La Audiencia Nacional ha avalado que la comunicación que mantendrán este viernes diputados de Vox con el comisario jubilado José Manuel Villarejo sea grabada, frente a la pretensión que habían formulado tanto la defensa del antiguo agente encubierto como la formación política. El encuentro se llevará a cabo en locutorio como una visita ordinaria, sólo podrán estar presente dos personas y, si acude el abogado defensor del policía, no será con tal condición sino como acompañante de la diputada Macarena Olona.

En un auto fechado este miércoles, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria consultado por El Independiente, el juzgado respalda el informe presentado por el fiscal Anticorrupción Miguel Serrano -uno de los dos adscritos al caso que instruye el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional- y rechaza la mayor parte de la queja que había formulado Villarejo por las condiciones acordadas por la dirección del centro penitenciario de Estremera (Madrid) para que se llevara a cabo el encuentro.

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y dos diputados más de esta formación (José María Figaredo Álvarez-Sala y Víctor González Coello de Portugal) tenían previsto entrevistarse este viernes a partir de las 10 horas con Villarejo en la prisión de Estremera (Madrid) para conocer detalles sobre la Operación Kitchen, el dispositivo puesto en marcha por el Ministerio del Interior durante la etapa de Fernández Díaz para robarle presuntamente a Luis Bárcenas documentación comprometedora que guardaba sobre dirigentes del PP y en el que intervino el hoy preso durante su etapa como agente encubierto adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional. Los tres parlamentarios son los representantes de esta formación política en la comisión de investigación que se ha constituido en la Cámara Baja para depurar eventuales responsabilidades políticas por dicho operativo, al que se destinaron fondos reservados.

Invocando que el encuentro con el antiguo agente encubierto se había solicitado en calidad de "autoridades" por su condición de parlamentarios, Vox defendía que la cita en el centro penitenciario debía llevarse a cabo en una "sala reservada para jueces o asimilados" con una "amplitud suficiente" a fin de que pudiera respetarse la distancia interpersonal que aconsejan las autoridades sanitarias y que "bajo ningún concepto" se grabara. Para evitar que la prisión pudiera intervenirlas, Vox había pedido que estuviera presente el abogado de Villarejo (el letrado jiennense Antonio José García Cabrera) para garantizar el derecho de defensa de Villarejo.

No es una "comparecencia parlamentaria"

En su resolución, Vigilancia Penitenciaria considera que la calidad de diputados no puede condicionar el régimen de control de las comunicaciones a las que está sometido el preso preventivo, por lo que rechaza la pretensión de que no se grabara. "Las condiciones de la entrevista -perfectamente legítima desde el punto de vista de la acción política y parlamentaria- no puede ser equiparada a las propias de una comparecencia en sede parlamentaria, ante los miembros de la comisión de investigación, en la cual sí podría plantearse su necesidad en orden a velar por los derechos fundamentales del investigado a su presunción de inocencia y a su derecho de defensa", concluye.

El juzgado considera "razonable" que la dirección de la prisión haya limitado a dos el número de personas que podrá entrevistarse con el preso "en atención a la actual situación de pandemia", si bien argumenta que no podrá decidir quién acompaña a la portavoz adjunta de Vox. En todo caso, deja claro que si es el letrado de Villarejo el que finalmente acompaña a Olona no lo hará como abogado defensor. De esta forma se esquiva lo que establece el artículo 48.3 del Reglamento Penitenciario, que prohíbe de forma expresa la intervención de las grabaciones que mantengan los internos con su abogado y procurador.

La entrevista se celebrará en locutorio como una visita ordinaria y sin presencia del abogado de Villarejo

El partido que lidera Santiago Abascal también había planteado poder grabar ellos la conversación, algo que consideraban "esencial" para poder incorporar el testimonio del policía jubilado a los trabajos de la comisión de investigación. Para sustentar esta petición, Vox recuerda que se autorizó la grabación a un periodista de El País cuando entrevistó en la cárcel a Villarejo el pasado 8 de octubre, en víspera de que aquél cumpliera tres años como preso preventivo.

El auto no dice nada sobre esta petición, de lo que cabe inferir que los parlamentarios de Vox no tendrán autorización expresa para registrar las palabras que diga José Manuel Villarejo y que ellos utilizarán cuando tengan que emitir su informe cara al dictamen final.

La ronda de comparecencias de la comisión Kitchen en el Congreso arrancará la segunda semana de marzo con el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, víctima de la operación "parapolicial" -en palabras de la Fiscalía Anticorrupción- con la que Interior trató supuestamente de arrebatar pruebas comprometedoras para el PP y que no llegaran a los juzgados que ya investigaban causas por corrupción. El último en ser citado será Mariano Rajoy, presidente del Gobierno durante los hechos que se investigan.