La proximidad de las elecciones de Cataluña tensa la relación entre los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Tanto, que ya no disimulan la carrera por llegar los primeros a resolver asuntos de alta exposición social.
Esta competitividad se vio con claridad en la gestión de la propuesta de reforma de los delitos recogidos en el Código Penal que afectan a la libertad de expresión. Moncloa, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC), avanzó la tarde-noche del lunes que promoverá una reforma legal para que no se castiguen con penas de cárcel. En un breve comunicado, el Gobierno informó de que el Ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión.
Esto, después de que un nutrido grupo de artistas lanzaran un manifiesto en apoyo del rapero Pablo Hasel por su inmediata entrada en prisión. La Audiencia Nacional le dio diez días el pasado 28 de enero para cumplir con una condena de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Monarquía.
Lo llamativo fue que, más de una hora después de comunicar Moncloa las intenciones del Ministerio de Justicia, desde éste no estaban en disposición de dar más detalles sobre la propuesta, lo que abonó la imagen de una improvisación por parte del Gobierno para adelantarse a las intenciones de sus socios de Podemos. Este martes, de hecho, la formación morada registró en el Congreso su propuesta particular para despenalizar los delitos relacionados con la opinión y la libertad de expresión.
Podemos habla de "supresión"
La diferencia es que mientras desde el Gobierno se habla de una "reforma" para que sólo se castiguen "conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta", Podemos propone directamente "suprimir" los delitos del Código Penal, como explicaron este martes en el Congreso los diputados Enrique Santiago y Jaume Asens.
El partido de Pablo Iglesias, en la proposición de ley registrada en el Congreso, pide eliminar del Código Penal los delitos de Injurias a la Corona (art. 490 CP); contra los sentimientos religiosos (art. 522 y ss CP); de ofensa y ultraje a las instituciones del Estado (art. 543 CP) y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas (art.578 CP).
Desde Justicia, por su parte, especificaron que "se encuentran estudiando la posibilidad de reformar los delitos más controvertidos comprendidos en lo que comúnmente se denominan 'delitos de expresión', entre los que se hallan: el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas (art. 578 CP), el delito de odio (art. 510 CP) los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones (arts. 490 y ss. CP) y los delitos contra los sentimientos religiosos (arts. 522 y ss CP).
El número dos del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, reconoció en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, como recogió Europa Press, que Unidas Podemos no le avanzó su iniciativa y lo achacó a la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero.
Las duplicidad de propuestas de reforma del Código Penal de los dos socios de Gobierno por las tensiones electorales abre la vía a que progrese la más amplia de las dos, en la que se propone suprimir directamente los delitos mencionados, entre ellos el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas recogido en el artículo 578 del CP que dice lo siguiente: "El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses".
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