El caso Juana Rivas llegará al pleno del Tribunal Supremo. La decisión final sobre el recurso de casación presentado por la madre granadina que fue condenada a cinco años de cárcel y seis años de pérdida de la patria potestad de sus hijos por un juzgado de Granada y la Audiencia de dicha provincia ha sido aplazada 'sine die'. "Se había designado para el 17 de marzo la deliberación y han decidido que pase a pleno. El pleno sienta jurisprudencia cualificada a través de acuerdos de pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", explica para El Independiente el abogado de la acusada para esta última etapa del caso, Carlos Aránguez.

La condenada por dos delitos de sustracción de menores defendió en su recurso ante el Supremo que actuó por una "causa justificada", para "proteger a sus hijos". "La Sala Segunda va a decidir sobre el caso Juana Rivas, esperemos que como mínimo estimando el recurso que planteábamos en cuanto a que la pena nos parecía excesiva y que había que reducir de dos delitos a uno, y rebajando en consecuencia al menos la pena, aunque yo también pedí que se le absolviera", indica el letrado en una conversación con El Independiente.

El abogado, que se hizo cargo del recurso de casación ante el Supremo pro bono et amore ('para el bien público' y 'por amor', en latín), se muestra "satisfecho" de que el caso se haya "examinado al máximo nivel". "Mi clienta merece la absolución o, subsidiariamente, que se le rebaje la pena. La pena me parece durísima para los hechos" que se valoran. Aránguez ejemplifica que "es la pena que me pondrían si ahora yo me dirijo hacia usted y le arranco la oreja de un bocado" y asegura que es una condena excesiva si se compara "con casos similares o con decisiones recientes que ha habido, como el caso Cifuentes. Cómo se evalúa la intención en uno y otro caso me parece muy llamativo".

Es la pena que me pondrían si ahora yo me dirijo hacia usted y le arranco la oreja de un bocado"

CARLOS ARÁNGUEZ

El Alto Tribunal "nunca ha entrado a valorar" una circunstancia como esta, en la que tendrá que postularse acerca de si el delito de sustracción de menores, regulado por el Artículo 225 bis del Código Penal, "se refiere a toda la unidad familiar o si cada sujeto pasivo es uno de los niños", expone el abogado de Francesco Arcuri, ex pareja de Juana Rivas. El letrado Enrique Zambrano refleja que "si cada sujeto pasivo es cada uno de los niños, hay que sumar dos delitos".

Zambrano insiste en que el principal objetivo de la acusación era que se le suspendiese a Rivas la patria potestad de los niños, es decir, su derecho a decidir sobre ellos. Los cinco años de prisión se convertían en un tema "accesorio", por lo que "todo lo que fuera por encima de dos años de cárcel estábamos satisfechos", ya que, de esta forma, la condenada estaría obligada a recalar en un centro penitenciario.

Antecedentes del caso

En diciembre de 2016, una jueza española emite el primer auto, en el que obliga a la madre de Maracena (Granada) a devolver a los niños, que actualmente tienen 14 y 6 años, a su padre para que vuelvan "a su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, en este caso Italia". Rivas apela y la Audiencia de Granada ratifica en abril de 2017 el fallo anterior. Aunque ninguna de estas sentencias ponía fecha a la entrega de los menores, un auto judicial fija el reencuentro entre Arcuri y sus hijo en el 11 de julio de ese mismo año. Como la entrega de los niños no se produce, la cita se retrasa al 24 y, finalmente, al 26. Si este último día Juana Rivas no entregaba a los niños, el escrito autorizaba a la policía a actuar.

Antes de que eso suceda, en la noche del 25 de julio, la granadina y los dos menores desaparecen y el caso salta a la palestra mediática. El grito "¡Juana está en mi casa!" se extiende por las calles y por las redes sociales, en una total muestra de apoyo de la población española a Rivas. El 28 de agosto en torno a las 11, horas antes de que cumpla el plazo interpuesto por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada para adoptar medidas cautelares, Juana Rivas entrega a sus hijos ante la Guardia Civil para que se reúnan con su padre.