El 1 de octubre de 2017 marcó un antes y un después para la actividad empresarial en Cataluña. El referéndum ilegal que se hizo en la comunidad autónoma, y del que se acabó declarando la independencia unilateral provocó una crisis de inestabilidad sin precedentes en España y en esta región en concreto.

Desde aquella fecha hasta el cierre de 2020, más de 7.000 empresas decidieron hacer las maletas y cambiar a otra comunidad autónoma la sede social de su negocio en búsqueda de tranquilidad, de acuerdo a la información ofrecida recogida por los diversos informes del Colegio de Registradores de España. 

El independentismo, siempre confiante, recalcó durante los meses más complejos de 2017 y 2018 que las empresas volverían “a una Cataluña independiente y con estabilidad”, tal y como llegó a esbozar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en los momentos más complicados. Pero esas palabras han quedado en papel mojado y de aquella sangría que se produjo durante años, la comunidad autónoma ha podido atraer menos de 1.000 sociedades de otras regiones españolas, dejando un saldo negativo de una fuga de más de 6.000 compañías que no han regresado.

Los resultados que se produjeron este 14F, con una victoria en votos del PSC -liderado por Salvador Illa- pero con una mayoría independentista, vuelve a dejar un panorama poco alentador para que los inversores y empresarios vuelvan a confiar en Cataluña. “Todo hace indicar que se producirá una alianza entre partidos que quieren la secesión y estaremos bajo un entorno que no ayuda a la vuelta de las sociedades”, señala el economista Gonzalo Bernardos. “Durante cuatro años, el Govern se ha dedicado a poner y quitar pancartas y lazos y se ha olvidado de reactivar y de cuidar la economía”, cuenta el experto a El Independiente. 

El economista Daniel Lacalle sostiene que los inversores internacionales “tienen claro” que bajo un clima de “inestabilidad jurídica, empresarial y civil” es complicado que vuelvan a apostar por una región como la catalana. 

Madrid abre los brazos a las empresas catalanas

“En los últimos años, los grandes grupos empresariales e inversores han dejado de lado Cataluña, epicentro de los negocios hasta no hace mucho, para abrir la puerta a Málaga, Madrid o Valencia”, apostilla en este sentido Bernardos. 

Madrid, de hecho, es la principal comunidad autónoma más beneficiada por la inestabilidad derivada del procés. Según las cifras del Colegio de Registradores, la Comunidad de Madrid ha recibido más de 3.000 sociedades desde el 1 de octubre de 2017, mientras que el viaje opuesto solo lo han hecho 800 empresas.

Además, durante la anterior legislatura se consumó el sorpasso de Madrid a Cataluña en cuanto al peso del PIB en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid aportó el 19,3% del PIB nacional, por delante de Cataluña (19%), comunidad a la que ya había superado en 2018 y 2017.

En concreto, Madrid sumó en 2019 un PIB equivalente a 240.129 millones de euros, frente a los 236.813 millones de Cataluña, con lo que la brecha en PIB se va agrandando año a año. 

Una difícil vuelta 

A pesar de que muchas de las grandes compañías que se marcharon emplazaron al futuro para tratar una posible vuelta, los economistas consultados sostienen que será complicado que, tal y como señalan los números, vuelvan a instaurar su sede social en Cataluña.

“Es muy complejo que se produzca una repatriación de empresas porque el Gobierno independentista ya hizo cuatro años de política económica nefastos y las condiciones van a ser las mismas”, señala Bernardos.

Por su parte, Daniel Lacalle incide en que “el retorno va a ser complicado” en tanto en cuanto “no hay un ecosistema empresarial propicio” para que las empresas quieran regresar a Cataluña. A su vez, vaticina “un goteo constante”en la fuga de sociedades, que irán engrosando la lista negra que se inició en 2017.

Una de las pocas empresas que volvió a Cataluña fue Agbar. El Consejo de Administración de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar), matriz de Aguas de Barcelona, decidió en diciembre de 2018 regresar ya que entendió que existía “suficiente estabilidad económica”.

De Caixabank a Codorniú

Durante las semanas posteriores al referéndum ilegal celebrado en Cataluña, centenares de sociedades anunciaron su marcha a otros lugares de España como es el caso de Caixabank, Banco Sabadell, Codorniú o Pastas Gallo.

Caixabank trasladó su sede social a Valencia dos días antes de la declaración de independencia —anunciada y suspendida en el Parlament— para "salvaguardar la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad". De hecho, el independentismo atacó duramente al banco por acometer la fusión con Bankia y no entablar conversaciones de unión con otra compañía catalana. Además, las principales fuerzas catalanistas atacaron la fusión entre ambos bancos.

Días antes lo comunicó Banco Sabadell, siendo la primera compañía del Ibex 35 que tomaba esta decisión. No obstante, la operativa de la entidad sigue siendo netamente catalana pues su sede operativa sigue estando en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Codorniù, una de las compañías que más representa Cataluña por todo el mundo, decidió en octubre de 2017 mudarse a La Rioja “ ante la situación de incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra sumida Cataluña y con el objetivo de garantizar los intereses de trabajadores y clientes".

Pastas Gallo también oficializó su marcha de Cataluña en aquel fatídico octubre para “garantizar los intereses de los clientes, empleados y accionistas”. No obstante, siguió operando en la región hasta la semana pasada. La dirección de la empresa ha trasladado toda su producción hasta Andalucía.

Vacío en la automoción y adiós de la EMA

Además del adiós de estas 6.000 empresas, el ambiente poco favorable para atraer inversiones a Cataluña ha privado a la región de un posible resurgimiento. Fuentes del sector del automóvil cargan duramente contra la Generalitat porque Barcelona “dispone de unos emplazamientos únicos en Europa” y los contratos se están firmando en otras ciudades europeas. 

“La fabricación de automóviles de movilidad eléctrica es un tren que debió coger Cataluña porque tiene las infraestructuras en la Zona Franca y la Generalitat sigue empeñada en la lucha de banderas”, se lamentan.

Daniel Lacalle remarca que la automoción ha sido el sector más castigado por el independentismo: “Muchas firmas han tenido que ahorrar en costes y no han dudado en cerrar, como es el caso de Nissan, plantas catalanas porque el contexto no es el más propicio para crecer”, arguye.

Cataluña, y Barcelona en concreto, también vio cómo el sueño de que la sede de la Agencia Europea del Medicamento (por sus siglas en inglés EMA) se esfumaba y el Consejo de Asuntos Generales de la UE se decantaba por Amsterdam. Fuentes del organismo confirmaron a varios medios de comunicación españoles que “la incertidumbre política” lastró “irremisiblemente” las opciones de Barcelona.