Unidas Podemos quiere suprimir los delitos recogidos en el Código Penal que colisionan con el derecho fundamental a la libertad de expresión de la Constitución Española pero deja fuera de su propuesta uno de ellos, el delito de odio penado con hasta cuatro años de prisión.

Es el delito en base al que la Fiscalía denunció este martes a un grupo juvenil de extrema derecha, Bastión Frontal, por exhibir pancartas con mensajes contra menores extranjeros atribuyéndoles falsos "robos, agresiones y abusos". También es el delito por el que el Ministerio Público pidió al Supremo que investigara al diputado de Vox, Javier Ortega Smith, por decir que las 13 Rosas, mujeres asesinadas por la dictadura franquista, "lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente" durante una entrevista en televisión. Una investigación que la Sala Segunda del alto tribunal rechazó iniciar al entender que la conducta se justificaba por el valor predominante de la libertad frente a los derechos y la dignidad de las personas a quienes se refirió.

El delito de odio recogido en el artículo 510 del Código Penal castiga a "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad". Y los casos en los que dichas ofensas están por encima de la libertad de expresión son difusas. Hasta tal punto, que la Fiscalía emitió una circular con pautas al respecto.

La propuesta de Podemos de suprimir otros delitos que afectan a la libertad de expresión, como los de injurias a la Corona (art. 490 CP); contra los sentimientos religiosos (art. 522 y ss CP); de ofensa y ultraje a las instituciones del Estado (art. 543 CP) y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas (art.578 CP) llega después de que centenares de artistas apoyaran al rapero Pablo Hasel, que tendrá que ingresar en prisión condenado por enaltecimiento del terrorismo por las letras de sus canciones.

Los diputados Jaume Asens y Enrique Santiago registraron este martes en el Congreso la proposición de ley de la formación morada en una carrera electoral con la parte socialista del Gobierno por atribuirse iniciativas importantes para el debate social.

Moncloa improvisó horas antes, la noche del lunes, un comunicado en el que avanzó que el Ministerio de Justicia "planteará una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad".

Fuentes del Gobierno explicaron que "el ministerio considerará que aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, debieran permanecer al margen del castigo penal". A diferencia de Podemos, sí incluyó el delito de odio entre su propuesta de delitos a "reformar".

"Influencia de la dictadura"

La propuesta de derogación de Podemos busca, según explicaron los diputados Asens y Santiago, eliminar los "artículos del Código Penal cuya influencia proviene de la dictadura y que por tanto no tienen cabida en un sistema democrático y plural".

Pusieron ejemplos de manifestaciones artísticas que estos artículos han permitido judicializar, como la procesión del coño insumiso, la difusión de mensajes contra la Corona en redes sociales o a través de letras como las del rapero Valtonyc, que cantó: "El rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello que le caiga el peso de la ley".

Valtonyc fue condenado por injurias graves a la Corona y por enaltecimiento del terrorismo, igual que Hasel. Precisamente este último delito es al que se remiten las asociaciones de víctimas de ETA para pedir que se condene a los promotores de actos de recibimiento a etarras cuando salen de la cárcel o manifestaciones contra la Guardia Civil en municipios del País Vasco.

Contradictorio con al apología del franquismo

Desde dichas asociaciones de víctimas se ha destacado la contradicción que supone que el Gobierno anuncie que quiere despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y otros delitos que colisionan con la libertad de expresión pero a la vez mantenga su idea de perseguir y castigar la apología del franquismo.

Hace justo un año, el 11 de febrero de 2020, el Gobierno anunció una reforma del Código Penal para que "la apología y la exaltación del franquismo sean un delito".

Un anuncio que juristas y expertos en Memoria Histórica acogieron con recelo porque podría chocar con el derecho a la libertad de expresión, opinión y la creación literaria o artística recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española. Aunque algunos expertos lo vieron como "justo con las víctimas del franquismo", otros alertaron de los peligros de caer en un "populismo punitivo" que atente contra un derecho fundamental.

El eterno debate sobre los límites de la libertad de expresión vuelve ahora que una parte del Gobierno, la del PSOE, habla de reformar los delitos del Código Penal que la penalizan y otra, la de Podemos, de suprimirlos aunque olvidando el de odio.