El Ministerio de Sanidad ha dado respuesta en cuestión de horas a una petición de información recibida a través del Portal de la Transparencia con la que un diario digital trataba de confirmar si Salvador Illa -ex titular de este departamento y hoy cabeza de cartel del PSC a las elecciones catalanas de este domingo- se había vacunado contra la covid-19. La extraordinaria celeridad con la que se ha dado contestación a esta solicitud de acceso a la información pública no es usual en la Administración General del Estado, que apura con mucha frecuencia el plazo de un mes que tiene para responder y que a menudo invoca la complejidad de la petición para disponer de más tiempo.

En plena polémica por la negativa del ex ministro a hacerse una prueba PCR antes de participar el pasado martes en un debate de TV3, lo que ha llevado a algunos grupos de la oposición a sospechar que aquél podría haber recibido ya la primera dosis de la vacuna sin corresponderle, eldiario.es había registrado este jueves una petición de información a través de Transparencia del siguiente tenor: "¿A fecha 11 de febrero de 2021, Salvador Illa Roca, ex ministro de Sanidad, ha recibido alguna de las vacunas contra la covid-19? En caso afirmativo, solicito el informe que certifique la inoculación de esa vacuna con la fecha de la inyección".

A las 19.3o horas, el citado periódico ha informado de que el ex titular de Sanidad no se había inmunizado, reproduciendo el documento con el que la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud le ha certificado tal extremo. Sanidad ha concedido el acceso tras entender que, si bien Illa ya no tiene vinculación con el Ministerio, la petición encaja en el espíritu de la propia doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG): someter a escrutinio la acción de los responsables públicos para poder conocer cómo toman las decisiones y cómo se gestiona el erario. También porque el ex ministro se ha apresurado a autorizar que se divulgara este dato personal.

"Conocer si don Salvador Illa Roca recibió a través del acto vacunal alguna de las distintas dosis adquiridas por el Ministerio de Sanidad sin que le correspondiera en los términos de la 'Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España' incide de forma directa sobre la finalidad de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre [de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno], dado que sirve para hacer un mejor escrutinio de la acción de los responsables públicos, siendo en este caso, además, una persona de especial relevancia en atención a su gestión al frente del Ministerio de Sanidad", expone Alfredo González Gómez en la respuesta.

Trámite de audiencia

En cuestión de horas se ha analizado la petición, se ha consultado a los "servicios competentes del departamento" y se ha evacuado el trámite de audiencia que la ley prevé en el artículo 19.3: "Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación". Sanidad no ha agotado ni uno de los 15 días que le concede la ley, circunstancia bastante inusual.

Según el secretario de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Salvador Illa había mandado un escrito "en el periodo de alegaciones" en el que hacía constar su "autorización expresa e inequívoca" a que se certificara si se había vacunado o no y al "acceso a sus datos personales" para que se pudiera ofrecer el dato requerido por el diario.

"Una vez realizada la correspondiente consulta a los servicios competentes del departamento, y según consta en el Sistema de Información para el seguimiento de la vacunación frente a la covid-19 (Regvacu), consultado el 11 de febrero de 2021, Don Salvador Illa Roca no ha recibido dosis alguna de vacuna para hacer frente a la covid-19", contesta. Dicho sistema se nutre de los datos reportados por las comunidades autónomas, sin que hubiera trascendido hasta ahora que exista un registro con la identificación de las personas que se van vacunando (1.222.323 a fecha de este jueves, de las que 251.866 ya han recibido el segundo pinchazo).

La celeridad de Sanidad en contestar que Illa no se vacunó contrasta con la reticencia que mostró para revelar el comité de expertos para la desescalada

Con su celeridad, el departamento que dirige la socialista Carolina Darias ha disipado la duda que la oposición había aireado en la recta final de la campaña de las elecciones catalanas, que el ex ministro de Sanidad aspira a ganar. Sanidad también ha puesto el listón muy alto respecto al plazo de respuesta.

La rapidez de este departamento ministerial en dar respuesta a la petición de si Illa se había vacunado contra el coronavirus contrasta con la reticencia de demostró a la hora de hacer pública la identidad de los funcionarios que le asesoraron a la hora de decidir a qué fase pasaba cada comunidad durante el proceso de desescalada, hasta el punto de que sólo accedió a facilitarlo después de que el Consejo de Transparencia hubiera amparado las reclamaciones recibidas sobre este particular.

El Gobierno se había negado a revelar dichos datos alegando que, en caso de difundirlo, estaría vulnerando el derecho a la protección de datos de los citados expertos. El CTBG rechazó ese argumento y, por el contrario, resolvió que proporcionar esa información favorecía el control de la actividad pública por parte de la sociedad en "decisiones relevantes".

De acuerdo con las resoluciones consultadas por este diario, Transparencia estimó el pasado año 47 reclamaciones que se habían formulado contra Sanidad. Entre otros asuntos, las peticiones versaban sobre los informes emitidos en los inicios del coronavirus; los residentes en centros de mayores fallecidos por covid-19 en cada comunidad autónoma; el listado de reuniones mantenidas desde el 1 de enero de 2020 por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, o el número de rastreadores con que se contaba para detectar posibles contactos de contagiados y romper así la cadena de transmisión.