A juicio de la ministra portavoz, María Jesús Montero, las palabras de Pablo Iglesias cuestionando la normalidad democrática de España deben entenderse como parte de la campaña electoral del líder de Podemos e incluso, enmarcarlas en una estrategia destinada a "mejorar la calidad democrática" del país. Eso sí, en la misma línea de Carmen Calvo, ha defendido que nuestro país "es una democracia plena, consolidada, de las 23 mejores del mundo y no porque lo diga este gobierno, sino los rankings de organismos independientes".

El vicepresidente no ha tomado la palabra en el Consejo de Ministros, ni este tema ha sido materia de debate en la cita de hoy. Por ello, Montero ha negado la existencia de "ningún tipo de polémica respecto a esta cuestión". "Declaraciones que se pueden escuchar estos días hay que contextualizarlas en el marco de la campaña. Fuera de este marco no se comprenderían", ha agregado tras recordar que el vicepresidente segundo, que hizo sus críticas en calidad de tal, también es líder de "una formación política que se presenta a las elecciones" autonómicas catalanas del próximo domingo.

Los presos del procés "son políticos que se encuentran presos. En este país no existen los presos políticos sino personas que han transgredido la ley y han recibido sentencias por parte de los tribunales", ha intentado concluir la ministra portavoz respecto a un nuevo frente abierto en el seno del Ejecutivo.

Sobre la anunciada reforma penal de los delitos de libertad de expresión, que anunció sorpresivamente Moncloa la noche del lunes para adelantarse a la proposición de ley que presentaba hoy Unidas Podemos en el Congreso, ha explicado que el Gobierno se planteó la reforma tras conocer la condena al rapero Hasel, cuyos "excesos verbales tienen que quedar al margen del castigo penal" por entender que hay una "falta de proporcionalidad" del castigo.

Incluso ha dicho desconocer que sus coaligados tuvieran previsto presentar una iniciativa parlamentaria en este sentido, pero Unidas Podemos asegura que se les avisó antes de que Moncloa hiciera el anuncio. Montero se escuda en la "sensibilidad activa" del Gobierno respecto a cuestiones como la suscitada por la entrada en prisión de Pablo Hasel y ha defendido que cuestiones que afectan a las libertades deben hacerse vía proyecto de Ley para desarrollarlas "con todas las garantías".

En definitiva, se trata de "tener cintura política ante las cuestiones con impacto social", minimizando de quién "es la iniciativa primera". Pero tras varias preguntas en este sentido, ha lanzado un dardo a los socios al afirmar que "algunas formaciones políticas quieren patrimonializar unas iniciativas para situarse en posición de ventaja", sobre todo el elecciones.

La reforma no afectará "en ningún caso a otras cuestiones", al ser interrogada por si finalmente se considerará delito la apología del franquismo como recoge la Ley de Memoria Democrática. Se abordará dentro de una reforma global del Código Penal, salvo que se entiendan que puedan producirse más sentencias como la del rapero, con lo que se aceleraría este cambio.

Llamamiento a la participación electoral el 14-F

Además, Montero ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones catalanas del próximo domingo "porque es la mejor manera de construir sociedad y democracia", ha dicho. Ante el temor a que se hunda la participación, que afectaría principalmente a los partidos constitucionalistas, ha defendido que la cita electoral transcurrirá "con todas las garantías de protección a la salud y de derecho al voto".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias ha informado de los últimos datos sobre vacunación y evolución de la pandemia, con una nueva prórroga, la cuarta, de vuelos procedentes del Reino Unido, así como de Brasil y Sudáfrica, por la nueva variante del Covid de ambos países. Asimismo, ha subrayado la tendencia decreciente de los contagios, pero "lo realmente relevante es la importancia de las medidas".

El Gobierno teme una desescalada rápida en las Comunidades autonómicas que haga que la curva vuelva a subir. Las medidas, ha subrayado, "necesitan tiempo" para que baje la incidencia acumulada. El nivel óptimo no se alcanzará hasta que la incidencia sea de 50 casos por 100.000 habitantes.

El Consejo ha analizado asimismo la llegada de vacunas, en concreto, las 196.000 de AstraZeneca -que para todo febrero superarán 1,8 millones- que no se inoculará a los mayores de 55 años, y que se suman a las de Pfizer y Moderna. "España se sitúa por encima de la UE en la administración de vacunas", a decir de Darias, cuyo departamento se ha marcado como objetivo que en breve haya más personas vacunadas que contagiadas para que en verano los esté el 70 por ciento de la población, a pesar de que el ritmo no parece apuntar en ese sentido.

Licitación de 175.ooo ordenadores

Por otro lado, el Consejo ha aprobado la licitación de 175.000 ordenadores con conectividad para la Comunidad andaluza. Forman parte del medio millón de aparatos prometidos el pasado junio por la ministra de Educación, Isabel Celaá, y que todavía no ha llegado a los centros escolares de ningún territorio ochos meses meses después.