiene previsto gastar hasta 605.000 euros al mes durante año y medio en la contratación de vuelos específicos para repatriar a sus países de origen a migrantes irregulares en ejecución de las órdenes de expulsión o para llevar a cabo traslados entre distintos puntos de España a fin de realizar ingresos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lo que supondrá un desembolso de casi 11 millones de euros.

La Secretaría de Estado de Seguridad está cerca de resolver el procedimiento que anunció el pasado 30 de diciembre para contratar estos servicios de transporte aéreo al estar próximo a expirar el encargo formalizado en diciembre de 2019 con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Evelop Airlines SL y Air Nostrum Línea Aéreas del Mediterráneo SA. De no surgir contratiempos, la ejecución del nuevo contrato se desarrollará entre junio de 2021 y diciembre de 2022.

La de esta UTE es una de las tres ofertas que Interior recibió durante el mes en que mantuvo abierto el plazo. En su reunión del pasado 4 de febrero, según se detalla en el acta de la sesión, la mesa de contratación dio por buena la documentación presentada tanto por estas dos empresas que han concurrido de la mano como la remitida por Air Europa Líneas Aéreas SAU y Aeronova SLU, que también han acudido formando una unión de empresas. A la tercera compañía que ha pujado (Canary Fly SLU) se le ha pedido que subsane algunas deficiencias, como la "falta de declaración responsable" que se exigía en el pliego de cláusulas administrativas.

En la memoria justificativa, la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad recuerda que "no siempre es tarea fácil" calcular el número de vuelos de expulsión o repatriación que se acometerán durante la vigencia del contrato dado que el fenómeno de la inmigración está sujeto a "múltiples factores", a lo que se ha sumado la pandemia del coronavirus.

La contratación de estos servicios se producirá después de que España registrara el pasado año un aumento del 29 % en la llegada total de inmigrantes tanto por vía marítima como terrestre, al pasarse de 32.449 a 41.861. De acuerdo con las estadísticas de Interior, el interior fue especialmente acusado en el caso de Canarias: un 756,8 % más (de 2.687 a 23.023).

Para calcular el presupuesto de gasto máximo del nuevo contrato, Interior ha vuelto a tomar como referencia el gasto real registrado durante los años 2017 y 2018 -exactamente 12.277.838 euros, incluido el 10 % de IVA- y le ha aplicado un incremento del 18 % para cubrir el posible incremento que hayan podido experimentar algunos costes, caso de los carburantes. Al tratarse de un contrato de 18 meses, ello arroja un límite de 10.890.000 euros, a razón de 605.000 euros mensuales.

Air Nostrum aspira a renovar el contrato en UTE con Evelop, pero compiten con Canary Fly y Air Europa-Aernova

En el caso de que aumentara el flujo migratorio irregular y el gasto real excediera el importe de adjudicación, el departamento que dirige Grande-Marlaska ha previsto la posibilidad de que el contrato se pueda modificar hasta un 10 % del presupuesto como máximo. Esa circunstancia, en concreto, se daría si la partida se ha agotado en un 80 % cuando falten más de cuatro meses para que termine la ejecución del encargo.

La compañía que resulte adjudicataria deberá estar disponible de forma permanente para realizar vuelos internacionales de traslado de ciudadanos extranjeros en situación irregular a sus países de origen y de los policías encargados de su custodia. También se podrán programar desplazamientos entre distintos puntos de España.

Como en licitaciones anteriores, el contratista deberá disponer de aviones con capacidades diversas (hasta 75 plazas, de entre 76 y 120, de 121 a 200 y de más de 201) para garantizar que puedan operar en todos los aeropuertos nacionales e internacionales, incluido el de Melilla. Las aeronaves no podrán tener una antigüedad superior a 25 años.

Tarifa que pagará el Ministerio del Interior por cada hora de vuelo o de estancia en tierra según la aeronave.

Según se detalla en los pliegos, los servicios a bordo que tendrá que ofrecer la compañía que reciba el encargo deberán ser como mínimo "equivalentes a los de la clase turista de los vuelos comerciales de duración similar", lo que incluye servir agua mineral y comida caliente en aquellos vuelos que duren más de dos horas. En estos casos, el operador tendrá necesariamente que tener en cuenta "la peculiaridad del orden religioso o cultural" de los pasajeros.

Contrato arrebatado a Air Europa

Asimismo, el contrato impone específicamente a los tripulantes de la aeronave como cualquier otro empleado de la compañía que viaje a bordo la obligación de respetar la "adecuada reserva y confidencialidad" sobre los servicios que se desarrollen, como "fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo".

Se trata del procedimiento de estas características que licita el equipo de Grande-Marlaska desde su llegada al Ministerio del Interior en junio de 2018. El primero se resolvió a finales de 2019 y se adjudicó a Evelop Airlines-Air Nostrum, UTE que logró arrebatarle el contrato a Air Europa. En unión de Aernova SLU y Swiftair (2018) o solo con Swiftair (2015), la compañía fundada por Juan José Hidalgo había sido la adjudicataria en los dos procedimientos anteriores.