Unidas Podemos no se mueve de sus posiciones. Aducen que lo pactado en materia de control del precio del alquiler es inequívoco y no bastan vías paralelas para intentar evitar subidas abusivas a los inquilinos. Los socialistas argumentan, por su parte, que el resultado será el mismo, pero por el camino de los incentivos, evitando que el mercado entre en retracción por el temor de los propietarios a arrendar sus viviendas y asegurando las garantías jurídicas y constitucionales de la nueva ley, entre ellas, el derecho a la propiedad privada.
El acuerdo parece estar a años luz, pero aún así Fomento y vicepresidencia segunda siguen intentándolo. Los negociadores de uno y otro lado, esto es, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, se reunieron ayer y lo volverán a hacer hoy, según fuentes de ambos departamentos, para intentar acercar posturas.
El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha marcado la senda que pretende Unidas Podemos. Los morados se miran en el modelo de regulación de los alquileres introducida por el gobierno federal de Alemania. "Ha tenido un impacto claro: frenó la subida de los precios en ciudades como Berlín, sin reducir con ello la oferta de alquileres. Es una vía para cumplir al Acuerdo de Coalición", escribió en Twitter.
La ley corre el riesgo de encallar
La ley corre el riesgo de encallar. Los morados lo consideran una parte irrenunciable del pacto de coalición "y no va a ir de cualquier manera". Por su lado, la ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguraba que no habría texto que no fuera consensuado con los socios de Gobierno. Ya en la declaración sobre la regulación de los precios del alquiler, del pasado mes de octubre, se especificaba que Transportes y vicepresidencia segunda serán coproponentes. Pero también que la ley pasaría por el Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y por el Congreso en cuatro. La primera condición ya no se ha cumplido y todo apunta a que tampoco se llegará a tiempo a la segunda.
Podemos entiende que en un tema tan sensible para ellos no pueden ceder. La política de vivienda fue, de hecho, uno de los estandartes sobre los que se aupó esta formación para entrar en política. No es esta su primera pelea con Transportes. Ya guerraron Iglesias y Ábalos por patrimonializar las ayudas a los impagos de alquiler. Entonces ganó el ministro socialista, que impuso la vía de los microcréditos avalados por el Estado para que las familias afectadas por las consecuencias económicas del Covid pudieran seguir pagando su arrendamiento.
Con estos antecedentes, no parece que los morados estén dispuestos a ceder, o no al menos a cambio de otras cuestiones que puedan exponer como producto de su plante. Pablo Iglesias lo dejaba claro este martes por la mañana antes de acudir, silente y sin aplaudir, a los actos con motivo del fracaso del golpe de Estado del 23-F. «El Gobierno se tensiona cuando no se cumplen los acuerdos y se traiciona la palabra dada», dijo.
Moncloa y Unidas Podemos rebajan las expectativas en torno a la reunión Sánchez-Iglesias
Parece que, como en otras ocasiones, la situación sólo se solventará en un encuentro cara a cara entre Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún sin fecha. Moncloa cree que "no hay prisa" y hasta Unidas Podemos quiere rebajar la expectación en torno a esta cita. La última vez que ambos pudieron hablar largo y tendido fue en un almuerzo mano a mano a principios de febrero, con la campaña catalana ya en marcha.
Los maitines de los lunes, que reunían a primera hora a representantes del sector socialista y morado del Gobierno al objeto de coordinar estrategias, han quedado, en cambio, en el limbo. Ahí se sentaban, por el PSOE, Sánchez, Carmen Calvo, Iván Redondo, José Luis Ábalos, María Jesús Montero, Adriana Lastra y Miguel Ángel Oliver. También estaba incluido Salvador Illa, en calidad del ministro que luchaba contra la pandemia. Por parte de Unidas Podemos acudían Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique y Chema del Olmo.
Además hay una comisión de seguimiento del pacto que acabó francamente mal una vez se filtró su contenido. Reunida por última vez el pasado 27 de enero, en Podemos creen que su único objetivo fue reventar la comprometida confidencialidad. Entonces los socialistas les reprocharon, según publicó El País, que pretendieran ser gobierno y oposición a la vez.
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