La Dirección General de la Guardia Civil permitirá que los agentes exhiban tatuajes visibles siempre que no superen los 70 centímetros cuadrados de piel en cada extremidad y no incluyan imágenes o expresiones contrarias a los valores constitucionales, que reflejen "motivos obscenos" o inciten al odio.

Así se detalla en el borrador de real decreto que regulará el uso general del uniforme y que ha entregado ya a las asociaciones profesionales con representación en el Cuerpo para su discusión y posterior aprobación. El grupo de trabajo creado al efecto retoma este miércoles las conversaciones después de que Grande-Marlaska paralizara en el verano de 2018 el proyecto de norma que había impulsado su antecesor en el cargo (el popular Juan Ignacio Zoido), que prohibía los dibujos corporales que no quedaran ocultos bajo el uniforme.

De salir adelante el texto con la redacción actual, consultado por El Independiente, los agentes no podrán mostrar dibujos en el cuerpo -ni en zonas visibles ni ocultas- que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares; que supongan desdoro al que porta el uniforme; que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil en cualquiera de sus formas; que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso. Tampoco que inciten al odio -novedad respecto a la propuesta anterior- o que comprometan la neutralidad política o sindical, según se detalla en el artículo 14.

Con independencia del motivo que reflejen, no estarán permitidos tampoco en ningún caso en manos, cabeza y cuello. Por contra, sí se autorizan los que se sean visibles en brazos y piernas cuando se vista el uniforme y el área tatuada no supere los 70 centímetros cuadrados de piel en cada extremidad. En caso de exceder esta superficie, el agente tendrá que tapar la zona sobrante.

En septiembre de 2018, el ministro Grande-Marlaska ordenó que se retirara el proyecto que regulaba el aspecto físico de los agentes ante la falta de consenso que había suscitado el borrador elaborado por el anterior equipo de Interior. Las asociaciones AUGC, ASESGC, AEGC, UniónGC y APCGC llegaron a remitir una carta al director de la Guardia Civil en la que mostraban su rechazo al proyecto que les habían presentado, que obligaba a los agentes que tuvieran dibujos tatuados en zonas no ocultas por el uniforme a someterse a intervenciones para su eliminación en el plazo de tres meses.

El tatuaje del ministro

Se da la circunstancia de que el actual titular de Interior luce un tatuaje en su muñeca derecha -con el lema ‘Ni pena ni miedo’, inspirado en el verso del poeta Raúl Zurita que aparece en un geoglifo en el desierto chileno de Atacama- que es visible cuando no utiliza manga larga.

La nueva redacción presenta severas limitaciones, pero no es tan restrictivo como la anterior propuesta. "Este real decreto pretende establecer la regulación del uso general del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil, incluyendo los aspectos más relevantes de la imagen externa de quienes lo porten, derivando a su desarrollo posterior todo lo referente a las normas de uniformidad, aspectos externos y composición y descripción de los diferentes tipos de uniforme", expone.

El borrador presentado ahora también pretende prohibir cualquier tipo de argolla, espiga, inserción, automutilación, implantes microdermales o subcutáneos y cualquier tipo de perforación diferente al uso de pendientes "cuando sean visibles al vestir las prendas comunes para el personal masculino y femenino del uniforme de la Guardia Civil en sus diferentes tipos y modalidades de uso general de acuerdo a la normativa que lo regula".

El borrador de norma elaborado por la Dirección General prohíbe las argollas y perforaciones que sean visibles al vestir el uniforme oficial

El documento dedica más artículos a regular otras cuestiones relacionadas con el aspecto físico. En este sentido, se exige al uniformado el "debido aseo e higiene personal", así como que utilice las tallas adecuadas de prendas y calzado y que éstos muestren un "buen estado de conservación".

El cabello del agente tendrá que estar siempre "aseado y peinado", quedando obligado a utilizar su color natural en caso de recurrir al tinte. "El corte de pelo en los hombres será de estilo clásico y su longitud, la adecuada para que queden descubiertos la totalidad de los pabellones auditivos y no se supere el borde del cuello del uniforme. El corte y peinado de la mujer dejarán la cara despejada, permitirán la correcta colocación de la prenda de cabeza y, si el cabello desciende de la línea inferior del cuello de la uniformidad, deberá llevarse recogido", especifica.

En el caso de que se opte por lucir bigote, barba o perilla, éstos deberán estar arreglados y en colores naturales, de modo que se pueda intuir la "morfología facial del individuo". Asimismo, las uñas tendrán que estar también cuidadas y no podrán presentar una longitud que dificulte la "correcta prestación del servicio", debiendo emplearse -en el caso de las mujeres- una tonalidad "suave" e idéntica en todas las uñas. El maquillaje y los cosméticos que se utilicen no podrán ser tampoco de tonos llamativos.

Uso del uniforme en redes sociales

De igual forma, se prohibiría el uso de accesorios que "impidan, limiten o pongan en riesgo la finalidad del servicio", reservándose de forma exclusiva el uso de pendientes cuando se vista el uniforme al personal femenino.

En paralelo, la Dirección General pretende que ningún funcionario del Cuerpo pueda utilizar el uniforme oficial, salvo con autorización previa, "en páginas web, redes sociales en línea o cualquier otro medio de difusión pública utilizando cuentas y canales de uso privado". Esta prohibición se suma otras ya previstas en el borrador elaborado en 2018, como en actos publicitarios, entrevistas no autorizadas con medios de comunicación o cuando se comparezca en sede judicial como investigado.

De forma expresa, también se desautoriza la donación o compraventa entre particulares de prendas y accesorios oficiales, quedando el funcionario obligado a entregar los uniformes que deje de utilizar por cambio de unidad o de tallaje.